La gestión de 23 Ayuntamientos de Alicante, bajo la lupa de los jueces

La corrupción acosa a los Gobiernos locales de Alicante. Un total de 23 de los 141 municipios de la provincia están inmersos en investigaciones judiciales penales por actividades ilícitas de sus responsables políticos, vinculadas básicamente al negocio de la basura y el urbanismo. El grueso de los delitos lo integran supuestos cohechos de empresarios a cargos públicos a cambio de contratas, y contra la ordenación del territorio (en su mayoría por construcciones ilegales en suelo rústico y sin licencia) y prevaricaciones. De los 23 municipios, 18 están en manos del PP. Los demás están gobernados por el PSPV.

Este sistemático tropiezo del municipalismo alicantino con la Justicia lo corona el Ayuntamiento de Ayuntamientos, a saber, la Diputación de Alicante, que preside el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. La Corporación provincial, y en concreto la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja, constituye una de las piezas centrales del denominado caso Brugal, la mayor trama de corrupción político-empresarial tejida en torno al negocio de la basura y el urbanismo destapada en la provincia de Alicante.

Alicante tiene abiertas tres causas, la de mayor calado por el 'caso Brugal'

En Elche, el alcalde está implicado en un supuesto delito de malversación

La alcaldesa y tres ediles de Orihuela están imputados por cohecho

Catral está en los juzgados por la masiva construcción de chalés ilegales

El alcalde popular de Torrevieja es investigado por una millonaria plusvalía

Xàbia está pendiente de un juicio por autorizar un hotel en primera línea

El sumario del caso Brugal acapara el grueso de los municipios investigados por supuesta corrupción (11 de los 23). La lista de imputados, acusados (por la policía y el fiscal anticorrupción) o implicados por estas causas ronda las 200 personas (solo el sumario Brugal afecta a un centenar, y entre los casos de Llíber y Catral suman otros 40).

Una buena parte de los investigados son políticos, la mayoría del PP (un total de 38), mientras que el PSPV cuenta con nueve implicados, dos de los cuales han renunciado a sus cargos públicos, los ex portavoces en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente. En las filas populares, donde, además de Ripoll, figuran la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, el casillero de las dimisiones está aún por estrenar. Junto a los políticos, la nómina de imputados o implicados la completan empresarios y promotores (con Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, como máximos exponentes), funcionarios municipales y profesionales como abogados, notarios, arquitectos o ingenieros.La Diputación de Alicante, como Ayuntamiento de Ayuntamientos, no es ajena a lo que sucede en los municipios de la provincia y también está bajo la lupa de los jueces. El presidente y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es el imputado de mayor calado del caso Brugal, relativo a la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja a cambio de un supuesto cohecho. La investigación sostiene que Ripoll adjudicó el contrato a cambio de un soborno (dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros) de los empresarios Ortiz y Fenoll. Esta es la relación de los casos de presunta corrupción que afectan a los Ayuntamientos de la provincia.

- Alicante. La capital, en manos del PP desde 1995, tiene abiertas tres causas. La de mayor calado es la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor de altos cargos del Consistorio al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta causa está abierta por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Los acusados más destacados son la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, junto con el promotor Enrique Ortiz. Las otras dos causas investigan la adjudicación de un contrato cuando la obra ya estaba ejecutada y una adjudicación de servicios municipales a una firma participada por un edil. La primera fue abierta por prevaricación y está imputado el edil del PP Andrés Llorens, y la segunda por cohecho, y el primer imputado es el también concejal del PP Francisco Sánchez Luna.

- Elche. La tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSPV, cuenta con dos causas en los juzgados. La primera por los supuestos delitos de malversación y prevaricación (pagos de propaganda electoral del PSPV con fondos municipales). Por estos hechos fue imputado el alcalde, Alejandro Soler. La Audiencia archivó la causa, pero el Tribunal Supremo ha ordenado que se reabra. La segunda es una reciente denuncia de una asociación de discapacitados contra la edil del PP Margarita Macià por los supuestos delitos de apropiación indebida y estafa. El juzgado aún no ha decidido si abre diligencias.

- Orihuela. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, acumula dos grandes causas en los juzgados. La primera, punta de lanza de la galopante corrupción municipal en los municipios alicantinos, data de 2006 con el inicio del denominado caso Orihuela (varias causas por supuestos delitos relacionados con adjudicaciones urbanísticas e ilegalidades contables). La segunda está en el epicentro del caso Brugal: la adjudicación de la contrata de basura del municipio, que incluye los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. Los principales imputados son la alcaldesa, Mónica Lorente, del PP, y tres de sus ediles.

- Calp. El Consistorio calpino tiene abiertas dos causas por supuesta corrupción. La primera indaga el sobrecoste de las obras de la red municipal del agua. El primer imputado es el edil del PP Juan Roselló y los delitos del sumario, prevariación, falsedad, malversación de caudales y maquinación para alterar el precio de las cosas. La segunda es una pieza separada del caso Brugal e investiga la adjudicación de la contrata del municipio al empresario Ángel Fenoll. El principal acusado en este sumario es el ex alcalde del PP Javier Morató. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias y fraude.

- Torrevieja. El Consistorio torrevejense, gobernado por el PP, también tiene otras dos causas en los juzgados. La primera, por tráfico de influencias, indaga la millonaria plusvalía que ganó el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, con la compraventa de una finca. Y la segunda investiga una supuesta prevaricación en la adjudicación de la planta de transferencia de basura del municipio con los informes en contra de los técnicos municipales.

- Ibi. Este municipio, en manos del PP, tiene dos asuntos en el juzgado. El primero, por malversación de caudales del polideportivo y el segundo por supuesto cohecho. Los principales acusados son dos ediles del PP, Ana Sarabia y José Antonio Onsurbe.

- Bigastro. Este Ayuntamiento, en manos de los socialistas, está inmerso en dos procesos. El primero, que acarreó el encarcelamiento del ex alcalde Joaquín Moya, del PSPV, investiga diversos delitos por cohecho, malversación, contra la ordenación del territorio y prevaricación. El segundo indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll al PP local. Es una pieza del caso Brugal que investiga un posible delito electoral. Está imputado el portavoz del PP, Aurelio Murcia.

- San Fulgencio. Este municipio gobernado por el PSPV está implicado en un falso soborno a un edil independiente, vinculado a un PAI. Entre los imputados está la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez.

- Catral. Este pequeño municipio de La Vega Baja está en los juzgados por la masiva construcción de casas (1.200 viviendas) en suelo rústico y sin licencia. El primer imputado es el ex alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal. Los delitos que incluye la causa son contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental.

- Llíber. Este Consistorio está en los juzgados por un asunto vinculado al urbanismo salvaje, (construcción de 300 casas en suelo rústico). El principal acusado es el ex alcalde José Mas, del PP. Los delitos del sumario son cohecho, prevaricación, contra la ordenación de territorio y falsedad en documento público.

- L'Atzúvia. El juzgado investiga al Consistorio por permitir, por silencio administrativo, la construcción de 18 lujosos chalés en suelo rústico. El principal acusado es un promotor alemán.

- La Vall de Laguar. El ex alcalde socialista Juan José Puchol se enfrenta a ocho años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos contra la ordenación de territorio, falsedad y contra los derechos individuales. El ex regidor está acusado de eliminar del planeamiento un vial que pasaba por su finca y ubicarlo en otra de un vecino con el que estaba enemistado.

- Redován. Un juzgado investiga una denuncia de la alcaldesa, la socialista Leticia Bas, por irregularidades en la concesión del servicio del agua municipal. El juez indaga una supuesta falsificación en un documento de la propuesta económica de la adjudicataria, la mercantil Facsa. Por estos hechos ha sido arrestado y está imputado el edil del PSPV José Manuel Cartagena.

- Benitatxell. El ex alcalde independiente Juan Cardona fue arrestado por exigir 50.000 euros a un vecino a cambio de la recalificación de un terreno.

- Dénia. El juez investiga a la ex alcaldesa socialista Francisca Viciano por prevariación y supuesto favor a una promotora al venderle un camino a bajo coste para realizar una urbanización.

- Xàbia. El Ayuntamiento tiene pendiente un juicio por la vía penal por autorizar un hotel en primera línea del mar. Entre los procesados se encuentran el actual alcalde, Eduardo Monfort, su antecesor Juan Moragues, del PP, y ocho ediles más que integraban la Corporación en 1997.

- Polop. El juez investiga una trama urbanística, cuyo cabecilla sería el ex alcalde Juan Cano, del PP.

- Rafal. El juez del caso Brugal ha imputado al alcalde, José Arronís, del PP, por recibir aportaciones en metálico de Ángel Fenoll para las elecciones municipales de 2007.

- Algorfa. Su alcalde, Antonio Lorenzo, del PP, también está imputado en el caso Brugal por aceptar supuesto soborno con fines electorales de Ángel Fenoll.

- Jacarilla. El regidor, José Manuel Gálvez, del PP, está igualmente imputado en el sumario de Brugal por supuesto delito electoral. Recibir dinero de Fenoll para actos electorales del partido.

- Pilar de la Horadada. El portavoz del PP local, Francisco Lancharro, está imputado en el caso Brugal por delito electoral (recibir dinero de Fenoll para la campaña electoral).

- Callosa del Segura. Su alcalde, Javier Pérez Trigueros, del PP, está imputado en el caso Brugal por su supuesto cohecho a cambio de la contrata de la basura del municipio a Ángel Fenoll.

- Villena. La investigación del caso Brugal indaga posibles irregularidades en la remodelación de la plaza de toros, en función de los intereses del empresario Enrique Ortiz. La policía implica en esta trama a la alcaldesa, Celia Lledó, del PP.

- Monòver. La investigación del caso Brugal indaga irregularidades en la tramitación de un PAI. La policía implica en estos hechos al alcalde, Salvador Poveda, del PP, y al promotor Enrique Ortiz.