La fiscalía pide 12 años al jefe de la fundación que subvencionó Blasco

Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que adquirió en 2008 dos locales con garaje en Valencia con fondos de sendas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, "distrajo" hasta 45.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón entre los años 1995 y 1998. Así lo relata el fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento por el que López está imputado por malversación continuada y por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por el cargo de malversación, la fiscalía pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta y por el cargo de infidelidad en la custodia de documentos solicita otros dos años de cárcel e inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante cuatro años. En otro proceso por usurpación de funciones públicas y desobediencia, solicita un total de tres años más de cárcel. Lo que suma una petición de cárcel de 12 años.

El presidente de la Fundación Cyes tiene el mismo abogado que Camps y Fabra

La entidad se creó para fines culturales y se reorientó a la cooperación

El método utilizado para la "distracción" de dinero, tal como lo califica el escrito, consistía en facturar por gastos originados en el desarrollo de actividades de formación que, sin embargo, organizaba, impartía y pagaba el propio colegio. Así, "sin ninguna autorización oficial", la Fundación Cyes recibió cerca de 45.000 euros en cuatro anualidades diferentes.

La denuncia por malversación, presentada por el propio Colegio de Enfermería de Castellón, no se refiere únicamente a los pagos realizados a la Fundación Cyes, sino que acusa a Marcial López y a otros cinco integrantes de la antigua dirección del colegio de que "actuando con evidente ánimo de beneficio propio (...) llevaron a cabo conductas de distracción de cantidades dineradas pertenecientes al Colegio de Enfermería, mediante una irregular contabilidad, reintegros y traspasos".

Entre otras cosas, el presidente de la Fundación Cyes se había adjudicado, como presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, un sueldo que añadía al que le reportaba su trabajo en un centro sanitario público. Por ello, tanto la acusación como la fiscalía solicitaron sólo a López, además de la pena de prisión y la inhabilitación, el reintegro de 330.000 euros. En esa cantidad están incluidos los 45.000 euros que habría desviado a la Fundación Cyes por cursos que organizaba el Colegio de Enfermería.

La denuncia fue presentada por la dirección que desbancó a Marcial López del colegio profesional en 1999. Tras muchas diligencias, en 2007 se presentaron los escritos de acusación. A día de hoy, la instrucción aún no se ha acabado, según indicaron fuentes cercanas al caso, por los trámites y la infinidad de recursos presentados por la defensa de López. El letrado que defiende a este enfermero de profesión es Javier Boix, quien también ejerce la defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el caso Gürtel, y la del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

La acusación de malversación es una de las dos que el ex presidente del Colegio de Enfermería de Castellón tiene pendientes con esta entidad. Además, tiene otras diligencias abiertas por usurpación de funciones públicas, desobediencia y falsedad en documento oficial, delitos por los que la fiscalía le pide otros tres años de cárcel.

Este caso tiene su origen también en la actuación de López al frente del Colegio de Enfermería y, en su escrito, el fiscal correspondiente hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que le inhabilitó para el ejercicio de cargos directivos colegiales en 1999. Fuentes del Colegio de Enfermería castellonense indicaron que están tratando de llegar a un acuerdo con López para desistir de esta última acusación si se hace cargo del desembolso que, en defensa jurídica, ha tenido que realizar la entidad colegial durante estos años.

Marcial López constituyó la Fundación Cultural y de Estudios Sociales en 1993, que se inscribió como fundación cultural privada. Sus actividades iniciales se centraron en la ecología. Así, en 1997 recibió una subvención de 100.000 pesetas de la época de la Consejería de Medio Ambiente para "la realización de actividades medioambientales". Por aquellos años, la Fundación Cyes firmó un convenio con la Jaume I, de Castellón, para poner en marcha un "foro medioambiental interactivo", que posteriormente se desvinculó de la universidad y pasó a gestionar el Grup d'Estudis i Protecció de les Rapinyaires, de Vila-real. En 1998, cuando Rafael Blasco era subsecretario de la Consejería de Presidencia, el entonces consejero, José Joaquín Ripoll, le otorgó a la fundación una subvención de 86.747 euros para un "máster universitario en cooperación" que no contaba con el reconocimiento de la UNED pese a que así lo anunciaba la entidad en su proyecto y en su publicidad.

Fue el momento en que la Fundación Cyes se reorientó hacia ese sector y se inscribió en 1999 en el registro de ONGD (organizaciones no gubernamentales de apoyo al desarrollo). En 2004, recibió de la Diputación de Castellón 4.207 euros para el "fomento de actividades y proyectos de cooperación". En 2008, la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Blasco, le otorgó hasta cinco subvenciones por cerca de 1,8 millones de euros. Las dos más importantes, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos en Nicaragua. La Fundación Cyes adquirió con el dinero recibido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia. Blasco alega que dos años después la fundación aportó otras facturas para justificar esos gastos tras comunicarle su departamento que no podían aceptarse los justificantes de la compra de inmuebles. La fundación en ningún caso devolvió el dinero recibido. El tema está en manos del fiscal anticorrupción tras la denuncia presentada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado. Una denuncia a la que ha aportado la diputada de Compromís Mireia Mollà abundante información sobre la existencia de una trama dedicada a la captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Solidaria Entre Pueblos.