Madrid, Baleares, Aragón y Asturias incumplen la ley al no contar con registros de objetores del aborto

Cuatro comunidades autónomas siguen sin crear un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Es un requisito que mandata la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Son Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, según un informe preliminar del Ministerio de Sanidad al que h...

Cuatro comunidades autónomas siguen sin crear un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Es un requisito que mandata la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Son Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, según un informe preliminar del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso EL PAÍS. Andalucía figura en el documento como “en elaboración”, puesto que no lo tiene finalizado, pero ha tenido en audiencia pública un decreto. Asturias, en respuesta a este diario, asegura que está trabajando en uno.

Las listas de objetores de conciencia son un requisito indispensable para organizar los servicios y poder realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en los hospitales públicos. Hoy por hoy, son muy minoritarios: el 79% de los abortos se practican en la privada, según el informe de IVE de 2024, que presentó ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, y que muestra una ligera tendencia al alza en los abortos en España.

El Ministerio de Sanidad mandó una carta en julio a las comunidades urgiéndolas al cumplimiento de la legalidad vigente. Les anunció la creación de un informe (en cuyo borrador se basa esta información) y les advirtió de que podría derivar en “acciones legales” si no se garantiza el acceso según la normativa.

La ley es clara, en su artículo 19: “A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Un portavoz de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid ha respondido a este diario, sin embargo, que el Gobierno regional “ya está cumpliendo la ley”. “Como ya hemos recordado en muchas ocasiones, ante todo, hay que respetar el derecho por causas éticas, filosóficas, morales o religiosas del profesional sanitario o no sanitario, sin hacer listas para demonizar la decisión de alguien, ni en un sentido ni en otro”, ha añadido, a pesar de que la comunidad sí tiene registro de objetores para la eutanasia.

Lo que contempla el protocolo, que están aplicando la mayoría de comunidades del PP, es que el registro solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, “sin discriminación para ningún profesional”. Solamente hay que incluir en él a personal que puede intervenir directamente: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras y matronas.

El acceso al registro, tal y como marca la norma, estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos, y “no se compartirá entre comunidades autónomas”. Por último, “se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia”.

EL PAÍS ha contactado también con las otras tres comunidades autónomas que no han desarrollado los registros, según el informe de Sanidad. Aragón y Baleares, gobernadas por el PP, no han respondido si tienen intención de crearlo.

Asturias, gobernada por el PSOE, ha explicado a través de un portavoz que el decreto autonómico está en tramitación, y que tiene en marcha unas instrucciones “con carácter transitorio y meramente organizativo”, que recogen “el procedimiento para la recogida y anotación administrativa de las manifestaciones de objeción de conciencia formuladas por personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

García se refirió el miércoles a las listas de objetores, sin citar a todas las autonomías implicadas: “Sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El ministerio va a ser contundente para exigir planes claros para dar la vuelta a esta situación”.

La ministra sí puso el ejemplo de Madrid, donde en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE, de los cuales, apenas 177 se han realizado en hospitales públicos. “Esto es inaceptable, incumple la ley de 2023 y muestra que queda mucho camino por recorrer”, añadió.

En realidad, la norma no especifica dónde se tienen que realizar los abortos. Pese a que en un borrador incluía que debían practicarse en centros de titularidad pública, durante su tramitación se eliminó esta redacción. Habría sido prácticamente imposible hacer ese trasvase de prestaciones, que desde que se aprobó la primera ley del aborto, están mayoritariamente en manos de clínicas privadas concertadas con la administración.

En el preámbulo de la nueva ley sí menciona una intención de equilibrar esta situación: “Todavía estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos. Resulta especialmente preocupante la diferencia territorial en el ejercicio de este derecho, ya que existen territorios en España que en los últimos años no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros de titularidad pública”.

Pero en el articulado, que es lo que tiene implicaciones legales, mantiene lo que establecía la anterior norma: “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Se refiere a clínicas concertadas, siempre que el servicio sea gratuito para las usuarias.

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), se queja de esta insistencia en primar a los centros públicos, algo que “no contempla la ley y crea un estigma” en la privada, que es a la que por defecto se derivan los casos en la mayoría de comunidades. “Nos tuvimos que ir de la pública [cuando se aprobó la primera ley, en 1985] porque ahí no se hacían. Lo importante es que la mujer tenga todas las opciones disponibles y pueda actuar con libertad", señala.

Igualdad de derechos

Lo que sí recoge la norma de 2023 es que “las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva”. Esto no siempre se está cumpliendo, en parte, por haber hospitales públicos que no realizan IVE, y cuya reorganización es prácticamente imposible sin los registros de objetores.

En Ceuta y Melilla (gestionadas por el ministerio), por ejemplo, no se realizan abortos en la pública, y al no haber centros privados, tienen que ser derivadas a las de la Península. Pero no son las únicas. En los últimos años, cientos de mujeres han tenido que salir de sus comunidades para interrumpir sus embarazos en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, según datos que recopiló EL PAÍS. Murcia fue multada por ello en 2023 por el Tribunal Constitucional.

También se producen situaciones como la que salió a la luz en 2021, cuando una médica que necesitaba un aborto terapéutico, ya que estaba en riesgo su vida, no pudo efectuarlo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid (público), donde ella misma trabajaba, por no haber ningún profesional dispuesto a prestar el servicio.

Para evitar estas situaciones, “es importantísimo un registro”, explica María José Parejo Guzmán, profesora acreditada y catedrática de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que ha publicado un extenso artículo del tema. “Es imperioso por ley que existan. La administración pública correspondiente tiene obligación de dar la oportunidad a los facultativos para que practiquen el aborto si otros se niegan. Pero sin registros es muy difícil articularlo, porque es necesario saber en cada centro qué profesionales están dispuestos a hacerlo y cuáles no”, señala.