"Habría que quitar las competencias de urbanismo a los ayuntamientos"

Muchas de las carpetas que pasan por su mesa cada día reflejan la historia de una trampa, de una ilegalidad, relatos de casas construidas en lugares donde no pueden estar, detalles de la participación en ilegalidades de promotores, constructores, empleados municipales o alcaldes, por acción o por omisión. A veces, incluso se perfila la existencia de una trama. En casos como los de Zarra o Montroi, se han construido decenas de chalés de forma fraudulenta. Desde hace un año y medio, Joaquín Baños, fiscal coordinador de Medio Ambiente y ordenación del Territorio en la provincia de Valencia, es el azote de los ayuntamientos. Se ha dirigido a ellos de forma insistente, recordándoles sus responsabilidades legales y reclamando el detalle de los expedientes abiertos por construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común. Han contestado menos de la mitad. Y son más de 4.500 las viviendas levantadas fuera de la ley. Las primeras diligencias de investigación sobre esos hechos están en marcha. Presume que serán muchas, muchísimas más. No confía en la buena voluntad de quienes participan de un hecho que saben ilegal. Y considera que el sistema para castigar estas infracciones está viciado de raíz.

"Los ayuntamientos no cumplen la legalidad. El sistema no funciona"

"Trabajamos con muchas carencias, con un funcionario compartido"

"Montroi no es construcción particular. Montroi es una trama"

"El proceso está viciado de raíz. El alcalde está muy cerca del infractor"

Pregunta. ¿Montroi es una excepción?

Respuesta. ¿Por construcciones ilegales? No. No lo es.

P. ¿Es muy común?

R. Tanto que la Fiscalía ha detectado que en casi todos los municipios hay construcciones ilegales. Los ayuntamientos no cumplen la legalidad.

P. ¿Por qué?

R. Lo que los alcaldes suelen alegar que no van a denunciar al vecino al que conocen y con el que conviven. Lo que subyace, en mi opinión, es que los alcaldes quieres volver a ganar las elecciones. Derribar es una medida, una actuación, impopular. No quieren arriesgarse a perder esos votos.

P. Además de obligarles a cumplir la legalidad, ¿qué otra cosa convendría hacer?

R. Habría que quitarles las competencias y dárselas a las comunidades autónomas. El sistema está viciado de raíz. Cuando el órgano decisorio depende del afectado por esa decisión, el sistema no puede funcionar.

P. ¿Qué le hace pensar que esas competencias estarían mejor residenciadas en el gobierno autonómico?

R. No lo sé. Lo que sí sé es que actualmente las cosas no funcionan. Tengo la impresión de que la administración autonómica tiene más recursos y desde luego mucha más distancia de los protagonistas de las infracciones. En principio, parece lógico pensar que funcionaría mejor.

P. Si Montroi no es una excepción, ¿cuántos puede haber en Valencia con una situación de ilegalidad urbanística parecida?

R. En las infracciones urbanísticas hay situaciones muy distintas. Una cosa es permitir la construcción uno o varios chalés y otra la construcción sistemática de una urbanización con constructores y promotores. Lo que es generalizado es la existencia de construcciones ilegales. Montroi es un peldaño más. Montroi, asunto del que me permitirá no hablar porque está bajo secreto, no sólo implica promover la construcción de urbanizaciones sino formar parte de una trama dedicada a ello. En Montroi no hubo una iniciativa particular, hubo una trama.

P. Esas casas, las de Zarra [otro caso de características parecidas al de Montroi], ¿se pueden tirar? ¿Se tienen que tirar? ¿Qué les queda a los propietarios?

R. Si las casas están sobre suelo rústico no urbanizable de uso común no se pueden tirar. El truco, la trampa, está en que si el ayuntamiento no cumple con su obligación legal de abrir un expediente sancionador, los plazos se consumen y no se pueden derribar. Si hablamos de un suelo con protección especial forestal o agrícola, por ejemplo, la ley prevé la legalidad de las construcciones ligadas a la actividad. Una granja de cerdos, es obvio que no puede estar en el casco urbano. Es arriesgado dar opiniones. Además de que las actuaciones son secretas, es otro fiscal de la sección el que concretamente lleva este asunto.

P. Pero en términos generales, ¿las víctimas perderán, además, su vivienda?

R. Vamos a ver. Ante la situación de las casas construidas ilegalmente en un suelo no urbanizable, caben dos procedimientos: administrativo y penal. Las demoliciones no se pueden llevar a cabo, por la vía administrativa, si la construcción tiene más de cuatro años. Y, sobre esa misma construcción ilegal, se puede iniciar un procedimiento penal. El artículo 319.3º prevé la demolición de las casas, siempre que sea durante los tres años posteriores de la construcción. Hay que estudiar cada caso.

P. ¿Qué ha hecho tan impune un delito como el de la ordenación del territorio?

R. Yo no hablaría de impunidad. Trabajamos, y mucho, y sin recursos, con enormes carencias, con un solo funcionario, compartido con otras tres secciones de la fiscalía, para que no sea así. El impulso que dimos a finales de 2008, la comunicación que enviamos a todos los ayuntamientos de la provincia para conocer la realidad de la construcción ilegal ha supuesto, supone, un trabajo enorme. Y la jefatura no puede darnos más recursos porque no hay personal. Es muy difícil dar respuesta en estas condiciones. Lo hacemos por convicción, por responsabilidad y con mucha paciencia.

P. Si no es impunidad, es posibilidad de engaño sin ser fácilmente descubierto. ¿Por qué?

R. Porque los ayuntamientos hasta hace muy poco no denunciaban. La ley urbanística valenciana otorga en el artículo 245.1º la competencia de sancionar a los ayuntamientos. Y no la han cumplido. Para nosotros, el trabajo que estamos haciendo, con ayuda de la Guardia civil, a la que le hemos pedido un celo especial de inspección, no es sólo castigar un comportamiento ilegal sino realizar un trabajo de prevención, estimular que cumplan con su responsabilidad.

P. ¿Qué supone una construcción ilegal, además de infringir la ley?

R. Significa que como carecen de evacuaciones de agua residuales, se hacen pozos ciegos, que pueden afectar a los acuíferos. Significa que al no tener servicios de basura, aparecen vertederos. Significa que no hay plan de evacuación, lo que multiplica los riesgos en caso de incendios. Significa poner en riesgo mucho y a muchos.