Qué es el DOGE, el departamento de Elon Musk que hace recortes a nivel federal

El impacto del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se encuentra en la mira constante desde que dio inicio la nueva Administración de Donald Trump. Elon Musk, aliado cercano del presidente desde su campaña, ha tomado un papel clave en el Gobierno como el encargado de esta iniciativa, responsable de sus controvertidas decisiones sobre otros departamentos, que van desde despidos masivos, acceso sin precedentes a sistemas federales a la rescisión de contratos federales.

¿Qué es el DOGE y qué hace?

Es un departamento nuevo creado por la segunda administración de Donald Trump, cuyo objetivo es reducir el gasto federal y racionalizar las operaciones gubernamentales. Aunque tiene el apoyo de la mayoría de miembros del partido republicano, gran cantidad de demócratas han alzado la voz y han señalado sus acciones como ilegales y perjudiciales para los trabajadores federales. Está previsto que el DOGE se disuelva el 4 de julio de 2026, pero sus acciones y liderazgo han provocado reacciones divididas, desafíos legales y agitación política.

De acuerdo con la orden ejecutiva que creó el departamento, la misión principal del DOGE es reducir el gasto público, modernizar la tecnología federal y aumentar la eficiencia de la administración pública. La iniciativa sitúa “equipos DOGE” en varios organismos federales para supervisar los recortes presupuestarios, las reducciones de personal y las actualizaciones tecnológicas. Uno de sus principales objetivos es eliminar los organismos y programas gubernamentales “redundantes”, mientras consolida al mismo tiempo las funciones administrativas de los distintos departamentos.

A pesar de sus objetivos declarados de eficiencia, la iniciativa ha sido acusada de sobrepasar su autoridad legal. La administración Trump afirma que el DOGE ya ha ahorrado miles de millones de dólares al Gobierno, aunque análisis independientes han puesto en duda estas cifras. Musk ha defendido la necesidad de estos recortes, afirmando que son esenciales para evitar la “bancarrota” del país, justificando así decisiones drásticas como la eliminación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la toma de control de instituciones como el Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP).

Medidas adoptadas por el DOGE

Desde su creación, el DOGE ha llevado a cabo estrategias de reestructuración en múltiples agencias federales:

• Despidos masivos: Decenas de miles de empleados federales, incluidos los de departamentos clave como Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración Federal de Aviación (FAA), han sido despedidos de acuerdo con las políticas de reducción de plantilla del DOGE.
• Acceso a sistemas federales: El DOGE ha obtenido acceso informático a sistemas de varios organismos, lo que representa problemas de seguridad en relación con datos gubernamentales clasificados.
• Rescisión de contratos federales: El DOGE ha anulado múltiples contratos gubernamentales, incluidos programas medioambientales, iniciativas de diversidad e incluso una exposición dedicada al Dr. Anthony Fauci en los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
• Toma de control de agencias: A pesar de los intentos legales para frenar la eliminación de USAID, el DOGE ha logrado desmantelar la agencia, aunque un fallo judicial reciente ha ordenado detener su cierre definitivo. En una acción altamente polémica, el DOGE ocupó el USIP con ayuda de la policía, lo que ha generado una demanda judicial y críticas por el uso de la fuerza en un organismo de paz.
• Reformas en Seguridad Social: Una de las medidas más controvertidas ha sido la eliminación del acceso telefónico para inscribirse o modificar información en la Seguridad Social, lo que expertos advierten podría exponer a adultos mayores a fraudes y dificultar el acceso a sus beneficios.
• Eliminación de medidas de seguridad bancaria: El DOGE también eliminó el período de espera de 30 días para cambios en cuentas bancarias de beneficiarios de la Seguridad Social, lo que podría facilitar fraudes.

El DOGE se ha enfrentado a un intenso escrutinio tanto por parte de expertos jurídicos como de líderes políticos. Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa es su estructura directiva. Aunque Donald Trump ha declarado públicamente que el empresario Elon Musk está “al mando” del DOGE y se ha presentado como su portavoz en reuniones con otros miembros del Gobierno, la Casa Blanca ha negado que Musk tenga ninguna autoridad formal dentro de la iniciativa. Además, han surgido preocupaciones sobre conflictos de intereses debido a los tratos comerciales de Musk con el Gobierno federal, incluidos miles de millones de dólares en contratos gubernamentales concedidos a sus empresas (SpaceX, Tesla, X, entre otras).

Entre las críticas, se menciona que el DOGE opera fuera de los límites constitucionales al intentar tomar decisiones presupuestarias unilaterales, un poder que está constitucionalmente reservado al Congreso. Juristas han advertido de que se avecina una crisis constitucional, ya que ni el DOGE ni el presidente tienen autoridad para recortar unilateralmente el gasto público.

Demandas

El DOGE actualmente enfrenta múltiples demandas, centradas principalmente en su supuesta extralimitación en la reestructuración del Gobierno. Las batallas legales incluyen:

• Impugnaciones de los despidos: los sindicatos de empleados federales han presentado demandas para bloquear los despidos masivos, con el argumento que los despidos violan las leyes federales de empleo.
• Acceso a los sistemas federales: expertos jurídicos han alertado sobre el acceso del DOGE a información clasificada, en particular en organismos como el Departamento de Estado y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO).
• Disputas por la rescisión de contratos: varias organizaciones —entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU)— han impugnado la rescisión de contratos federales, alegando la tergiversación de los ahorros y la vulneración de las garantías procesales.
• Cuestiones de transparencia: la exención del DOGE de las leyes de divulgación pública ha provocado acciones legales por parte de organizaciones de vigilancia que exigen responsabilidades.
• Violación de la separación de poderes: Un fallo judicial reciente determinó que la eliminación de USAID sin la aprobación del Congreso violaba la Constitución.
• Uso indebido de la fuerza: La ocupación del USIP por parte del DOGE ha sido criticada por el uso de policías armados para desalojar empleados de la institución, generando preocupación sobre la legalidad de estas acciones.
• Desprotección a ciudadanos vulnerables: La eliminación del acceso telefónico a la Seguridad Social y los cambios en medidas de seguridad bancaria han sido cuestionados por organizaciones como AARP, que advierten sobre el impacto negativo para los adultos mayores.

Mientras que muchos republicanos apoyan la iniciativa, y la han señalado como una medida necesaria para reducir lo que han llamado “el despilfarro gubernamental”, los demócratas y algunos expertos jurídicos la han criticado como una extralimitación inconstitucional. El senador Bernie Sanders expresó inicialmente su interés por los recortes del presupuesto de defensa propuestos por el DOGE, pero más tarde denunció toda la iniciativa como ilegal y perjudicial para los empleados federales. Las protestas contra el DOGE han estallado en todo el país, con manifestantes que acusan a la iniciativa de ser un “golpe de Estado corporativo” diseñado para erosionar los puestos de trabajo del sector público y consolidar el poder entre las empresas privadas.