Inseguridad, ansiedad y miedo: aumentan los problemas de salud mental entre los migrantes

Hace tiempo que Donald Trump decidió que el enemigo número uno de Estados Unidos son los migrantes indocumentados, a quienes ha llamado desde asesinos hasta violadores. Y la solución, según él, a esos problemas es expulsarlos del país. La realidad, sin embargo, es que millones de personas con un historial delictivo inexistente viven ahora bajo el temor de ser deportados. Las amenazas de una deportación masiva están perjudicando la salud mental de los afectados y de sus allegados, que ya de por sí sufren más presión psicológica que el resto de la población. Las organizaciones y los profesionales que ofrecen servicios a los migrantes han percibido un aumento de estrés, ansiedad y depresión entre sus pacientes, causado, sobre todo, por la incertidumbre de lo que va a pasar cuando el republicano asuma el poder el 20 de enero.

“He observado un aumento significativo en el miedo a la deportación entre mis pacientes. Muchos han expresado una mayor ansiedad por ser detenidos y deportados, lo que los ha llevado a evitar salir en público. Esta atmósfera recuerda el período en que las redadas del sheriff Joe Arpaio causaron angustia generalizada en la comunidad”, sostiene Suzana Adams, psicóloga de Phoenix cuyos pacientes son en su mayoría latinos.

El que fue sheriff del condado de Maricopa, Arizona, por 24 años debe su celebridad a la política antiinmigrante que aplicó hasta que perdió su reelección en 2016 y que estuvo definida por la persecución y detención indiscriminada de latinos. En su primera gran entrevista desde que ganó las elecciones, Trump ha reiterado su intención de lanzar una deportación masiva. Los primeros a ser expulsados, ha asegurado, serán los que han cometido delitos, pero seguirá con el resto de los indocumentados. “Creo que hay que hacerlo”, confirmó en la entrevista emitida el domingo en el programa Meet the Press de la NBC. Se estima que hay 11 millones de personas que no tienen papeles viviendo en el país.

El miedo a las redadas, a salir un día de casa para ir a trabajar y no regresar; la angustia de pensar que no van a volver a ver a sus hijos; el temor de que sus padres sean detenidos y queden desamparados; la angustia ante la perspectiva de regresar a un lugar del que huyeron … El nivel de estrés que soportan muchas familias migrantes no ha hecho más que aumentar desde que Trump ganó las elecciones. Es casi imposible evitar que vuelvan a la memoria las escenas dramáticas de familias separadas ocurridas en su primer mandato. Las dificultades legales, presupuestarias y logísticas que conlleva una operación de esa envergadura no mitigan el miedo que causan las amenazas.

“Con la retórica de la nueva Administración, los inmigrantes necesitan acceder a los servicios de salud mental por la ansiedad e incertidumbre que están experimentando”, apunta Jenifer García Mendoza, directora de programas de salud mental de United We Dream (UWD). Su organización, que se dedica a proteger y defender los derechos de los migrantes jóvenes, realiza desde hace nueve años una encuesta junto a otras organizaciones que muestra los efectos negativos que tiene en la salud mental la precaria situación en la que se encuentran los migrantes beneficiados por DACA. Este programa permite la residencia a más de medio millón de extranjeros que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños, los llamados dreamers, que tienen que renovar el permiso cada dos años.

‘Acciones, no palabras’

En su reciente entrevista, el republicano rebajó por primera vez sus amenazas contra este grupo y afirmó que pretende buscar un acuerdo con los demócratas para permitir que permanezcan en el país. Los defensores de los dreamers, sin embargo, desconfían de sus planes. “Las acciones hablan más que las palabras, y el historial de Donald Trump en atacar DACA, alimentar la desinformación y la violencia y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios se remonta a su primer día en el cargo hasta el día de hoy”, respondió UWD en un comunicado, atribuido a Bruna Sollod, directora de política.

Trump ya intentó acabar con el programa DACA durante su primer mandato, pero el Tribunal Supremo lo impidió. Ahora está paralizado por una orden judicial que respondió a una demanda interpuesta por varios Estados gobernados por republicanos liderados por Texas, que lo consideran ilegal. Para creer en sus palabras, “Trump debería llamar inmediatamente a sus aliados en Texas para que abandonen la demanda contra DACA y detengan ahora su agenda de deportaciones y detenciones masivas”, dijo el comunicado.

Un tribunal de apelaciones lleva el caso ahora y lo más probable es que ratifique su ilegalidad, con lo que acabaría en manos del Supremo. El Alto Tribunal, en el que los seis jueces conservadores (tres de un total de nueve jueces fueron nombrados por Trump) tienen mayoría.

“Todos pasamos por la Administración Trump la primera vez. Y por eso estamos muy familiarizados con lo que es y nos tomamos muy en serio sus promesas de deportación masiva”, reconoce Karen Fierro Ruiz, directora de Política y Defensa Federal de UWD y beneficiaria de DACA. “La salud mental y el acceso a los servicios es definitivamente algo en lo que sé que muchos de nuestros miembros están pensando, especialmente por lo que nos espera con la próxima Administración”, añade.

La edad promedio de cuando ingresaron en Estados Unidos es de 6,6 años y llevan una media de 25 residiendo en el país. Muchos ya han formado familias y sus hijos (e incluso nietos, en algunos casos) son ciudadanos estadounidenses. El último informe, realizado junto a otras organizaciones, publicado en marzo, muestra que el 70,7% de los dreamers admite que al menos una vez al día piensa en que puede ser deportado y ser separado de sus hijos.

Casi 9 de cada 10 encuestados admitieron estar preocupados con su seguridad física o la de su familia, su capacidad para acceder a atención médica o educación, el riesgo de inseguridad alimentaria o el riesgo de quedarse sin hogar si son deportados.

Tensión en la familia

Las amenazas de deportación no solo afectan a los migrantes susceptibles de ser expulsados, sino que contagian el miedo a todo el círculo familiar. Surgen las dudas de qué hacer con los hijos si los padres son expulsados y las polémicas decisiones de si quedarse o irse del país antes de que ocurra una separación imprevista.

“He sido testigo del profundo impacto que este miedo tiene en las familias. Algunos pacientes han abandonado el país de forma preventiva para evitar la deportación, optando por reestructurar sus vidas con otros familiares en el extranjero. Estas decisiones suelen generar conflictos familiares internos, ya que algunos miembros prefieren quedarse, mientras que otros se sienten obligados a irse”, explica Adams.

Las discusiones sobre cómo actuar afectan al ambiente familiar y acaban perjudicando a los más pequeños. “Este entorno impulsado por el miedo ha resultado en familias fragmentadas, relaciones tensas y angustia emocional significativa, particularmente para los niños que viven en constante miedo”, añade Adams.

Aunque la angustia es denominador común para todos los indocumentados y sus familias, la situación no es igual en todo el país. En los Estados en los que hay más oposición a los planes antiinmigración de Trump, como California, los migrantes se sienten más protegidos y los terapeutas no han registrado tanto aumento de consultas. Sin embargo, la tensión es palpable. “Ahora hay mucha preocupación, todo es un poco caótico porque no sabemos exactamente lo que va a pasar”, afirma William Martínez, psicólogo y director de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de California San Francisco (UCSF), que ofrece servicios a los migrantes.

“Hay mucha desinformación, incertidumbre y eso está creando ansiedad”, asegura. Normalmente, el porcentaje de jóvenes migrantes que necesitan ayuda psicológica es del 25% al 30% y la probabilidad de sufrir depresión es superior a la del resto.

Martínez teme que por el miedo a la deportación, los migrantes dejen de acudir a los servicios públicos que necesitan, como la atención médica. Por eso su labor principal ahora es de información. “Por lo menos en un Estado como California pueden acceder a servicios sin tener la ansiedad o el temor de que les vayan a deportar”, dice, aunque en seguida añade un “por ahora”, que plasma la preocupación de lo que el nuevo mandato de Trump pueda deparar.

San Francisco es una ciudad santuario, que protege a los migrantes, pero también lo es Nueva York y su alcalde, Eric Adams, declaró esta semana que colaborará con el Gobierno federal en el plan de deportaciones de Trump.

El último signo de que el republicano no tiene intención de parar sus planes fue la elección el viernes pasado de dos nuevos nombramientos. Rodney Scott, jefe de la Patrulla Fronteriza, y Caleb Vitello, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), estarán al cargo de las unidades operativas para sus planes.

“Es profundamente preocupante para los millones de familias en todo nuestro país que viven con miedo a la separación y la deportación”, declaró en un comunicado la organización American Families United en respuesta al anuncio. “Estas nominaciones señalan un compromiso peligroso de continuar e incluso intensificar esas políticas. Rodney Scott, que ha supervisado las políticas que han llevado a la separación de familias en la frontera, y Caleb Vitello, cuya postura sobre la aplicación de la ley ha dejado claro que prioriza las redadas y los arrestos por encima del bienestar de las familias estadounidenses, no son los líderes que nuestra nación necesita”, añade. Los nombramientos se unen a los ya elegidos para dirigir la política migratoria Tom Homan, Stephen Miller y Kristi Noem, defensores de la deportación masiva y, en el caso de los dos primeros, arquitectos de la política que llevó a la separación de familias en el primer mandato. La elección de Scott y Vitello sólo añade más leña al fuego.