El termómetro es el empleo

Desde el 4 de septiembre del año pasado, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, no visitaba Valencia. Harto de los escándalos del caso Gürtel que han salpicado a los populares valencianos, Rajoy ha preferido transitar por otros territorios donde las aguas bajaban más plácidas para sus aspiraciones políticas, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia.

Hoy Rajoy tiene previsto clausurar la convención sobre empleo organizada por los populares valencianos en Feria Valencia y zambullirse en las Fallas. Sin embargo, la que durante años ha sido la región modélica de Rajoy, ahora dista mucho de serlo. Tanto, que el discurso del PP nacional colisiona con la gestión del gobierno que preside Francisco Camps en la Comunidad Valenciana. Si "el termómetro es el empleo" -como afirmó el propio Rajoy ante la Junta Directiva Nacional del PP el pasado mes enero para referirse a la situación económica de España- la Comunidad Valenciana tiene algo más que unas décimas de fiebre.

A continuación se detallan algunas de las claves para entender el problema del paro en la Comunidad Valenciana.

- El objetivo se aleja. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, prometió en 2007, en su último programa electoral, que alcanzaría el "pleno empleo en 2010" y asumió el compromiso de alcanzar una tasa global de ocupación del 70%. Camps entonces se creía capacitado para alcanzar al final de la legislatura 2,5 millones de ocupados y crear 300.000 nuevos puestos de trabajo. La realidad es que la situación de la Comunidad Valenciana es peor que la del conjunto de España. Con 576.000 valencianos desocupados, la tasa de paro es casi cuatro puntos superior a la española; 2009 se cerró con 1,98 millones de ocupados y la tasa global de empleo está en el 61%.

- Amplias competencias. El Gobierno valenciano asumió hace 10 años la práctica totalidad de las competencias en políticas activas de empleo. A través del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), que sustituyó al Inem en la Comunidad Valenciana, el Consell desarrolla las políticas de intermediación en el mercado de trabajo, de orientación laboral, formación profesional ocupacional y continua y fomento del empleo. El vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, asegura que las políticas de la Generalitat funcionan correctamente y sólo se trata de intensificarlas. Cuando se le interpela por la gravedad de la situación, Camps se queja de que el Gobierno central no impulsa la reforma legislativa necesaria para abaratar y fomentar la contratación. El consejero ha prometido que a finales de año la tasa de paro de la Comunidad Valenciana será inferior a la española.

- El paro iguala géneros. La magnitud de la crisis, que se ha ha cebado especialmente con la industria y la construcción, ha hecho que en la Comunidad Valenciana la tasa de paro afecte casi por igual a hombres y mujeres. En el primer trimestre de 2008, cuando se empezaron a notar los efectos de la crisis económica, la tasa de paro masculino era del 8,1% y la femenina era de 11,7%. La situación se invirtió en el tercer trimestre del año pasado. El ejercicio de 2009 acabó en la Comunidad Valenciana con una tasa de paro masculina del 23,2% y una femenina del 21,7%. En España las tasas son del 18,6 en los hombres y del 19% en las mujeres. Tras el desplome de los sectores industriales valencianos, la destrucción de ocupación en el sector servicios amenaza con volver a situar a las mujeres por delante.

- Pinchazo juvenil. Entre 2004 y 2009 el 60,8% de los jóvenes de 16 a 30 años que llegó al mercado laboral había abandonado los estudios en Primaria, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En las últimas elecciones autonómicas el PP prometió destinar esta legislatura más de 50 millones de euros para apoyar la primera contratación de 10.000 jóvenes sin experiencia laboral y puso en marcha el programa beca salario para jóvenes de 16 a 20 años que tenía que beneficiar a otros 10.000 jóvenes y estar dotado con 12 millones de euros. Las medidas han dado un magro resultado. El año pasado terminó con una tasa de paro de casi el 60% entre los menores de 20 años. El porcentaje era casi la mitad en los menores de 25 años (34%) y del 20% en los adultos que superaban el cuarto de siglo.

- Desplome industrial. Aunque la economía valenciana ha ralentizado su caída, los indicadores muestran que sectores industriales como azulejo, cuero y calzado, madera, textil y confección, así como la construcción residencial y el comercio, todavía no remontan. Lo constata el último informe de coyuntura de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de este mes de marzo. Esta patronal se remite a otros informes económicos en los que se indica que no se prevé que la economía valenciana "salga de la recesión durante el 2010". "La falta de impulso en la actividad económica impedirá la creación neta de empleo durante este año", sentencia este informe de la patronal. El año pasado, el sector industrial llegó a perder un 20,7 de los empleos que había en 2008. En la construcción la pérdida de empleos fue del 17,6%. Esta situación explica también por qué la provincia de Castellón (muy dependiente del sector azulejero) sufrió incrementos de paro mayores que los de Valencia y Alicante.

- Baja calidad de empleo. Si la crisis se ha cebado con el número de empleos, no es menos cierto que también lo ha hecho con su calidad. Según los datos de UGT del País Valenciano, la tasa de temporalidad disminuyó del 32,1% de 2008 al 28,4% del año pasado. La razón, sin embargo, no hay que buscarla en una mejora de los contratos, sino en la destrucción de empleo temporal. Pese a ello, la temporalidad de los empleos en la Comunidad Valenciana está tres puntos por encima de la media española y, como esta, a gran distancia de la media de la Unión Europea. Según la secretaria de Empleo de UGT del País Valenciano, Elvira Ródenas, más del 81% de los contratos eventuales por circunstancias de producción -la modalidad más utilizada en la Comunidad Valenciana- tuvieron el año pasado una duración igual o inferior a los tres meses.

- Prestaciones mejorables. Los sindicatos también cuestionan la cobertura que se concede a las personas desempleadas y la concepción que se tiene de la inmigración. Durante el año pasado tres de cada 10 personas registradas en el Servef no tenían ningún tipo de prestación, ni de cobertura social. UGT y CC OO cuestionan que el Consell no haga un esfuerzo suplementario como sí hacen otros gobiernos autonómicos. Para el consejero Gerardo Camps, la solución no está en aumentar las prestaciones al desempleo sino en incentivar las contrataciones a través de las empresas. Pese al alud de inmigrantes que se integraron en la construcción y en los servicios, menos del 17% de los parados que reciben prestaciones son inmigrantes. Un 35% de los cuales proceden de la Unión Eurpea y el resto de países extracomunitarios.

- Colectivos específicos. La destrucción de empleo ha cobrado tintes especiales en colectivos que ya tienen dificultades especiales de partida, como el colectivo de discapacitados, que vio caer en un 8% las contrataciones durante el año pasado respecto a 2008. Señala Josep Tomás, secretario de Empleo de CC OO del País Valenciano, que el Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace II) incluye medidas para "atender a colectivos específicos y a personas con riesgo de exclusión social, pero no acaban de llevarse a efecto por falta de financiación". La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, esgrimió ayer los esfuerzos hechos en formación y reserva de plazas en la Administración, aunque ello implique, hoy por hoy, poco consuelo para estos colectivos.

- El plan de choque del PP. El presidente popular, Mariano Rajoy, formuló hace unas pocas semanas sus "alternativas frente a la crisis". El problema es que algunas de las principales propuestas del PP nacional chocan con la gestión de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana. Rajoy exige al Gobierno central una austeridad que el Consell tan sólo ha abordado forzado por un elevadísimo endeudamiento (14,1% del PIB) y una ley que evite la morosidad de las Administraciones y las obligue a pagar en un plazo de 60 días. La Generalitat llega a pagar a sus proveedores hasta con 380 días de retraso. El Gobierno central lo hace con 139 días.

- Menos impuestos. Los populares argumentan que la reducción de la presión fiscal -una de las más bajas de la Unión Europea- contribuiría a dinamizar la economía y crear empleo. El Gobierno valenciano ha hecho de la política de bajar los impuestos una seña de identidad. Ayer, el vicepresidente y consejero de Industria, Vicente Rambla, argumentó que con 14 deducciones la Generalitat ha dejado de ingresar 1.600 millones de euros. Dinero que, señaló, ha quedado en las familias para su consumo. La contradicción está en que, mientras ha reducido la presión fiscal en los impuestos propios y en los impuestos cedidos, solicita cada vez mayor financiación para atender su necesidad de gasto. Todo ello en un contexto de nuevo sistema de financiación autonómico, que ha dejado a la Comunidad Valenciana entre las regiones que tienen peor financiación per cápita. Ello explica que el consejero de Economía, Gerardo Camps, se muestre prudente a la hora de oponoerse a la decisión del Gobierno de aumentar el IVA en dos puntos a partir de julio. Si hay dinero extra para la Comunidad Valenciana no lo rechazará.

- Sin consenso político. El PP nacional ha rechazado la posibilidad de alcanzar un pacto global con el Gobierno para afrontar la crisis económica, aunque ha aceptado sentarse a negociar con la delegación designada por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. En la Comunidad Valenciana esta posibilidad ni siquiera se ha llegado a plantear. El presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, ha rechazado las reiteradas ofertas de la oposición, fundamentalmente de los socialistas valencianos, para realizar un pleno monográfico en las Cortes Valencianas en el que discutir medidas contra la crisis económica en la Comunidad Valenciana. Los populares, que no quieren ni oir hablar de la cuestión, se niegan también a realizar una ronda de contactos previos con los grupos de la oposición y se escudan en dos argumentos: la falta de legitimidad que tiene el PSPV por querellarse contra Camps a raíz de los escándalos del caso Gürtel y la pretensión de la oposición de utilizar un pleno de estas características para atacar al jefe del Consell.

- Alternativa y gobierno. La convención sobre empleo, organizada por el PP durante todo el fin de semana en Feria Valencia, ha aportado pocas novedades programáticas. Francisco Camps reconoció ayer ante su auditorio que las recetas económicas y las decisiones "son importantes, pero lo es más la convicción para liderar un proyecto" y abogó por "un cambio de atmósfera para que cualquier propuesta sea creíble". Propuestas que debe liderar Rajoy como alternativa al presidente del Gobierno, pero que contrastan con la gestión hecha en la Comunidad Valenciana.