El juez estrecha el cerco a Castedo y Alperi por el amaño del PGOU

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.