Un tango sobre el 'caso Gürtel'

"El juez deriva el supuesto encubrimiento de mi intervención procesal", explica Ángel Luna, con gesto de perplejidad, ante la perspectiva de sentarse en el baquillo por encubrir a quien le hizo llegar un informe del caso Gürtel que esgrimió durante un debate parlamentario, alguien cuya identidad ha declarado ignorar porque el documento le fue entregado de forma anónima. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas contempla con una relativa sorpresa la rocambolesca instrucción de una querella del PP por revelación de secreto -el documento estaba bajo secreto de sumario cuando lo exhibió en el hemiciclo, aunque había sido publicado, entre otros, por EL PAÍS- que le llevará a juicio ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a principios de abril. Lo hará con la acusación originaria sobreseída y sin más elemento probatorio que la convicción del juez de que no ha dicho la verdad.

Juan Montero, nacido en Elche de la Sierra (Albacete), en 1942, es un juez de ideología muy conservadora y un reconocido especialista en Derecho Procesal, lo que le permite moverse por una instrucción tan retorcida con el paso atrevido de los bailarines de tango, género por el que profesa una gran devoción (autor del libro La Cumparsita. Vida y Derecho en el tango más universal, Montero será nombrado, el próximo 4 de abril en Buenos Aires, académico correspondiente de la Academia Nacional del Tango de Argentina).

Los cinco diputados populares que se querellaron contra Luna, encabezados por el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ya habían abierto la puerta, como si tuvieran una premonición, al baile que ha experimentado la instrucción. Así, en su querella, denunciaban a su adversario socialista por vulnerar el artículo 466 del Código Penal, relativo a la revelación de secretos, "y por cualquier delito conexo o consecuente". Después precisaron más e introdujeron en el caso el posible delito de encubrimiento del artículo 451 del Código Penal. Un delito que, como apuntó el fiscal, "no constaba entre los que en su día dieron lugar a que el TSJCV se declarara competente" para instruir la causa.

Ni en lo que se refiere a la revelación de secreto, ni en el supuesto encubrimiento, ha visto la fiscalía razón alguna para procesar al diputado socialista, que alegó al principio la inviolabilidad de su condición pero no consiguió frenar la posibilidad de ser juzgado por hechos relativos a su actividad parlamentaria. Para el teniente fiscal del Tribunal Superior, Gonzalo López Ebri, a quien el PP intentó recusar por haber coincidido en un restaurante con unos policías que habían testificado, "hasta este momento, no existe juzgado o tribunal alguno que esté tramitando cualquier procedimiento relativo al delito encubierto". También ha señalado que "en relación con el delito encubierto se ignora todo, desde su existencia hasta su autoría"; que "no ha quedado acreditada la forma" en que el diputado recibió el informe, "ni que conociera quién se lo remitió", y que tampoco ha quedado acreditado que la intención de Luna fuera otra que "la de utilizar el informe en el ámbito parlamentario".

El informe, en efecto, recogía la investigación de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre las millonarias comisiones ilegales conseguidas por la trama de corrupción del caso Gürtel con las retransmisiones de la visita del Papa a Valencia en 2006 efectuadas por Ràdio Televisió Valenciana. Es uno de los episodios más escandalosos de un caso de corrupción política a gran escala que afecta al PP, al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a unos cuantos cargos públicos. Una investigación judicial que, desde el principio, los populares trataron de contrarrestar. De hecho, su primera víctima fue el magistrado que la había abierto en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hoy suspendido de sus funciones y pendiente, entre otras, de una imputación en el Tribunal Supremo por las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la red Gürtel y algunos de sus abogados.

Desde que los socialistas valencianos decidieron querellarse, en noviembre de 2009, contra Camps, seis altos cargos y cinco empresarios, por la supuesta financiación ilegal del PP y las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama, el PP ha acentuado la presión sobre los líderes de la oposición. Luna -a quien Camps acusó en un pleno de querer verle muerto- ha sido la cabeza más visible en la denuncia de la corrupción. Eso le ha deparado represalias parlamentarias y judiciales. Fue expulsado de un pleno, en una sesión en la que el vicepresidente del Consell Juan Cotino puso en duda que la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, conociera a su padre y que acabó con el abandono del hemiciclo por los tres grupos de la oposición; ha sido reprobado dos veces, mediante una curiosa fórmula de castigo promovida por Rafael Blasco, en la que el grupo mayoritario hace de juez y parte utilizando la Cámara como caja de resonancia, y finalmente acabó denunciado.

Primero porque, supuestamente, uno de los constructores denunciados en el caso Gürtel, Enrique Ortiz, para el que trabajó de abogado cuando había abandonado la política, le habría pagado unas obras en su casa. Y después, porque habría cometido una revelación de secreto. La primera querella se saldó con un fuerte varapalo a la acusación del PP, y la segunda le llevará al banquillo de forma un tanto imprevisible. A finales del pasado mes de septiembre, cuando más acuciante era la presión del PP contra él y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, le retó a tirar la primera piedra si estaba libre de pecado. Luna le tomó literalmente la palabra, lanzó un guijarro al suelo del hemiciclo y proclamó: "No me van a callar".

Como la diputada socialista Clara Tirado y la de Compromís Mireia Mollà, Luna ve planear otra querella sobre su cabeza. Blasco les acusa de injurias y calumnias tras haber denunciado a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en las subvenciones de su consejería. Otras diputadas de la oposición, como Mònica Oltra, de Compromís, por los incidentes en una protesta en El Cabanyal, y Marina Albiol, de Esquerra Unida, por unas pegatinas que pedían prisión para Carlos Fabra, se han visto denunciadas ante el TSJCV a lo largo de una legislatura que concluye con el presidente de la Generalitat a punto de ser juzgado por cohecho, el portavoz de los socialistas enjuiciado por denunciarlo y la Mesa de las Cortes, que controla el PP, con cinco condenas del Tribunal Constitucional a las espaldas por vulnerar los derechos de los diputados al rechazar iniciativas en buena medida referidas al caso Gürtel.