El Supremo reabre la causa al alcalde de Elche por prevaricación

Los supuestos pagos de seis facturas electorales del PSPV por un importe de 17.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Elche, presidido por el socialista Alejandro Soler, vuelven a la palestra judicial. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado un auto en virtud del cual anula el archivo definitivo de esta causa dictado el 19 de junio de 2009 por la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, al entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

El regidor ilicitano y, a su vez, vicesecretario general del PSPV, declaró como imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El auto del TS ha sido aprovechado por el PP para pedir la dimisión de Soler, mientras el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, expresó su "apoyo incondicional" al alcalde.

La causa se abrió en febrero de 2009 a raíz de una querella del Grupo Popular de Elche contra Soler por el pago de dos facturas, por 6.000 euros, en su etapa como edil de Hacienda. Unos días más tarde, los populares ampliaron la denuncia, en este caso ante la Fiscalía Anticorrupción, con otras cuatro facturas, por 11.000 euros, y rubricadas por la ex edil socialista María Ángeles Avilés, también en calidad de responsable de Hacienda. El juez declinó unificar ambos casos, que fueron tramitados en juzgados diferentes.

Practicar las pruebas

El alto tribunal anula la resolución de la Audiencia por cuestiones de fondo (no se practicaron todas las pruebas solicitadas por el querellante) y de defecto procesal (considera que se debieron unificar la querella y la denuncia a la fiscalía).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asegura en su sentencia que no se discute la facultad de la Audiencia de Alicante para dictar el sobreseimiento del caso, sino "si era o no procedente, antes de acordar dicha resolución, haber practicado las pruebas solicitadas por el ministerio fiscal y la acusación particular". Para el tribunal era lo pertinente. El fallo del TS precisa que la defensa de Soler llegó a "admitir" que la instrucción había sido insuficiente.

De acuerdo con esos razonamientos, el Tribunal Supremo afirma que, "sin entrar en el fondo de la cuestión, se estima que es necesario practicar las pruebas solicitadas, en aras de la tutela judicial efectiva".

De esta forma, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación del PP, anula el auto de archivo y ordena retrotraer "el procedimiento al momento procesal en el que se deniegan las pruebas y, una vez practicadas, se pueda acordar lo procedente, sin que ello suponga prejuzgar el fallo definitivo y sin que sea necesario dictar segunda sentencia". La orden del Supremo implica que la investigación judicial de este caso deba retomarse justo antes de la imputación de Soler.

El regidor ilicitano declaró como imputado el 21 de abril de 2009. Soler mantuvo ante el magistrado la misma tesis que había ofrecido en los medios de comunicación nada más trascender la denuncia del PP, es decir, que el pago de las facturas "obedeció a un error administrativo". El alcalde también aseguró al juez que el PSPV restituyó al Consistorio las cantidades abonadas por ese supuesto error administrativo.

En el auto de archivo de la Audiencia de Alicante, la sala respaldó la declaración de Alejandro Soler al asegurar que "firmó los pagos por un error, aunque sin dolo" y que si el alcalde de Elche hubiera querido "engañar" para pagar con dinero público actos del partido "habría podido dar un concepto distinto".Las reacciones políticas a la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de supuestos pagos del PSPV por parte del Consistorio ilicitano no tuvieron solución de continuidad. El primero en opinar fue el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, y lo hizo para exigir la dimisión del alcalde de Elche.

Las manifestaciones del dirigente popular al exigir responsabilidades al alcalde socialista contrastan con la tibieza con la que los populares encajan las sucesivas imputaciones de sus cargos públicos por supuesta corrupción. Solo en el caso Brugal (trama corrupta sobre el negocio de la basura y el urbanismo) el PP tiene a 22 cargos imputados, acusados o implicados, y todos siguen en sus puestos.

El pronunciamiento de Clemente tuvo una contundente réplica por parte del líder de los socialistas valencianos: "El PSPV asume responsabilidades políticas cuando quien acusa son los poderes públicos del Estado, y no cuando lo hace la mafia rusa, organizaciones paralegales, o la pandilla de presuntos criminales en la que se ha convertido la cúpula del PP valenciano", dijo. "Que pidan su dimisión [la de Soler] me da risa", añadió. Alarte exigió a los populares "un poquito más de vergüenza" y en concreto a la portavoz del Grupo Popular de Elche, Mercedes Alonso, a la que calificó "como un ilustre miembro de la pandilla de presuntos criminales que dirige el PP valenciano".

Fondo del asunto

Mercedes Alonso limitó sus comentarios a un comunicado oficial en que aseguró que "la sentencia viene a decir que hay que investigar más y hacer las diligencias necesarias para llegar al fondo del asunto". "La sentencia pone al alcalde nuevamente en la condición de imputado, por haber utilizado dinero público, de todos los ilicitanos, para pagar gastos del Partido Socialista".

Alejandro Soler no hizo ayer ninguna manifestación por motivos de salud, según aseguró el gabinete de prensa. "El alcalde está en cama, y hablará mañana [hoy para el lector]", señalaron esas fuentes. La primera reacción a la sentencia por parte del equipo de gobierno local corrió a cargo del portavoz socialista, Alejandro Pérez, quien aseguró que "la sentencia es fundamentalmente de técnica jurídica y de carácter procesal" y permitirá al alcalde que "se practiquen las pruebas que solicitó".