Carlos Fabra lleva ya seis años bajo investigación judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó, hace unas semanas, a España por la demora de cuatro años con la que el Tribunal Supremo resolvió un recurso sobre un litigio comenzado diez años atrás. Fue una cuestión civil sobre la que se sucedieron las resoluciones judiciales, pero existen otros muchos casos en los que la lentitud de la justicia no se limita a este periodo procesal.

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, está siendo investigado por varios presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias y cohecho, entre otros) y por fraude fiscal. Hace ahora seis años que el juzgado de Nules registró la querella presentada por el empresario Vicente Vilar que le acusaba de cobrar cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El proceso está, prácticamente, en la primera parte del procedimiento, en el momento en el que, tras admitir la existencia de indicios sobre un presunto delito, se emprende la investigación. Las pesquisas duran ya seis años y el grueso del llamado caso Fabra no ha pasado de ese punto, de la imputación. Ni archivo, ni acusación. Mientras, el dirigente del PP de Castellón ha declarado haberse sentido "absuelto" por las urnas.

La investigación fue fructífera, sobre todo, en los primeros años. Vicente Vilar fue acompañando sus acusaciones con documentos. Presentó escritos de diputados populares y de distintos cargos en los ministerios de Sanidad y Agricultura del gobierno de José María Aznar en los que se demostraba el interés y la "preocupación" por unos determinados productos fitosanitarios. Provocó la declaración de cuatro ex ministros que ratificaron la existencia de dicho "interés". También mostró facturas de joyas y relojes supuestamente regalados a Fabra y a sus "mediadores". Y facturas firmadas por el propio presidente provincial del PP, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías. Mientras, la Agencia Tributaria presentó una denuncia por fraude fiscal y por el desfase hallado entre sus ingresos declarados y los movimientos en sus cuentas. Hasta 600.000 euros, de los que se le imputaron directamente 300.000. Aún no ha justificado su origen.Fue a finales de 2005 cuando el juzgado decidió que la investigación se extendiera a toda la familia Fabra al considerar que, en este tipo de casos, no resulta "infrecuente" que el lucro obtenido se "trate de ocultar en la esfera familiar". Para la elaboración del informe pericial que rastreara ingresos, gastos y patrimonio entre 1999 y 2004 se designó a dos inspectores de Hacienda adscritos al Banco de España, ya que la fiscalía anticorrupción tiene firmado un convenio de colaboración con la entidad para investigaciones y peritajes.

Algunos bancos y cajas se mostraron más reticentes que otros a la hora de aportar documentación, pero también tardó en llegar la orden de que fuera la policía judicial la que acudiera a las entidades a exigir la información y el Banco de España nunca llegó a advertirles de su deber de colaboración con la justicia. El caso es que cuatro años después, el informe aún no ha sido entregado al juzgado. Sí se aportaron las relaciones de cuentas de los miembros de la familia, sus declaraciones de hacienda y su patrimonio, pero no el análisis que determine si con los ingresos que declararon se conrresponden con el patrimonio y gastos detectados.

Otro de los motivos que se achacan al lento procedimiento al que está siendo sometido Carlos Fabra es el continuo tránsito de jueces y fiscales que han formado parte de la instrucción del caso. Hasta ahora han sido nueve jueces y cuatro fiscales. En el caso de los jueces, el hecho de que el de Nules sea un juzgado de paso hacia el ascenso a magistrados es el origen de la mayoría de los cambios, que han conllevado sus correspondientes sustituciones. En el de los fiscales, después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el caso, apartando así al fiscal jefe de Castellón, el tránsito ha sido por el abandono de los representantes públicos hacia otras actividades profesionales. En este momento, existe un juez titular, Jacobo Pin, que aunque fue cuestionado por sus vinculaciones personales con el PP, ha adoptado ya algunas iniciativas. El nombramiento del actual fiscal, Luis Pastor, también resultó polémico ya que éste había trabajado como asesor para dos ministros del PP. Pastor lleva ya tres años como representante de Anticorrupción en el caso Fabra y, poco a poco, su trabajo ha sido más activo.

Carlos Fabra tampoco ha renunciado a su derecho a recurrir y recurrir cada una de las determinaciones adoptadas por el juzgado. Los recursos no deberían paralizar el procedimiento pero, en el caso de muchos jueces, la admisión de pruebas puede demorarse. Uno de estos recursos fue al que se acogió el presidente de la Diputación de Castellón para evitar el interrogatorio sobre la acusación de fraude fiscal por la que, de momento, no ha prestado declaración aunque, públicamente, siempre ha negado tanto el fraude como el incremento patrimonial.

Existe otra causa abierta contra Carlos Fabra. Los jueces se negaron a unir las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho con una supuesta falsificación de análisis de los productos fitosanitarios que ha sido investigada en otro juzgado. En este procedimiento, la investigación ya ha finalizado y, ante los indicios de delito, las partes ya han presentado sus escritos de acusación. La fiscalía anticorrupción, pide dos años de cárcel para el dirigente popular y presidente de la Diputación. El asunto, que comenzó a investigarse dos años después de las anteriores acusaciones, podría, en breve, sentar a Fabra en el banquillo.