Un tribunal de apelaciones decide la legalidad del programa DACA

Este jueves 10 de octubre un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, oirá los argumentos para mantener el programa DACA, actualmente bloqueado. Su decisión afectará a más de 500.000 beneficiarios, los llamados dreamers, inmigrantes que ingresaron indocumentados en el país cuando eran menores y a quienes el programa les otorga protección temporal para residir y trabajar en el país.

“La situación de DACA es precaria”, admite Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo Mexicano-Estadounidense de Educación y Defensa Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés). Perales presentará los argumentos ante la Corte para rebatir el fallo del juez de distrito Andrew S. Hanen, que el año pasado declaró ilegal el programa, y que ha sido apelada por la Administración de Joe Biden y varias organizaciones pro inmigrantes.

El magistrado daba así la razón al grupo de Estados gobernados por republicanos y liderados por Texas que ya en 2018 presentaron una demanda cuestionando su legalidad. El juez Hanen se pronunció contra el programa en 2021 y volvió a hacerlo en septiembre de 2023.

No hay previsión de cuándo se pronunciará el tribunal, pero los defensores de DACA apuestan por que el panel de jueces reafirme la decisión previa de considerarlo ilegal, lo que elevaría el caso ante el Tribunal Supremo. En caso de que el Alto Tribunal se pronuncie en contra, podría acabar en el desmantelamiento de la protección que lleva en vigor desde 2012, año en el que el Gobierno de Barak Obama la aprobó. Un fallo en contra de DACA pondría a más de medio millón de personas al borde de la deportación.

“Estos ataques contra los inmigrantes y DACA son un paso más de un esfuerzo a gran escala para socavar nuestra democracia, poner en marcha deportaciones masivas y garantizar que nuestros servicios, como el de salud y los educativos, se vean perturbados y desmantelados”, denuncia Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream Action, la mayor organización de jóvenes que defienden los derechos de los inmigrantes en el país. Como una de las beneficiadas por DACA, Martínez Rosas defiende que el programa ha sido “un salvavidas” para las familias, y que ha sufrido ataques por parte de los republicanos desde la época de la presidencia de Donad Trump.

La deportación masiva de migrantes es la promesa estrella del republicano, cuya estrategia electoral se ha basado en difundir bulos que responsabilizan a los migrantes de los males del país, desde el encarecimiento de la vivienda hasta un falso aumento de la delincuencia. DACA concede el permiso de trabajo a los migrantes que nacieron después del 16 de junio de 1981 y llegaron al país de forma ilegal siendo menores de 16 años. El fallo que mantiene el programa bloqueado prohíbe que se reciban nuevas solicitudes, aunque permite que las que ya fueron aprobadas continúen renovándose, lo que se debe hacer cada dos años.

La embestida del candidato republicano contra los inmigrantes ha estado plagada de acusaciones falsas y disparatadas durante toda la campaña, promoviendo un sentimiento antiinmigrante que ha calado entre muchos votantes. El lunes pasado, en una entrevista en el programa de radio de Hugh Hewitt, Trump volvió a culpar a la Administración de Biden de haber permitido la entrada de 13.000 asesinos al país e incluso afirmó que los migrantes tienen “genes malos”, aunque sus asesores aclararon que se refería a los criminales.

Martínez Rosas advierte del peligro que supone para DACA el Proyecto 2025, que se vincula al programa de Trump. “DACA es una de sus prioridades. El proyecto 2025 no es una promesa lejana de propuestas políticas draconianas. Está aquí. Sus ideas se están implementando en estados como Arizona, Texas, Florida y en los tribunales de Nueva Orleans”, señala.

En los Estados republicanos hay iniciativas legales para impedir el acceso de los migrantes a los servicios de salud y de educación. Aunque tienen permiso para trabajar, los beneficiarios de DACA carecen de un estatus de residencia legal permanente o de una forma de conseguir la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco pueden acceder a los subsidios federales, como los que rebajan el costo de los seguros médicos que, sin ellos, son prácticamente inviables. De los 580.000 beneficiarios de DACA, más de una cuarta parte no tiene cobertura de seguro médico.

Uno de los argumentos que expondrán los defensores de DACA en Nueva Orleans es que los Estados que iniciaron la demanda no podían hacerlo, pues no están perjudicados por el programa. Otro de los argumentos pone en evidencia la supuesta ilegalidad del programa, ya que puede incluirse en una categoría de baja prioridad para los procedimientos de expulsión que contempla el Departamento de Seguridad Nacional.

Manteniendo Familias Unidas

El mismo panel que escuchará a las partes en el caso de DACA iba a recibir en audiencia a los defensores del programa Manteniendo a las Familias Unidas, conocido en inglés como Parole in Place. Una decisión judicial en la noche del viernes canceló la audiencia, frustrando a la defensa que había apelado contra la paralización del programa, ordenada por un juez pocos días después de entrar en vigor, y dejando a más de medio millón de migrantes en la incertidumbre.

Aprobado por Biden en junio de este año, Parole in Place se convirtió en la mayor reforma migratoria de su Administración al conceder la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero fue interrumpido unos días después por un juez federal de Texas.

Para acceder al programa, los beneficiados deben haber vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio. Además, no pueden suponer una amenaza nacional ni tener antecedentes penales. De media, los beneficiados han vivido más de dos décadas en Estados Unidos.

El fallo judicial dio una victoria para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien lideró una demanda a la que se sumaron otros 15 Estados republicanos para bloquear el programa, alegando que es inconstitucional porque se aprobó sin la autorización del Congreso.

Durante una hora y media la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans levantó el veto al programa, pero el juez de distrito impuso de nuevo su paralización, que durará hasta al menos el 5 de noviembre, día en el que se ha fijado la audiencia y que coincide con el día de las elecciones generales.

“El Centro de Acción de Justicia (JAC por sus siglas en inglés) se estaba preparando para compartir las historias de nuestros clientes, esposos y esposas que quieren que el Gobierno honre sus matrimonios reconociendo su derecho a estar aquí y permanecer juntos en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero desafortunadamente, el viernes por la noche, en una decisión no anunciada, el tribunal canceló nuestra audiencia y le negó a nuestros clientes su aparición en el tribunal”, explica Esther Sung, directora de procesos legales de JAC, que representa a 11 individuos afectados que habían recurrido la paralización del programa.

Ashley DeAzevedo, presidenta de la organización American Families United, que representa a 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses casados con indocumentados, está casada con un migrante indocumentado que se beneficiaría del programa. En su opinión, la coincidencia de poner la audiencia el mismo día que las elecciones no es fortuita: “Obliga a familias como la mía a tomar una decisión de quedarse en casa y votar y asegurarnos de que protegemos a nuestras familias con nuestro voto, o viajar a Texas para ser testigos de la audiencia que determinará el futuro de nuestros seres queridos. No es accidental. Es político”, denuncia.