La investigación urbanística del 'caso Polop' se estanca en el juzgado

El caso Polop se ha convertido en un episodio único de la historia valenciana. Todos los detenidos bajo la acusación de urdir el crimen del exalcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, tiroteado en octubre de 2007, están en libertad y la investigación ha derivando hacia la vida privada del que fuera regidor. A ello se une que la investigación de la supuesta corrupción urbanística -que justificó siete detenciones y la presunta orden de matar a Ponsoda, según concluyó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- se ha estancado en el juzgado tras declarar los tres imputados y otros tantos testigos sin que pueda derivarse con claridad responsabilidad alguna.

"No hay otro caso igual en España, jamás un acusado de la autoría material de un asesinato había salido de la cárcel sin acabar de cumplir la prisión condicional y sin fianza", explica uno de los abogados del caso. De un asesinato justificado por la UCO en el interés de Juan Cano, sucesor de Ponsoda, por controlar el urbanismo de Polop, se ha pasado a una simple investigación por la compraventa de tres parcelas cuando Cano ni siquiera era concejal y al seguimiento del presunto enriquecimiento ilícito del ingeniero José Vicente Martí, cuyo supuesto delito podría haber prescrito, como alegó su abogado y sospechan fuentes del caso.

Sin embargo, cuando Ponsoda fue asesinado en el Ayuntamiento de Polop había anidado la corrupción a diferentes niveles, con actuaciones supuestamente delictivas que están por investigar en el juzgado. "No parece que la juez esté por archivar el caso, pero de momento no hay material probatorio suficiente para acusar a Cano, y lo que hasta ahora se ha visto difícilmente justificaría el asesinato de un alcalde", afirma tajante un abogado vinculado a la instrucción de la causa urbanística.En la causa por la corrupción urbanística de Polop que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Vila Joiosa siguen imputados tras prestar declaración Juan Cano y un ex concejal, Jaime Narbó, ambos por tráfico de influencias, además del ingeniero del consistorio entre 1999 y 2006, José Vicente Martí, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios. Del primer asunto solo existe la acusación verbal de Juan Andrés Llorens, edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, negada por otro testigo. Y el supuesto delito cometido por Martí podría incluso haber prescrito.

Circunstancias que poco tienen que ver con la contundente conclusión a la que había llegado la Guardia Civil en febrero de 2008: el móvil del crimen podía ser urbanístico por el interés de Cano en controlar el desarrollo del plan general urbano. La policía descubrió otros tentáculos de supuesta corrupción que desde entonces están por investigar, como es el caso del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda.

En casa de Ponsoda se encontró abundante documentación de este sector de suelo, "cuando se tiene conocimiento de que el alcalde no se implicaba directamente" en estos asuntos, concluyó la Guardia Civil. En este plan se produjeron operaciones sospechosas, como que se multiplicara por cuatro el precio de una parcela en ventas sucesivas un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto de urbanización. Gisela de Mingo, la representante legal del urbanizador Brick and Tile, declaró a la Guardia Civil que recibió llamadas anónimas advirtiendo de que "pegarían un tiro al concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens" si se aprobaba el proyecto de reparcelación. Unas amenazas que no denunció.

Otro caso a investigar es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) Matet. La empresa Bahía Activos presentó en julio de 2005 el plan parcial de mejora y anexo de homologación de un suelo rústico que había comprado entre 2003 y 2004 por 3,35 millones de euros. Llegó al pleno para su aprobación, pero quedó finalmente sobre la mesa ante las dudas legales que generaba. Román Zurutuza, otro propietario de suelo rústico en la misma partida, presentó un convenio para urbanizar 700.000 metros más antes de que Cano dejara de ser concejal en 2003. De las conversaciones grabadas a Cano, la Guardia Civil descubrió citas, comidas y hasta una reunión en el Ayuntamiento con estos empresarios.

Otro tentáculo se refiere a las mercantiles de varios concejales. Tres ediles y hasta el secretario del Ayuntamiento tenían cargos en mercantiles relacionadas con el urbanismo. Los resultados de la solicitud de información tributaria de 35 personas físicas y jurídicas están incorporados a la causa urbanística, pero la investigación de los ingresos en las cuentas de las sociedades de Cano (Inversiones Puig Campana, SL y Cano Berenguer, SL) finaliza con una lacónica frase: "No se ha podido concluir la procedencia del dinero".

También hay en la investigación un apartado de infracciones urbanísticas. El concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 aportó a la Policía la lista de las sanciones propuestas por infracciones urbanísticas, entre las que había una de 175.000 euros, otras de 71.600 euros con una orden de demolición y siete más por encima de 30.000 euros. Pero cuando se cometió el asesinato de Ponsoda en octubre de 2007, ninguna había sido comunicada a los infractores.

Además, en junio de 2006 desapareció el Libro de Resoluciones de la Concejalía de Urbanismo con los datos desde 1996 hasta enero de 2003. Justo las que corresponden al periodo de Cano al frente del urbanismo local.

También hay grabaciones. Antes de la confección de la lista electoral del PP de Polop en 2003, el entonces presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, convocó al alcalde Ponsoda y sus concejales a una reunión para decirles que debían excluir a Cano y Joaquín Montiel porque había tenido conocimiento de unas grabaciones en las que ambos aparecían pidiendo dinero a un empresario a cambio de una licencia. Sin embargo, ni el empresario, ni la dirección provincial del PP ni los regidores populares presentaron denuncia alguna.

Por otro lado, Llorens contrató varias veces con el Ayuntamiento siendo regidor. La empresa Expertia Asesores, SL, de la que Llorens era administrador solidario, recibió un contrato menor de 11.878 euros. Fue descubierto, pero devolvió el dinero cobrado y continuó de edil. También aseguró a través de su correduría varios coches municipales, a los niños de un colegio y hasta un grupo electrógeno del Ayuntamiento.

Siendo edil de Hacienda modificó el contrato de la basura con FCC, que pasó de cobrar 4.000 a 30.000 euros mensuales "por hacer exactamente lo mismo". Luego la empresa estuvo un año sin cobrar. Cuando Ponsoda fue asesinado, Polop debía a FCC 420.733,53 euros.

Otro punto del caso se refiere a una permuta. En 2004 Llorens quiso permutar un terreno contiguo al Ayuntamiento para un aparcamiento, que finalmente compró la mercantil de Benidorm TZ Promoin Levantinas, SL. En 2006 lo ofreció en permuta al consistorio a cambio de cuatro parcelas municipales que los técnicos tasaron en un millón, muy por encima de su valor. "El principal interesado y promotor de la permuta de terrenos resultó ser Juan Andrés Llorens", según la Guardia Civil.