Sanidad e Igualdad lanzan página web para facilitar el acceso a información sobre el aborto

“Las diferencias entre comunidades autónomas en la aplicación del derecho al aborto son inaceptables”, ha advertido este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, en el acto por los 40 años de la legalización del aborto en España. La titular ha anunciado, junto al Ministerio de Igualdad, la creación de la web quieroabortar.org para garantizar a todas las mujeres “información clara sobre sus derechos, los pasos que deben seguir y los recursos disponibles en cada una de las comunidades autónomas”. En el encuentro han participado también la Organización Mundial de la Salud (OMS), profesionales sanitarios y activistas, que han alertado de los obstáculos que aún persisten en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra ha criticado que algunas comunidades no estén garantizando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), escudándose en la objeción de conciencia, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha un registro de objetores para evitar que esta figura se utilice como obstáculo, pero ha admitido que “ejercer este derecho sigue siendo en demasiados lugares una carrera de obstáculos”. La reforma de la ley del aborto de 2023 ya establecía la creación de un registro en cada comunidad autónoma para que los centros públicos pudieran organizarse y garantizar la prestación del servicio.

Según datos recopilados por El País en agosto de 2024, solo cinco autonomías tenían el registro de médicos objetores de conciencia del aborto que exige la ley: La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias eran las únicas que habían elaborado este censo, que tiene el objetivo de reducir lo obstáculos que encuentran las mujeres cuando quieren abortar en el sistema público.

“Hoy abortar sigue siendo muchas veces una cuestión de clase. No debe depender de la condición económica de las mujeres, es una cuestión de salud pública y de justicia social”, ha señalado García. La ministra ha recordado también que ya se han eliminado los tres días de reflexión obligatoria y que las menores de 17 años pueden interrumpir el embarazo sin necesidad de consentimiento paterno.

Para ella, el derecho a la IVE segura y gratuita en la sanidad pública solo puede ejercerse plenamente si las mujeres disponen de información y de todas las herramientas necesarias para cuidar de su salud sexual, acceder a anticonceptivos y decidir con libertad sobre sus derechos reproductivos. La nueva página web brindará orientación, acompañamiento y respuestas a las dudas más frecuentes “para que ninguna mujer se sienta desinformada en un momento tan delicado”.

Por su parte, Ana Redondo ha subrayado que el 80% de las IVE se realizan en clínicas privadas, lo que, a su juicio, vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos en todo el territorio. También ha advirtido de que la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo y ha recordado que “el derecho al aborto ha ido de la mano de la democracia”, por lo que suele ser uno de los primeros atacados ante el avance de fuerzas reaccionarias.

Hace 40 años, la interrupción del embarazo en España salió de la clandestinidad, pero el conflicto con la objeción de conciencia sigue vigente. Redondo ha criticado que en algunas comunidades este derecho se vea limitado por esa figura legal, ya que “la democracia es una ponderación de derechos e intereses” y no se puede sacrificar uno para garantizar exclusivamente otro. “Aquí confluyen varios derechos, pero el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser disminuido a costa de la objeción de conciencia”.

La ministra ha defendido que, “cuando hay amenazas democráticas, como la ola reaccionaria que avanza en la Unión Europea”, este suele ser el primer derecho atacado. Como ejemplo a seguir, ha citado a Francia, que ha elevado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a rango constitucional.

Desde la OMS, la doctora Antonella Lavelanet ha insistido en que la IVE debe considerarse un servicio de salud pública basado en evidencias y centrado en las necesidades de las mujeres. Silvia Aldavert, de la plataforma Quiero Abortar, ha denunciado que muchas autonomías aplican la ley de forma restrictiva, especialmente en los plazos: “Cuando la ley habla de 14 semanas, deben ser 14 + 6 días. En muchas comunidades se interpreta como 14 exactas, ni un día más”.

El debate ha concluido con un repaso histórico. La ley de 1985 solo despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, malformación fetal o riesgo para la salud de la madre. La de 2010 ha sido la que reconoció por primera vez la voluntad de las mujeres.