Trump y su orden ejecutiva para eliminar la protección sindical: ¿qué cambia para los trabajadores?

En un momento clave para los derechos de los trabajadores federales, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington ha permitido que entre en vigor una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que aborda los derechos de negociación colectiva de los empleados federales. Con la sentencia de este viernes, el esfuerzo de la Administración para limitar a los sindicatos a nivel federal ahora puede seguir adelante, al menos temporalmente, mientras continúan los desafíos legales.

Trump emitió en marzo la orden, que justificó por motivos de seguridad nacional, para eliminar la protección sindical de cientos de miles de empleados federales. La Administración argumenta que la medida es necesaria para racionalizar la fuerza de trabajo federal y garantizar que el Gobierno funcione eficazmente en asuntos relacionados con la seguridad nacional. Sin embargo, los líderes sindicales lo ven como un intento de castigar a los sindicatos y facilitar los despidos masivos en la función pública.

Un tribunal dividido

La decisión del tribunal de apelación estuvo dividida. Los jueces Karen Henderson y Justin Walker, nombrados respectivamente por los presidentes republicanos George H. W. Bush y Donald Trump, se pusieron del lado de la Administración. La jueza J. Michelle Childs, demócrata nombrada por Biden, se mantuvo en contra y acusó a Henderson y Walker de socavar décadas de protecciones laborales.

Aún no se ha rescindido formalmente ningún convenio colectivo y la Oficina de Gestión de Personal (OPM) ha dado instrucciones a los organismos para que no quite certificaciones a los sindicatos ni rescindan los contratos mientras dure el litigio.

Sin embargo, a pesar de las directrices de la OPM, muchos organismos ya han empezado a ignorar disposiciones clave de los contratos sindicales, a dejar de participar en procesos de arbitraje e incluso a suspender la deducción automática de las cuotas sindicales de las nóminas. Estas medidas, aunque no son despidos formales, debilitan el poder de los sindicatos y socavan su capacidad para representar a los empleados.

Antisindicalización

La orden ejecutiva de Trump se basa en una disposición poco utilizada de la Ley de Reforma de la Función Pública de 1978, que permite ciertas exenciones a la negociación colectiva en áreas de seguridad nacional. Las administraciones anteriores han utilizado esta cláusula de forma restrictiva —aplicándola a agencias como el FBI o la CIA—, pero la orden de Trump amplía drásticamente la definición, y elimina potencialmente las protecciones de los empleados de agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Agencia de Protección Ambiental (EPA), Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Energía.

De hecho, la Administración ya ha presentado una demanda ante un tribunal de Kentucky para poner fin al convenio colectivo en el IRS, con el argumento que el trabajo del Servicio está vinculado a la seguridad nacional. El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), que representa a los trabajadores del IRS, sostiene que se trata de una extralimitación y advierte de que el objetivo más amplio de la Administración es restar poder a las organizaciones sindicales federales en general.

En su argumento en contra, la jueza Childs rechazó la noción de que la administración Trump sufriría un daño irreparable si la medida cautelar preliminar se mantuviera en vigor. Señaló que el Gobierno federal ha operado con la negociación colectiva desde la década de 1970, y que continuar con esta práctica durante el litigio no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional.

El historial de Trump

Desde su primer mandato, Donald Trump ha implementado medidas antiobreras, y ha priorizado los intereses corporativos por encima de los derechos laborales. Su Administración ha debilitado a los sindicatos mediante la designación de jueces y funcionarios federales con posturas antisindicales, ha promovido políticas que facilitaron el despido de trabajadores en huelga y ha restringido las protecciones laborales, como la exclusión masiva de empleados de las normas de pago de horas extras y la reducción de la vigilancia en seguridad laboral. Además, Trump se ha opuesto a leyes clave que buscaban restaurar los derechos sindicales y aumentar el salario mínimo, mientras que fomentó la deslocalización de empleos al otorgar millonarios contratos federales a empresas que trasladaban puestos de trabajo fuera del país.

Durante la pandemia de la Covid-19 se evidenció aún más su desprecio por la seguridad y el bienestar de los trabajadores esenciales, al no garantizar el equipo de protección adecuado ni apoyos salariales para quienes enfrentaban mayores riesgos. Su administración debilitó las normas de seguridad en los lugares de trabajo y rechazó medidas legislativas destinadas a mejorar las condiciones de los empleados. Estas acciones erosionaron las capacidades de los trabajadores para negociar mejoras salariales, beneficios y condiciones laborales.