La Sindicatura también puso reparos a los contratos del Consell con Gürtel

No sólo la Sindicatura de Comptes no ha exonerado al Consell sino que sus informes coinciden, a la hora de señalar irregularidades, con las conclusiones del informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reveló cómo se amañaron de forma generalizada los contratos de la trama de corrupción del caso Gürtel con la Generalitat entre los años 2004 y 2009. Los socialistas desmontaron ayer la coartada esgrimida por el presidente del Consell, Francisco Camps, y su Gobierno para eludir responsabilidades sobre las 85 operaciones de 17 departamentos del Consell por valor de 7,2 millones de euros con empresas de la red corrupta. El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, en una multitudinaria conferencia de prensa, dio todo tipo de detalles sobre los reparos que el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la Generalitat puso en su día, con el lenguaje "amable" característico de la institución, a las adjudicaciones autonómicas a la red que encabezaba Francisco Correa, cuando ni tan siquiera se sabía que la trama Gürtel existía y que estaba actuando como tal.

La gran mayoría de las operaciones con la trama no llegaron a ser fiscalizadas

"¿Cuántos Gürtel podrían estar durmiendo debajo de los expedientes?"

Las dos primeras adjudicaciones a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, cabeza de la red de corrupción en Valencia, centraron la comparecencia de Luna, que comenzó rebobinando el vídeo de la intervención de Camps el jueves pasado en las Cortes, cuando aseguró que la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado a la Generalitat sin decir "absolutamente nada". Continuó con la explicación de que la gran mayoría de las operaciones con la trama no llegaron a ser fiscalizadas porque se trocearon por debajo de 12.000 euros, como contrataciones menores a dedo, que no se inscriben en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. Después se detuvo en el análisis de las adjudicaciones a Orange Market por parte de Vaersa en 2004 y de la Agencia Valenciana de Turismo, en 2005. Y acabó anunciando que los socialistas, que ahora son parte en la investigación del caso Gürtel que desarrolla el juez Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid, pedirán al instructor que "solicite a la Generalitat certificación de qué contratos fueron analizados por la Sindicatura y con qué resultados".

"Frente a la contundencia, concreción y precisión" de los informes judiciales y las acusaciones, explicó el portavoz socialista, el PP y el Consell se defienden con "descalificaciones genéricas" y una apelación "falsa" a la Sindicatura de Comptes, que "no lo fiscaliza todo". Luna retó a los populares a desmentir uno a uno los hechos a la vista de los expedientes y se preguntó: "¿Cuántos Gürtel podrían estar durmiendo debajo de los expedientes que tiene ocultos el Consell desde que lo preside Francisco Camps?"Además de recordar que la Sindicatura en 2008 sólo estudió el 2,6% de los expedientes de contratación de la Generalitat (45 de 1.702) y que halló "incidencias" en 42 de ellos (el 93%), para dar una idea de las limitaciones del análisis de la gestión del Consell que realiza el organismo, Luna se remontó a los informes de fiscalización de 2004 y 2005 para señalar la "coincidencia sustancial" entre las situaciones detectadas por la Sindicatura de Comptes y los hechos denunciados por el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ madrileño.

En el caso de la empresa Vaersa, que dependía de Territorio y Vivienda, consejería entonces dirigida por Rafael Blasco, actual portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, la Sindicatura detectó, cuando otorgó a Orange Market su primer contrato con la Generalitat, "insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia", "diversas insuficiencias en relación con los principios de buena gestión" y, una vez adjudicado el contrato, señaló que "no se ha ejecutado en su totalidad por incumplimiento del contratista". Sin embargo, la empresa de la trama corrupta sí cobró la mitad del contrato y la propia Vaersa asumió al final la responsabilidad del incumplimiento. El informe del TSJ de Madrid explica que si el incumplimiento hubiese sido por causas imputables al contratista, como recogía la Sindicatura, "podría haber dado lugar a la exigencia de responsabilidad y a la prohibición de contratar con la Administración".

Por lo que se refiere al concurso para el pabellón valenciano en Fitur de 2005, que Orange Market logró sin prácticamente experiencia alguna en el sector, la Sindicatura coincide con el informe pericial en poder del juez Pedreira en que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía...". Por otra parte, deja indefinido el "criterio del precio".

Luna asumió que a él le gustaría que la Sindicatura utilizara un lenguaje más explícito y tuviera más capacidad de actuación, pero señaló que, allí donde ha fiscalizado la relación del Consell con empresas de la trama Gürtel, ha detectado las irregularidades.

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE acusó al PP de "fraude procesal" por su recurso contra la iniciativa del juez Pedreira de identificar a los responsables de los 17 departamentos de la Generalitat que contrataron con la trama Gürtel. El PP, que está personado como acusación popular, en tanto que supuesto perjudicado, "actúa como si fuese el abogado defensor de Correa, Crespo y los posibles imputados", señaló el diputado socialista, que añadió que la de obstaculizar la investigación es una "práctica habitual de Camps", quien decía en público, cuando estaba imputado por los trajes regalados por la red de corrupción, que tenía "unas ganas locas" de explicarlo todo y, al mismo tiempo, su letrado intentaba anular el procedimiento. Los socialistas tratarán de "recordar al magistrado el papel procesal del PP en este asunto", anunció Luna.