El Tribunal Superior anula la urbanización de la zona de expansión de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza ha declarado nula la urbanización de 75.000 metros cuadrados de una importante área de expansión de Ourense en el barrio de A Ponte, incluida en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El complejo alberga un centenar de viviendas, zonas verdes, la nueva sede de la Policía Local y el vial que va a la estación del tren. El fallo se produce a instancias de los afectados por la recalificación, que el Ayuntamiento realizó con "una argucia legal para juntar varios solares en uno solo y modificar la edificabilidad, que concedió a un promotor".

La sentencia del alto tribunal indica que si los demandantes hubieran pedido la nulidad del plan general en su conjunto, la habría concedido. El plan urbanístico de Ourense, aprobado en 2003 por el grupo de gobierno del Ayuntamiento (PP), "favoreció en el barrio de A Ponte los intereses de un particular por encima de los públicos", señala el portavoz del BNG y candidato a la alcaldía, Alexandre Sánchez Vidal.

Sánchez Vidal asegura que el Ayuntamiento "amañó un acuerdo con un promotor de forma que aprobó la segregación del polígono urbano en varias parcelas y concedió a un promotor la destinada a la edificación mientras que a los particulares les concedió la otra en la que no sólo no les otorga edificabilidad, sino que les impone la cesión de los viales, el pago de la construcción de una carretera de 20 metros de ancho y el acondicionamiento de la zona verde".

El portavoz nacionalista asegura que como miembro de la comisión de Urbanismo alertó en reiteradas ocasiones al grupo de gobierno de esta irregularidad "pero al actual alcalde y candidato del PP, Enrique Nóvoa, le da por decir que no es político, sino electricista, y resulta que no es más que un incompetente". Sánchez Vidal destaca que con su actuación, Nóvoa ha provocado la "inseguridad e incertidumbre de promotores ajenos a esto y de cientos de familias orensanas que han comprando pisos en esa zona y que tienen ahora un futuro incierto".

El BNG señala que el actual regidor dejó sin contestar, en su etapa de concejal de Urbanismo, los recursos de reposición que durante cuatro años le plantearon los vecinos afectados de esta zona "generando con su silencio un problema de gran magnitud". "El candidato del PP no puede ampararse en que fue abducido durante todo este tiempo", protesta.

En el caso de que se apruebe el derribo de los cientos de edificaciones construidas, "el Ayuntamiento tendría que indemnizar con cantidades millonarias, de las arcas municipales, a los afectados", destaca el edil, "como consecuencia de una actuación de connivencia y trato de favor del grupo de gobierno hacia el promotor".

Además de a las viviendas, la sentencia afecta a importantes dotaciones públicas de la ciudad ejecutadas en esta zona próxima al centro: el edificio de la Policía Local, una parte del área del planeamiento de la zona del Puente del Milenio y el nuevo vial que comunica con la estación del ferrocarril, que en el futuro será la del AVE.

El PSdeG sostiene que sentencias como ésta ratifican su decisión de denunciar el plal general "porque es especulativo y sólo favorece intereses particulares". El portavoz y candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, advierte que éste "sólo es un capítulo más y no sabemos lo que nos depara el futuro". Explica que la "operación especulativa" que el PP llevó a cabo en A Ponte consistió "en modificar en el plan el área de reparto a suelo urbano consolidado para no pagar la cesión a la que obliga la ley no hacer vivienda protegida ni pagar la urbanización".