El Gobierno lleva al Constitucional el decreto de Camps sobre El Cabanyal

El Gobierno entiende que sí es competente para proteger el patrimonio histórico de El Cabanyal si existe riesgo de expolio y por eso recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley con el que el Consell le desafió el 7 de enero. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció tras el Consejo de Ministros la presentación del recurso. El TC tiene cinco meses de plazo para mantener o levantar la suspensión del decreto aprobado por el Consell de Francisco Camps.

El Ministerio de Cultura, que dirige Ángeles González-Sinde dictó el 29 de diciembre de 2009 una orden que tumbaba el plan especial de El Cabanyal aprobado por el PP y que prolonga la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa del derribo de cientos de casas del barrio. Cultura entendió que este plan supone un expolio y ejerció la competencia que le otorga el artículo 149 de la Constitución.

El Ayuntamiento de Valencia y el Consell interpretaron la orden como un atentado a su autonomía. Camps convocó un pleno extraordinario del Consell para aprobar un decreto ley con el que contrarrestar la orden de González-Sinde. El conflicto de competencias estaba servido.

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, concluye que hay fundamentos jurídicos suficientes para sacar adelante el recurso e insiste en que no había ni "urgencia" ni "necesidad" de que el Consell aprobase el decreto ley. Y desautoriza tajantemente que el decreto ley del Consell tenga efecto retroactivo y se remonte a 1993, año en que se protegió el barrio.

Pero sin duda el argumento de más peso son las competencias: "La existencia o no de expoliación es algo que compete a la Administración General del Estado, de modo que la Generalitat no puede pretender que el Estado carezca de atribuciones", expuso el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta. Éste enfatizó que quien ha invadido competencias es la Generalitat. "Desde luego, carece de competencia y legitimidad [la Generalitat] para declarar y ordenar que los actos de la ejecución del PEPRI no podrán verse menoscabados por los acuerdos de otras administraciones", añadió.

No por esperado, el anuncio del recurso causó menos revuelo. La cascada de reacciones no tardó en llegar. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, arremetió contra el Gobierno por "abuso de poder" e "injerencia". "Goliat se ha puesto de pie y quiere poner su bota sobre David", arremetió. Barberá insistió en que seguirá adelante con su plan y horas después el Consell convocó para hoy un pleno extraordinario en el que tomará nuevas medidas para seguir con el plan de El Cabanyal.La alcaldesa se quejó de que Cultura actúe en Valencia y no en otras ciudades españolas donde la Unesco ha denunciado expolio, por ejemplo en Torre Pelli de Sevilla, y preguntó varias veces, sin ofrecer más datos, a quién beneficia esa dilación del plan. "La única competencia en la zona que no es Bien de Interés Cultural (BIC) es municipal", remachó. El consistorio todavía no ha recurrido formalmente la orden ministerial ante la Audiencia Nacional. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, elevó todavía más el tono y se refirió al recurso del Gobierno como "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V abolió Els Furs".

Los socialistas, por boca de su portavoz municipal, Carmen Alborch, se mostraron satisfechos con la decisión del Consejo de Ministros. "Supone que la orden ministerial que protege El Cabanyal de posibles derribos está plenamente vigente", enfatizó Alborch. La portavoz insistió en que el plan debe paralizarse. Carmen Ninet, portavoz adjunta del PSPV en el Parlamento, consideró ejemplar la actitud del Ministerio de Cultura, por mantener su apuesta "por el patrimonio valenciano".

Desde el barrio, la plataforma Salvem El Cabanyal, que lleva 11 años de lucha contra el derribo de las casas, solicitó al consistorio que suspenda todas las actuaciones administrativas relacionadas con el plan. En concreto los vecinos piden al consistorio que se paralice el proceso de expropiación que se lleva a cabo en el bulevar de San Pedro, donde está prevista la demolición de seis inmuebles. "El futuro de El Cabanyal está en un plan de rehabilitación del barrio que no destruya", insistió la plataforma en un comunicado.

Este colectivo asegura que el recurso paraliza el decreto ley de la Generalitat y deja plenamente vigente la orden ministerial que protege el barrio de los derribos. A partir del lunes están citados en las oficinas municipales de distrito los propietarios de varias de estas casas amenazadas por derribo para que entreguen las llaves y las escrituras de sus propiedades como paso previo a la expropiación.

La posibilidad de que ayer el Consejo de Ministros aprobase el recurso de inconstitucionalidad -se anunció semanas antes pero no se concretó la fecha- salpicó el pleno que el Ayuntamiento de Valencia celebró por la mañana. El Grupo Socialista presentó y defendió una moción en la que pedía que la Generalitat derogase su decreto ley y apostase por un plan de rehabilitación que no tire abajo más edificios en El Cabanyal. Los populares votaron en contra y presentaron una moción alternativa, donde se rechaza el contenido de la orden de Cultura y se defiende la ejecución del PEPRI.

Antes de la votación, el concejal socialista Vicente González Móstoles recordó que el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988 calificó todo el barrio de Conjunto Histórico Protegido. Posteriormente, en 1993, la Generalitat declaró una parte del conjunto, el ensanche de El Cabanyal, como Bien de Interés Cultural (BIC), reforzando así su protección. "A pesar de ello, el PP aprobó en 1998 un PEPRI que supone la destrucción de una zona de 105 metros de frente, destrozando así el corazón del barrio", arguyó González Móstoles.

Alfonso Grau, primer teniente de alcalde de Valencia, replicó que el equipo de gobierno tiene a su favor nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano y tres del Supremo en relación con la validez del plan y dejó caer de nuevo que los socialistas cuando gobernaron Valencia apostaron por la prolongación de la avenida.

El socialista González Móstoles negó ese extremo y replicó que la última sentencia del Tribunal Supremo, de 2009, que ha dado pie a la orden de Cultura, es la última. "Todas hieren pero la última mata", replicó el concejal a Grau echando mano de un aforismo latino referido a las horas.