Estados Unidos deportó a migrantes a Irán y Venezuela a pesar de tener planes de una intervención militar

En su empeño por llevar a cabo la mayor deportación de la historia, Donald Trump no ha reparado en enviar a cientos de miles de migrantes a los países de los que huían, aun sabiendo que podrían ser perseguidos nada más aterrizar. En dos casos, sin embargo, había certeza de que se enviaban a zonas de conflicto, ya que Estados Unidos lanzó ataques militares contra sus Gobiernos. El 3 de enero, Trump ordenó la intervención militar en Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y el 28 de febrero bombardeó Irán junto a Israel, matando a su líder Alí Jameneí y desatando un conflicto que se ha extendido por toda la región de Oriente Próximo y no tiene visos de concluir pronto. En los meses anteriores a ambas acciones, decenas de vuelos aterrizaron con migrantes deportados en los dos países.

En el caso de Irán, la Administración Trump puso fin a una política de décadas de no deportar a sus ciudadanos y darles asilo en Estados Unidos para evitar que regresaran a uno de los países con uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo. El 28 de septiembre se realizó el primer vuelo de deportaciones en años a Teherán. Fue vía Qatar para aterrizar luego en la capital iraní. Fue uno de los traslados de migrantes más controvertidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca e inició su cruzada antiinmigración. Viajaban 120 iraníes, incluidas tres mujeres. El peligro de estar en Irán ya se había hecho evidente meses antes, cuando en junio bombarderos y submarinos estadounidenses atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán. La guerra, que inició Israel al bombardear posiciones militares en Irán, duró 12 días.

En diciembre se produjo el segundo vuelo con iraníes y, en enero, el tercero, ambos a través de Kuwait. La violenta represión del régimen iraní contra las manifestaciones que se produjeron en enero y que provocó unos 30.000 muertos no frenó la decisión de la Casa Blanca de trasladar allí a sus ciudadanos. “No tenía sentido enviarlos. Si la postura de Estados Unidos es que el régimen iraní es represivo y antidemocrático, el hecho de que negociáramos con ellos sobre nuestra política migratoria es sorprendente. La idea de que Estados Unidos considere a Irán un lugar seguro para enviar a alguien choca con la postura política hacia ese país de las últimas décadas”, opina Rebekah Wolf, abogada del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Dos de los clientes de Wolf estuvieron a punto de subir a esos vuelos las tres veces. Llegaron a Estados Unidos en enero de 2025 y han estado detenidos desde entonces. Huyeron de Irán por la persecución que sufrieron por ser homosexuales, pero vieron su petición de asilo en Estados Unidos denegada por un juez de inmigración que no permitió la presencia de testigos en su juicio. Tampoco tenían abogados. El 28 de septiembre embarcaron en el avión que los llevaría a Irán junto con más de un centenar de deportados, pero el vuelo era comercial y el piloto, al ver su resistencia, se negó a llevarlos, según cuenta su abogada. También intentaron deportarlos en los otros dos vuelos cuyo destino final era Teherán, pero por la presión política y social que despertó su caso aún están en suelo estadounidense, esperando que se decida su apelación de los fallos. Si llegan a ser deportados, enfrentan la muerte, porque en Irán pertenecer al colectivo LGTBQ es ilegal y se paga con la pena capital.

Ambos obtuvieron un orden temporal que impide por el momento la deportación. “Tienen un proceso penal abierto en Irán por ser homosexuales. Serán encarcelados y ejecutados si los deportan. No es una suposición, está claro que eso es lo que sucederá. Cada vez que se enfrentan a una deportación inminente, sufren un impacto terrible en su salud mental”, apunta Wolf. La abogada confía en que la guerra frene por ahora los planes de devolverlos a ese país. Mientras se deciden sus casos, ambos están detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de ellos se encuentra hospitalizado por el daño que sufrió en varios órganos cuando fueron atacados en México, antes de cruzar la frontera.

En el caso de Venezuela, los planes de la intervención militar no impidieron que se realizaran deportaciones a ese país antes ni después, excepto por un breve periodo de tiempo. Según la organización Human Rights First, hasta el 20 de enero Estados Unidos realizó 78 vuelos a Venezuela en los que deportó a casi 15.000 venezolanos. Solo en enero, nada más atacar a su Gobierno, se realizaron siete vuelos para deportar a 1.509 ciudadanos del país latinoamericano. La frecuencia era de dos vuelos semanales, que fueron interrumpidos entre el 10 de diciembre y el 16 de enero. A partir de esa fecha, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha accedido a recibir tres vuelos semanales.

La mayoría de los vuelos de deportación han sido directos desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. A partir de febrero de 2025, se realizaron algunos vuelos mediante una escala en la base militar estadounidense de Soto Cana, en Honduras, pero estos se suspendieron a mediados de agosto de 2025. Si los tres vuelos semanales se convierten en algo usual, Estados Unidos deportará a casi 30.000 venezolanos este año, aproximadamente el doble que el año pasado, según expertos en migración. Estados Unidos y Venezuela anunciaron el jueves que han retomado las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El deseo de la Administración de Trump de expulsar a la comunidad venezolana se hizo evidente cuando se eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) de sus ciudadanos, dejando a unos 650.000 venezolanos sin el permiso a residir en EE UU. El TPS es un programa que otorga estatus legal temporal y renovable a migrantes de países que experimentan conflictos armados, desastres ambientales y otras condiciones violentas.

Después de la captura de Maduro y Flores, que esperan juicio encerrados en una cárcel de Nueva York, políticos y defensores de los migrantes han criticado la continuación de las deportaciones. El senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, calificó de “hipocresía” que el presidente Trump levantara el TPS para los venezolanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas, al tiempo que emitía advertencias a los estadounidenses para que no viajen al país. “Esta es una situación en la que estamos siendo cómplices de continuas violaciones de los derechos humanos, y eso debe terminar”.