Un municipio bajo la lupa de los jueces

Náquera, localidad de Camp de Túria de unos 4.000 habitantes, ha sido investigada varias veces por la justicia a raíz de denuncias sobre el urbanismo. En septiembre de 2006, la Fiscalía denunció por tráfico de influencias al arquitecto técnico de Náquera J. C. P. por un supuesto caso de información privilegiada, tráfico de influencias y violación de secretos. Según argumentó entonces la Fiscalía, el arquitecto técnico pudo favorecer la adjudicación de un gran número de obra pública dotacional, así como de varios PAI, a Gil Garrido Obras Públicas, SL, con la que tenía relación a través de una sociedad interpuesta de la que era socio.

Los juzgados de Llíria acabaron investigando las sospechosas relaciones entre el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Náquera y dos empresarios a los que les fueron adjudicados varios proyectos municipales. En junio de 2008, el juzgado edetano archivó por ausencia de delito la causa abierta dos años antes contra el ya ex arquitecto municipal. Investigado si favoreció a Gil Garrido aprovechando su puesto de funcionario en Náquera, la Fiscalía no pudo probar los hechos y, por tanto, resolvió que no había indicios suficientes. Eso sí, la Fiscalía a lo largo de estas dos investigaciones llegó a calificar la actividad urbanística de este consistorio, tanto por la corporación entonces gobernada por el PP como de la anterior, en manos del PSPV, de auténtica maraña. La sucesión de corporaciones en este municipio de Camp de Túria entre 2003 y 2004 a causa de sucesivas mociones de censura y alianzas que tenían el urbanismo como fondo no ha facilitado la investigación de la Fiscalía en este caso.

En el proceso se vio que en menos de año y medio (de marzo de 2001 a julio de 2002) la firma Gil Garrido y Prosunaq, una sociedad en la que figuraba el propio Gil Garrido y, a través de otra sociedad, el arquitecto técnico, vieron aprobados por el Ayuntamiento de Náquera proyectos por valor de 40 millones de euros. Gil Garrido abandonó en 2003 ambas empresas y creó otra diferente que no actuaba en Náquera e insistió en que todo lo que se hizo fue a través de concurso público y ninguna otra empresa presentó alegaciones.

La Fiscalía archivó en abril de 2007 la investigación en torno a otra trama en la que estaban supuestamente implicados varios alcaldes de Náquera en relación con la ejecución de tres PAI y el destino de un solar del Ayuntamiento. El fiscal cerró el caso al no disponer de pruebas.

En octubre de 2009, la Fiscalía volvió a hacerse eco de una denuncia presentada por vecinos de Camp de Túria contra el Ayuntamiento de Náquera por adjudicar sin concurso la construcción de un edificio sobre suelo municipal. La construcción del edificio, según explicó en su día el alcalde de Náquera, Ricardo Arnal, se pactó en un convenio con la promotora Aedifica y Residencial Náquera Golf, que impulsa un PAI en este término municipal.