Los 'héroes' se van al paro

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no dudó en calificarles de "héroes" porque fueron de los escasos profesores que se presentaron voluntarios para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, en plena batalla del Consell contra todo el sistema educativo. Pero el heroísmo ya no se cotiza como antes y ahora se encuentran en la calle.

"Estamos en un limbo legislativo y docente", denuncia Teresa Bardisa, profesora licenciada en Geografía e Historia de 40 años que en 2008, tras acreditar su competencia para dar las clases de Educación para la Ciudadanía en inglés y haber sido funcionaria interina desde entonces, se ha visto de golpe y porrazo en el paro desde el 1 de septiembre. Como ella, Ramón Casal y treinta funcionarios interinos más de la Generalitat que aprobaron sus oposiciones en 2008 han sido "excluidos" de sus respectivas bolsas de trabajo -adscritas a Geografía e Historia y a Filosofía-, y despedidos con fecha de 31 de agosto.

Enviados a las filas del paro, "sin posibilidad de reincorporarse" a sus bolsas y "sin que se reconozcan los servicios prestados", cuentan su situación a EL PAÍS. Ninguno ha obtenido respuesta oficial a sus escritos, recursos y demandas presentadas en todas las instancias administrativas.

Simplemente, se han convertido en los "efectos colaterales" de la aplicación de la sentencia de julio del Tribunal Superior de Justicia, que enterró la "obstinación" del presidente Francisco Camps de obligar a los centros a traducir al inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, como una forma singular del PP de sabotear en toda España su implantación.

Se consideran "usados y tirados como un kleenex" por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, quien los calificó de "héroes" cuando soportaban "presiones diarias" porque padres, alumnos, profesores, directores a inspectores se alzaron en pie de guerra contra esta "ocurrencia". El mundo educativo consideraba que esta singular fórmula tendría repercusiones negativas sobre el expediente de los alumnos, ya que no tienen el nivel para comprender una materia tan abstracta como ésta íntegramente en inglés.

"No hay otro precedente de otro caso como éste desde que se creó la Consejería de Educación. A todos los docentes interinos que han trabajado se les ha reconocido siempre", remata Teresa. "Lo único que sentenció el TSJ es que no se puede obligar a dar las clases en inglés. No que los que hemos aprobado oposiciones -en mi caso, las de 2007 y 2008- no podamos volver a dar clases de Geografía e Historia o de Filosofía".

Lo más grave, en opinión de los afectados -que ayer presentaron múltiples escritos en todas las lenguas oficiales, además del inglés y el francés, pidiendo una reunión con Font de Mora- es que la Administración se comprometió a que tendrían la condición de "interinos de pleno derecho". "De no haber sido así", añade Ramón, "muchos compañeros de oposiciones anteriores no hubieran dejado nunca las bolsas de Geografía e Historia o de Filosofía. Hubieran esperado a cubrir una plaza vacante o una sustitución para seguir trabajando y acumulando puntos. Es irracional".

Entre las múltiples contradicciones que arrastra el sistema educativo a raíz del invento de la Ciudadanía en inglés, está el hecho de que la Dirección General de Personal se había comprometido en la resolución del 16 de abril de 2008 a que estos docentes ocuparan las vacantes y sustituciones que se generaran. O el que se haya desplazado a profesores con destino definitivo que no estaban en posesión de acreditar conocimientos de inglés o se negaron a hacerlo, contraveniendo el real decreto de especialidades vigente en todo el Estado.

Se consideran hoy los ángeles caídos de una batalla ideológica y política contra el Gobierno central socialista. Razón por la que se han dirigido en sendos escritos tanto al líder del PP nacional, Mariano Rajoy, como al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sólo la federación de enseñanza de UGT, según confirman Guillermo Martí, su secretario general, y su jefe de Relaciones Institucionales, Javier González Zurita, han tomado cartas en el asunto.