Una jueza se inclina por ordenar que la Administración financie un programa de ayuda alimentaria pese al cierre del Gobierno

Una jueza federal ha mostrado este jueves que se inclina por ordenar que el Gobierno de Donald Trump debe continuar financiando el programa de cupones de alimentos del cual dependen 42 millones de estadounidenses. La Administración del republicano confirmó el fin de semana pasado que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se quedaría sin fondos el próximo 1 de noviembre debido al cierre del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo de la historia con 30 días, a solo seis jornadas de tomar el primer lugar.

Al anunciar su decisión de suspender el programa que ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos, el Gobierno de Trump argumentó que no podía recurrir a fondos de contingencia para mantenerlo en funcionamiento durante el tiempo que continúe el cierre de la Administración porque ese dinero está reservado para emergencias como desastres naturales. A la vez, insistió en que no cuenta con suficiente dinero para suministrar los aproximadamente 8.000 millones de dólares necesarios para costear el programa en todo el país el próximo mes.

La jueza federal de distrito de Massachusetts Indira Talwani discrepó. “Me cuesta entender cómo esto no es una emergencia, cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus prestaciones SNAP”, dijo este jueves durante una audiencia en un litigio presentado por una coalición de 25 Estados demócratas y el Distrito de Columbia. La magistrada, nombrada por el expresidente Barack Obama, añadió que el Gobierno de Trump tendrá que “averiguar cómo van a estirar ese dinero de emergencia por ahora”.

“Si no tienes dinero, te aprietas el cinturón”, señaló la jueza Talwani. “No vas a dejar que todos se mueran porque esto sea un juego político”.

SNAP ayuda a las personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos, proporcionándoles prestaciones electrónicas que pueden utilizarse en los comercios participantes. Los Estados son responsables de la administración diaria de las prestaciones, que son abonadas mensualmente por el Gobierno federal. Si se suspende en noviembre, sería la primera vez en los 60 años de historia del programa que no se realizan los pagos debido a una pausa en las asignaciones presupuestarias de la Administración federal. Se han presentado otras demandas para frenar la interrupción del programa, incluida una presentada el jueves en Rhode Island por una coalición de ocho ciudades y organizaciones comunitarias, empresariales y sindicales.

El programa cuenta con un fondo de contingencia que sirve como reserva destinada a mantener las prestaciones durante los déficits de financiación a corto plazo. En la actualidad, tiene más de 5.000 millones de dólares disponibles. El Gobierno de Trump previamente aseguró que utilizaría ese dinero para evitar cualquier interrupción en el programa durante el cierre gubernamental, que comenzó el 1 de octubre. Sin embargo, luego dio marcha atrás, alegando que no podía destinar esos fondos a financiar los cupones de alimentos porque estaban reservados para catástrofes naturales como “huracanes, tornados e inundaciones”. A la vez, advirtió a los Estados que no les reembolsaría si intentaban financiar el programa por su propia cuenta.

Los Estados y territorios demócratas que presentaron la demanda en el tribunal de Massachusetts sostienen que se deben utilizar los fondos de contingencia para mantener el programa a flote. “Debido a las acciones del [Departamento de Agricultura, USDA], los beneficios del programa SNAP se retrasarán por primera vez desde la creación del programa”, escribieron en la demanda de 51 páginas. “Peor aún, el USDA suspendió los beneficios del SNAP a pesar de que, según la información disponible, cuenta con fondos suficientes para financiar la totalidad o al menos una parte sustancial de los beneficios del SNAP de noviembre”.

Los demandantes también afirman que el Gobierno podría recurrir a otro fondo del Departamento de Agricultura en el que, hasta principios de octubre, había 23.000 millones de dólares. Solo hace unas semanas la Casa Blanca usó esa misma partida presupuestaria para evitar la interrupción de otro programa federal de ayuda alimentaria para mujeres embarazadas y niños de bajos ingresos, conocido como WIC, durante el cierre gubernamental.

Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia sostienen que el Departamento de Agricultura carece de autoridad para desembolsar fondos para las prestaciones hasta que el Congreso apruebe una ley de gastos que ponga fin al cierre. Las negociaciones continúan en el Capitolio sin un acuerdo a la vista.

El partido del presidente Trump insiste en culpar a los demócratas por el cierre y, por extensión, por la posible suspensión de SNAP. Los republicanos continúan acusando falsamente a los demócratas de querer financiar la atención médica para los inmigrantes indocumentados, algo que está prohibido bajo la ley federal. Mientras, los legisladores del Partido Demócrata se niegan a aprobar un presupuesto que no incluya una prórroga de los subsidios para los seguros médicos aprobados durante la pandemia.