El censo manipulado de Cabanes cuestiona el sistema democrático

"La gravedad de los hechos denunciados, que ponen en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático, obligan a llevar las diligencias de investigación hasta sus últimas posibilidades". La sección segunda de la Audiencia provincial de Castellón ha reabierto el caso de la posible manipulación del censo electoral de Cabanes, archivado por el juzgado de instrucción número 3 el pasado mes de febrero.

El concejal de Iniciativa en el municipio, Carles Mulet, denunció el empadronamiento de cerca de 40 personas en solo dos meses, poco antes de las elecciones municipales de 2007. Las altas solicitadas se realizaron poniendo como lugar de residencia domicilios que corresponden a los del alcalde del PP, Artemio Siurana, así como de sus familiares y de otros dirigentes del PP local.

El fiscal asegura que "los implicados han dejado de recordar y existir"

La Audiencia rebate tanto la decisión del juzgado, que señaló que existían indicios de delito pero decidió sobreseer la causa "al no existir autor conocido", como la postura de la fiscalía, que concluyó que únicamente existían "sospechas" y que los hechos se limitaban a una cuestión administrativa.

En su auto, la Audiencia sostiene que "existen indicios suficientes para estimar cometido un ilícito penal" y añade que la "dificultad" que supone el caso, "lejos de conllevar el desistimiento por parte de los poderes públicos, ha de forzar la actuación de investigación pues está en juego la determinación de la voluntad general en unas elecciones". Así, llama a declarar, en calidad de imputado, al funcionario del Ayuntamiento de Cabanes responsable de las altas en el padrón, y cita también al alcalde y a los sobrinos y dirigentes del PP, propietarios de los domicilios en los que se registraron los "nuevos vecinos".El auto de la sección segunda de la Audiencia de Castellón, por el que se reabre el caso del censo de Cabanes, supuestamente manipulado, hace una referencia expresa al alcalde del municipio, Artemio Siurana (PP). Los magistrados indican que, aunque la corporación no es la encargada de dar de baja en el censo a posibles falsos empadronados, "sí puede afirmarse que procede a los encargados del Ayuntamiento llevar a cabo un control efectivo de la realidad de lo que certifica dicha entidad", ya que es el consistorio la institución a través de la cual se tramitan las altas en el padrón para, posteriormente, conformar el censo electoral.

El auto añade que esa labor de control "no se realizó en este caso". La inspección sí fue realizada por la oficina del censo electoral que, en todos los casos analizados, determinó que "procede dar de baja por estimarse que no viven en los domicilios en que figuran empadronados". Sin embargo, todos los nuevos vecinos pudieron votar porque la orden para darles de baja en el censo llegó tras las elecciones. El auto señala que esta orden se emitió "para evitar estos indeseables efectos".

Además, indica que dada la relación de quienes autorizaron los empadronamientos, aportando sus domicilios como las viviendas en las que vivían quienes solicitaban las altas, con el alcalde "o con el partido político del cual es miembro", debe seguir investigándose para comprobar si ha incurrido en un delito tipificado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General "pues existen indicios que permiten llegar a esta conclusión". Así, llama de nuevo a declarar tanto al alcalde como a sus sobrinos que domiciliaron a nuevos censados, y a otros dirigentes del PP que también facilitaron señas para dar de alta a nuevos vecinos.

La sala no solo estudia el recurso contra el archivo de la causa presentado por Mulet, sino que realiza una nueva valoración de las diligencias practicadas durante la instrucción. En este concienzudo examen relata cómo tres de las 39 personas dadas de alta dijeron que la tramitación se había realizado sin su consentimiento. Los magistrados hacen especial hincapié en el hecho de que una de ellas presenta una firma falsificada y relatan las contradicciones encontradas en el trabajo y declaraciones del funcionario encargado del departamento de empadronamiento, así como de los propietarios de los domicilios donde se registraron las altas.

El auto desvela que, en algunos casos, las solicitudes de alta en el padrón aparecen sin firmar, al margen de que figura "al menos una, con una firma falsificada". Además, ninguna de las solicitudes cuenta con la preceptiva firma del secretario, por lo que quieren preguntar al funcionario por qué omitió esta firma, pese a saber que era preceptiva, y "cuál fue el motivo por el que se cometieron las irregularidades, si lo hizo por iniciativa propia o le vino propuesto por alguien".

Cabanes no es el único municipio investigado por la posible manipulación del censo electoral en las pasadas elecciones municipales. Otros pueblos como Fanzara, Santa Magdalena de Pulpis, La Vall d'Alba, Argelita, La Pobla de Benifassà o La Salzedella registraron también empadronamientos masivos que fueron denunciados por el PSPV, Iniciativa y el Bloc. En febrero, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, señaló que los casos están prácticamente paralizados porque "encontrar pruebas, se hace cada vez más complicado", ya que "los involucrados dejan de recordar y de existir".