¿Reforma laboral o cambio de modelo económico?

El debate sobre las consecuencias de la crisis en España enfrenta dos posiciones: la que vincula el problema al mal funcionamiento del mercado de trabajo y la que lo relaciona con el modelo económico. Son sobre todo las peculiaridades de éste, así como las del sistema social del que forma parte, las que explican por qué aquí hay mucho más paro. Con un nivel de gasto social muy inferior al de la UE-15, el español medio está bastante menos protegido que el europeo. Por eso somos uno de los países más desiguales de la OCDE. Desde hace treinta años uno de cada cinco españoles vive en la pobreza, a pesar de que ahora somos el doble de ricos que entonces. La desigualdad reduce la eficiencia económica y crispa las relaciones laborales. Son las sociedades más igualitarias las que tienen los mercados de trabajo más fluidos.

En España nunca ha habido política de familia. Para corregir esta anomalía se aprobó la ley de la Dependencia, que puede aplicarse por dos vías: 1) la socialdemócrata genera empleo público en servicios sociales y pretende tener ocupada y pagando impuestos a toda la población en edad de trabajar; 2) la conservadora transfiere rentas a las unidades familiares, crea menos empleos e invita a las mujeres a quedarse en casa. Aquí se está optando, aunque sin el esfuerzo financiero necesario, por la segunda, con lo que la tasa de ocupación femenina seguirá estando entre las más bajas de la UE-27. Cabe temer que esta ley repetirá la trayectoria de todas las reformas educativas y en particular de la LOGSE, cuyo principal defecto es que nació agónica por falta de recursos.

La economía del conocimiento funciona con trabajadores cualificados, que han de salir de una cantera de ciudadanos bien educados. Nuestro fracaso escolar duplica los estándares internacionales. Convencionalmente se acepta que un Estado moderno debe invertir en educación el 6% del PIB. Aquí no hay manera de llegar al 5%. Intentar arreglar en la FP ocupacional y continua lo que no se hizo en su día en el sistema educativo es poco efectivo.

El nivel de gasto social es coherente con el bajo nivel de presión fiscal, al menos a cuatro puntos de la media europea. Y si tuviéramos en cuenta la economía sumergida la distancia sería mucho mayor. En esto somos líderes de la OCDE: más del 20% del PIB frente al 10% en las economías más avanzadas. ¿No podemos ser más eficientes en la lucha contra el fraude fiscal? Porque aquí algunos apenas pagan impuestos. Nuestro modelo socioeconómico descansa en un sistema fiscal regresivo que apenas mitiga las desigualdades y reduce la eficiencia. Porque, como explicó Keynes, si no se dan ciertas condiciones de igualdad el mercado libre no garantiza que el exceso de ahorro derivado del exceso de desigualdad se convierta en inversión productiva.

En toda economía moderna el trabajo tiende a encarecerse. En España esta tendencia se ha contrarrestado precarizando el empleo, y tanto la participación de los salarios en la renta nacional como el salario medio se han reducido. Pero a la larga la única respuesta efectiva es la innovación. Para ello se necesitan más emprendedores y menos especuladores. Nuestro modelo económico comenzó a fraguarse en el franquismo y todavía no ha extirpado la cultura del pelotazo. Las economías más avanzadas del mundo suelen tener costes salariales mucho más elevados que los españoles.

Si comparamos la estructura del empleo con las economías más avanzadas, no cabe duda que el paro -en particular el femenino- sólo puede frenarse desarrollando los servicios, sobre todo los más deficitarios: educación, sanidad, justicia, atención a la dependencia.

O corregimos estos rasgos específicos de nuestro modelo socioeconómico o seguiremos siendo líderes en paro y temporalidad. No obstante también hay que pensar en lo que puede hacerse en el ámbito del sistema de relaciones laborales para facilitar el cambio de modelo, pues el sistema actual es ante todo una invitación a seguir aprovechando el bajo coste del trabajo como única estrategia de futuro.

Cada vez es más barato contratar y despedir. Tres décadas de reformas del mercado de trabajo sólo han servido para aumentar la flexibilidad del empleo. Por eso se destruye tanto durante las recesiones. Las reformas que se proponen ahora son más de lo mismo. Así las empresas no tienen incentivos para cambiar de modelo. Aquí no podemos proponer una alternativa detallada, pero sí señalar cuatro cuestiones básicas a tener en cuenta si se pretende una reforma que impulse la economía por donde necesitamos: 1) El único despido relativamente caro es el improcedente. Pues si no procede, que no se produzca. Para ello hace falta penalizarlo con costes disuasorios y reconocer el derecho de readmisión. 2) La temporalidad se reduce reintroduciendo el principio de causalidad y acabando con el encadenamiento fraudulento de los contratos. 3) La eficiencia de los servicios públicos de empleo se refuerza mejorando la dotación y especialización de su personal, no cuestionando su carácter público; la empresa privada está para otras cosas. 4) Hay que detener la caída de los salarios para evitar que la precariedad laboral se convierta en exclusión social. Asimismo la protección por desempleo debe ser tratada como un derecho ciudadano a consolidar, no a recortar. Ni el paro ni el empleo precario pueden volver a ser sinónimo de pobreza.

Todo ello implica reforzar el carácter público del contrato de trabajo, la presencia sindical en las empresas y la democracia industrial, no fragmentar la negociación colectiva para debilitar la posición de los trabajadores. En el mercado de trabajo cotizan seres humanos; no es pidiendo al Estado manos libres ni atacando el Derecho Social como conseguiremos que funcione mejor.

Resumen de un documento elaborado en un grupo de discusión en el que han intervenido, diecisiete profesores de los departamentos de Derecho del Trabajo, Economía Aplicada y Sociología de la Universidad de Valencia. El texto completo está disponible en http://www.uv.es/ecolab/reforma