Vigo pagó a particulares por terrenos de la depuradora que eran públicos

Los vecinos de Vigo aún están pagando en los recibos del agua los 772 millones de pesetas que costaron al Ayuntamiento los terrenos en que se asienta la depuradora del Lagares, que eran públicos. "Nunca un expediente expropiatorio fue tratado con la irregularidad, arbitrariedad y falta de rigor como el que nos ocupa", señala un informe del momento.

El expediente promete no perder ese tono. En los mismos terrenos se proyecta construir ahora una depuradora de última generación, no necesariamente dentro del perímetro que ocupa la actual, y esto podría reabrir el melón de las expropiaciones, sin que el ayuntamiento haya agrupado aún en una sola parcela sus anteriores compras. Tampoco Aqualia (a la sazón Seragua FCC) ha escriturado la transmisión al Ayuntamiento del suelo que compró para él.

La chapuza expropiatoria puede atribuirse a la urgencia de ocupar los terrenos para construir la planta. En Vigo ya era un clamor en los años 80 la reclamación de un saneamiento que evitara, por ejemplo, la oprobiosa cloaca en que había devenido su río urbano, el Lagares. Se decidió emplazar la depuradora en la xunqueira de la desembocadura del río, en el extremo sur de la playa de Samil.

Una comisión formada por representantes municipales y de los afectados aprobó en 1991 la relación de titulares de los terrenos y su precio, 3.000 pesetas el metro cuadrado por un total de unos 90.000 metros.

Las escrituras que avalaron la titularidad del suelo no eran públicas, sino documentos privados que se remontaban, algunos de ellos, al cruce de los siglos XIX y XX, como recibos de arrendamiento que los vecinos pagaban al marqués de Valladares por cosechar los juncos para hacer abono. Cuando, no obstante, el pleno municipal había aprobado pagarlos en los términos del convenio, la Comisión de Gobierno municipal suspendió cautelarmente los pagos por tener indicios de que los terrenos eran de dominio público..., y ahí empieza a tejerse un ovillo de pagos, titularidades y urgencias de ocupación que llega hasta hoy.

El deslinde había sido realizado en 1975 por la Dirección General de Costas, que informó en 1992 que el mismo se había notificado a los interesados sin que interpusieran recurso alguno. Otro informe de Costas ratificó en el año 2000 que la totalidad de los terrenos expropiados para construir la planta se encontraba dentro del dominio público marítimo-terrestre.

Pero a esas alturas el Tribunal Supremo ya había escuchado la reclamación de los vecinos por la suspensión de los pagos. Su sentencia, en 1999, hacía prevalecer el convenio ratificado por el pleno municipal, aunque ya habían pasado siete años durante los que, para que el proyecto de construcción no quedara empantanado por el litigio, el Ayuntamiento había facultado a Seragua para comprar en su nombre parte de los terrenos necesarios y había comprado directamente otros, todos ellos a 6.000 pesetas/metro cuadrado. Seragua compró 28.288 metros por los que facturó 181.755.101 pesetas (incluidos 29 millones de tramitación) y el Ayuntamiento empleó en esta fase otros 271 millones de pesetas.

La asesoría jurídica municipal informó en febrero de 2001 que "procede el pago del justo precio fijado en el convenio [de 1991], sin mayores dilaciones y sin atender al deslinde del dominio público marítimo-terrestre existente", que Costas había confirmado un año antes. Seragua también financió el coste del convenio, transfiriendo al Ayuntamiento algo más de 188 millones de pesetas para pagar 61.440 metros a 3.000 pesetas/metro (más cuatro millones de notario).

A esas alturas, por tanto, el Ayuntamiento había pagado por el solar 369 millones de pesetas a través de Seragua, más 271 millones directamente. A esos 640 millones se sumaron otros 132 millones por los intereses de demora del convenio, lo que da el total de 772 millones de pesetas. La aportación de Seragua a esta operación la estará pagando el vecindario vigués en los recibos del agua hasta 2015.