Los enfermos mentales de Alcoi, sin atención por los impagos del Consell

Un centenar de personas con enfermedad mental crónica de la comarca de L'Alcoià-Comtat dejaron de recibir desde ayer los servicios y cuidados diarios que prestaba la Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental (Afiem), que acordó suspender la atención rehabilitadora que realiza desde 1993 ante los "impagos injustificados" del Gobierno valenciano, que "no permiten mantener la calidad mínima necesaria" a las personas que atienden en sus centros, según informaron desde esta asociación.

La medida comporta el cierre del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), con 50 plazas diarias, y otro servicio de prevención de recaídas, con otros 50 pacientes. De manera indirecta son más de 200 las personas afectadas. "El único responsable de esta situación es el Gobierno valenciano por los impagos injustificados, que no permiten mantener la calidad mínima necesaria hacia las personas que atendemos en nuestros centros", afirmaron desde la asociación. "Después de meses de denuncia y haber recabado el apoyo de los ciudadanos para que esta situación no se prolongase, no hemos recibido solución alguna por parte de todas las Administraciones que tienen la responsabilidad de hacer cumplir el derecho de las personas a tener una rehabilitación", lamentaron. La deuda del Consell con esta asociación es de unos 300.000 euros.

Los centros especiales de empleo se suman a las protestas

Afiem denunció que este impago "injustificado", tiene como consecuencia "el recorte de la atención hacia las personas discapacitadas por una enfermedad mental en el departamento de salud número 15 de Alcoi y comarcas".

Por otro lado, un jueves más, decenas de familiares de enfermos mentales se concentraron ante la sede de la Generalitat en Alicante para exigir el pago de la deuda que mantiene la Administración valenciana. Según Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante, la suma pendiente de pago asciende a unos 200.000 euros. "Sobrevivimos gracias al dinero que nos prestan los bancos, pero estamos empeñados hasta las cejas", admitió ayer. En la misma línea, la gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), María José Mira, cifró en unos 5.000 alicantinos en situación de dependencia los que podrían quedarse sin atención profesional socio-sanitaria a causa del cierre de las empresas que prestan este servicio en la provincia de Alicante debido a los impagos de la Administración. La representante de la patronal autonómica, en declaraciones a Europa Press, tildó de "crítica" la situación de estas empresas debido a los continuos retrasos en los pagos por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, que han generado una deuda de unos 75 millones de euros.

En Valencia, representantes de CC OO, UGT y la patronal del sector de los centros especiales de empleo (en los que trabajan personas con discapacidad) se concentraron ayer "ante la grave situación que están padeciendo". A los centros se les adeudan 700.000 euros correspondientes a noviembre y diciembre de 2010, más todo el año 2011. "Esto pone en peligro la subsistencia de más de 3.000 personas", señalan desde CC OO.

También la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc) denunció ayer que la reducción de la inversión pública y, sobre todo, "los impagos por parte de la Generalitat" pueden tener "graves consecuencias en el sector". La deuda viva en obra pública del Gobierno valenciano, apuntan, asciende a 2.000 millones de euros. En un comunicado, la entidad puso de manifiesto la necesidad de "tomar medidas urgentes" ante la situación por del sector.