Ciegsa podrá eludir la ley de contratos al construir colegios

"Las encomiendas que se le puedan conferir por parte de la Consejería de Educación a esta sociedad quedarán excluidas de la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público". Un acuerdo del Consell del pasado 19 de febrero convierte la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), encargada hasta ahora de licitar y adjudicar la construcción de centros educativos, en un "medio propio y servicio técnico" de la Generalitat que ejecutará los encargos de la Consejería de Educación y no estará obligado a los procedimientos de licitación previstos por la Ley de Contratos del Sector Público. Así lo reveló ayer la diputada socialista Ana Noguera, que calificó la maniobra de "alegal" si lo que pretende es que Ciegsa haga de constructora de los colegios e institutos.

"Ciegsa cuenta con arquitectos y técnicos para supervisar las obras, pero carece de albañiles, electricistas o fontaneros para construirlas", advirtió Noguera, para añadir que eso implica que tendrá que recurrir a subcontratar los trabajos, con la pretensión del Consell de que esas subcontrataciones se hagan a dedo. "Intentan burlar la ley, vulnerar la concurrencia pública y la publicidad en la presentación y evaluación de ofertas", aseguró la diputada socialista. Lo que añade más "oscurantismo" al que ya existe en el funcionamiento de esta empresa pública.

Noguera, que ha criticado reiteradamente el endeudamiento de Ciegsa, que alcanza los 2.400 millones de euros, los altos sobrecostes de sus licitaciones y la opacidad de su actuación, anunció la presentación de una pregunta urgente al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, para que ofrezca explicaciones de una modificación de estatutos que también otorga voto en el consejo de administración al gerente de la empresa, José Luis López Guardiola. Hasta ahora tenía voz pero no voto.Como explicación a la modificación de estatutos de Ciegsa, Ana Noguera recordó que la sociedad no ha publicado un concurso con el objetivo de licitar la construcción de centros educativos desde el pasado mes de noviembre. En opinión de la diputada socialista, esto obedece al hecho de que las empresas adjudicatarias saben que no van a cobrar o que van a tardar mucho en hacerlo, dada la complicada situación económica que registra la empresa pública.

"Ciegsa está en bancarrota", aseguró Noguera, "y lo lógico habría sido cerrarla y replantearse la política de construcciones educativas". Si no se ha hecho y el Consell ha optado por convertirla en un medio propio y servicio técnico, "como los bomberos", quiere decir que se opta por adjudicar "a dedo" las obras a determinadas empresas. La pregunta, según la diputada, es "a cambio de qué sobrecostes" estarán esas empresas dispuestas a asumir la construcción de centros educativos.

El acuerdo del Consell del 19 de febrero implica la modificación de media docena de artículos de los estatutos sociales de Ciegsa, aunque el cambio fundamental consiste en la transformación de la naturaleza misma de la sociedad.

La modificación de la denominación de Ciegsa, explicó la diputada socialista, va unida a una variación de las funciones del gerente, al que ahora se da también voto, y del consejo de administración, que podrá asumir algunas funciones ahora reservadas al consejero de Educación.

"Una cacicada"

Sin embargo, lo más importante es que convierte a esta entidad en "una constructora privada que hace lo que le da la gana", señaló Noguera en declaraciones a la agencia Efe. "Esto es una cacicada total", añadió. "Si ya era difícil hacer un seguimiento de expedientes a los que no tenemos acceso, a partir de ahora ya no veremos nada", porque las licitaciones ya no tendrán que ser publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

La empresa Ciegsa, cuya deuda acumulada para la construcción de colegios e institutos supera el endeudamiento general de 10 comunidades autónomas españolas, es señalada en los informes anuales de la Sindicatura de Comptes por los sobrecostes que reiteradamente registran sus contratos, aunque sólo evalúe una selección aleatoria de los mismos.