El fiscal lleva a Renomar y el Consell ante el juez por dos parques eólicos

Las "alteraciones sustanciales" que han sufrido dos parques eólicos durante su construcción en la comarca de Els Ports hacen que su ejecución resulte "posiblemente tipificable como un delito de prevaricación, falsedad en documento oficial y un delito contra la hacienda pública", según el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, que ha remitido al juzgado una denuncia de Acció Ecologista-Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (Ades) contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y de la empresa Renomar sobre los parques eólicos de Las Cabrillas y Arrielo, de la denominada zona 3, en los municipios de Vilafranca, Ares del Maestrat, Portell de Morella y Castellfort.

La ubicación de algunos de los molinos no se ajusta al proyecto Los ecologistas denuncian fraude en el cobro de primas de producción

Con ello, la fiscalía opta por la apertura de una instrucción judicial tras las diligencias de investigación iniciadas a finales de octubre del año pasado para documentar los extremos denunciados por los dos grupos ecologistas, que apuntaban a la modificación de la organización y ubicación de los aerogeneradores en esos parques, al incumplimiento de los proyectos y de las licencias y al cobro indebido de primas concedidas por la Unión Europea.

De acuerdo con la denuncia de Acció Ecologista-Agró y del grupo Ades, la ubicación de algunos de los molinos no se ajusta al proyecto que se había aprobado originariamente. De ahí que las certificaciones y los informes técnicos que dieron luz verde a la entrada en funcionamiento de las instalaciones fueran completamente inválidos. Además, si la documentación en la que se basó la puesta en marcha de los parques eólicos es irregular, el cobro de las primas por producir energía eólica habría sido fraudulento.

El decreto del fiscal jefe de Castellón pormenoriza la documentación y los testimonios recogidos por la fiscal encargada de instruir la denuncia, tras haber comunicado a la consejería y a la empresa Renomar, propietaria de los parques, la apertura de las diligencias que han conducido a la decisión de trasladar al juzgado la investigación.

Las autorizaciones de explotación por parte del servicio territorial de Energía de la Consejería de Infraestructuras, la información acreditativa de las primas de producción en régimen especial por parte de la Comisión Nacional de la Energía, las licencias de obras, de actividades y certificado final de obra por parte de los ayuntamientos afectados, y los ortofotomapas de ubicación de los aerogeneradores realizados por el Seprona de la Guardia Civil, junto a las pruebas testificales de dos cargos de la Comisión Nacional de la Energía y de las secretarías de los ayuntamientos, así como la aportación por Renomar de los proyectos visados y alguna otra información adicional, han servido para que la fiscalía opte por dar curso a la denuncia de los ecologistas.

La fragmentación de parques eólicos o la manipulación de su tamaño real y organización está en la base de los fraudes para el cobro de primas que los grupos ecologistas vienen denunciando.

La investigación que ahora ha sido enviada al juzgado se suma a otra denuncia por prevaricación y delito contra la fauna presentada por el Grupo Ecologista para el estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) que la fiscalía ya envió al juzgado y que llevó a la imputación de los responsables de Renomar, con su presidente, Fernando Roig, a la cabeza, y de varios responsables de la Consejería de Medio Ambiente, por la mortandad de buitres causada por las palas de los aerogeneradores en Els Ports.

Por otra parte, ayer, también como consecuencia de una denuncia de Acció Ecologista-Agró y de Ades, declararon en un juzgado de Llíria los alcaldes de Chelva, Andilla, Calles y La Yesa, así como un responsable de la misma empresa Renomar. En este caso, que afecta a la zona 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, la denuncia por irregularidades en la construcción de los parques fue archivada inicialmente por la juez al considerar que se trataba de irregularidades administrativas. Sin embargo, la Audiencia de Valencia falló que no debió haberse cerrado la instrucción sin la toma de declaración solicitada por los ecologistas. La juez ha solicitado a los ayuntamientos los convenios de mejoras en los municipios firmados con Renomar para la instalación de los parques.