El PSPV exige que una comisión investigue la financiación del PP

"Si es verdad, como dice el PP, que todo lo suyo es transparente y no tienen nada que ocultar, que acepten una comisión de investigación en las Cortes Valencianas", retó ayer el portavoz socialista, Ángel Luna. Compromís y Esquerra Unida fueron más contundentes y exigieron la dimisión de los cargos públicos que aparecen implicados en la supuesta financiación ilegal del partido. Desde el vicepresidente del Consell Vicente Rambla al secretario regional, Ricardo Costa, pasando por el vicesecretario del partido, David Serra.

Los socialistas quieren ir paso a paso y no quemar etapas antes de tiempo. "Vamos a darles la oportunidad de que diriman este escándalo en el terreno político, en el Parlamento; pero estoy por asegurar que no aceptarán esta solicitud porque tienen mucho que ocultar y quedan más cosas por salir", vaticinó.

Luna: "Tenemos munición suficiente para disparar a todo lo que se mueva"

El grupo que comanda Luna seguirá con el caso Gürtel en su doble vertiente política y judicial. El lunes presentarán el recurso al Tribunal Supremo contra el archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano del caso de los trajes regalados, donde estaban imputados Camps, Costa y otros dos ex cargos de la Generalitat. Además, están a expensas de que el TSJ de Madrid, que instruye el grueso del caso Gürtel, responda a una petición para que los hechos del sumario que tengan que ver con la Comunidad Valenciana se envíen al tribunal que preside Juan Luis de La Rúa. Las posibles acciones judiciales derivadas del informe policial de la unidad contra el blanqueo de capitales, que describe toda una trama ilegal dirigida por la cúpula del PP valenciano para financiar el partido, siguen en estudio. "El tema es jurídicamente complejo", justificó Luna.

El portavoz socialista subrayó que son muchas las cosas que están sucediendo en la Comunidad Valenciana. "Y desde luego vamos a tirarle a todas. Tenemos munición suficiente para disparar a todo lo que se mueva", aseguró. Los socialistas quieren extender la presión política y, si fuera el caso judicial, a otros miembros del Gobierno valenciano. En concreto, al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que concedió a una constructora amiga contratos a dedo de la Generalitat. Al titular de Urbanismo, Juan Cotino, cuya familia participa en una de las sociedades que más se ha beneficiado de las subvenciones públicas para residencias de la tercera edad. O del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, "que también tiene alguna cosa por ahí", insinuó.

La dirección del partido ha convocado el lunes a la permanente y al grupo parlamentario para analizar el momento político. Es previsible que el secretario general, Jorge Alarte, insista en la necesidad de un adelanto electoral ante el deterioro político e institucional que arrastra el partido en el gobierno.

Ángel Luna finalizó su rueda de prensa censurando al TSJ valenciano por haber cerrado los ojos a un informe policial tan contundente y avalando un documento que elabora la policía española con la autorización de los jueces.

Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, exigió que el tribunal valenciano actúe e investigue la supuesta financiación irregular, mientras que el Bloc Nacionalista reclamó al presidente Camps que rinda cuentas ante el Parlamento. Su secretario general, Enric Morera, reclamó que la Agencia Tributaria revise "concienzudamente" las cuentas del PP, que el propio Camps dijo hace escasos días que son transparentes y están auditadas por el Tribunal de Cuentas. "El señor Camps debe dar explicaciones y no puede volver a mentir igual que hizo cuando le pregunté si había recibido regalos de las empresas de la trama Gürtel", agregó Morera. Mònica Oltra, diputada de Iniciativa del Poble Valencià, se pronunció en parecidos términos. "Que Camps no salga a dar la cara tras las graves acusaciones contra el PP evidencia que no sabe dónde esconderse", dijo.

El sindicato UGT en la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) denunció ayer la manipulación aplicada a los informativos de Canal 9, que escondió el informe de la policía sobre la supuesta financiación ilegal del PP. La sección sindical lamentó que este tipo de informaciones se tapen "cuando son portada de la mayoría de medios de comunicación, tanto en radio, prensa y televisión".