Interior registró el pasado año más de 600 víctimas de trata y explotación sexual

Solo el año pasado, en España hubo 196 operaciones policiales que acabaron con la desarticulación de 80 grupos y organizaciones criminales y la detención de 575 personas, la mayoría de nacionalidad española: 178 mujeres y 167 hombres de redes de trata con fines de explotación sexual, y 126 mujeres y 107 hombres en el ámbito de la explotación sexual. Mujeres y hombres que captaban a sus víctimas “mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad”, especifica el Ministerio de Interior en una nota junto al último informe sobre trata y explotación de seres humanos en España ent...

Solo el año pasado, en España hubo 196 operaciones policiales que acabaron con la desarticulación de 80 grupos y organizaciones criminales y la detención de 575 personas, la mayoría de nacionalidad española: 178 mujeres y 167 hombres de redes de trata con fines de explotación sexual, y 126 mujeres y 107 hombres en el ámbito de la explotación sexual. Mujeres y hombres que captaban a sus víctimas “mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad”, especifica el Ministerio de Interior en una nota junto al último informe sobre trata y explotación de seres humanos en España entre 2019 y 2023, publicado este lunes, y que refleja la dimensión de un problema estructural que organismos internacionales y ya la legislación española recogen como una de las violencias sexuales más graves y extendidas.

Víctimas de esa violencia eran las 294 personas que fueron liberadas de las redes de trata con fines de explotación sexual en esas operaciones: 284 mujeres, 7 hombres y 3 niñas. La mayoría de ellas tenía entre 28 y 32 años y eran “procedentes de Colombia, Venezuela y Paraguay”, según la comunicación del ministerio, y “en el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 370 (353 mujeres, 8 hombres y 9 niñas), “mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, España y Venezuela” y sometidas a “condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas”.

Para llegar a la liberación de las víctimas y a la identificación y detención de proxenetas y explotadores, se realizan inspecciones durante todo el año de los lugares donde se da la prostitución. Hubo 1.677 de esas inspecciones en toda España —sobre todo en Andalucía (275), Castilla y León (272), Extremadura (175, y Madrid (156)— y en ellas los agentes identificaron a 7.049 personas mientras ejercían la prostitución. En su inmensa mayoría, mujeres, la mayor parte colombianas (1.605), españolas (1.263) y rumanas (890), entre los 33 y los 37 años.

Las cifras recogen solo lo que se conoce y, desde hace unos años, con la entrada y extensión de la tecnología, pero sobre todo tras el confinamiento por la crisis del coronavirus, tanto las redes de trata como los proxenetas y todos aquellos que operan en el ámbito de la prostitución han ido modificando espacios y estrategias. La realidad es, sin embargo, la misma: miles de mujeres y niñas captadas y sometidas a la explotación sexual. Desde hace dos años, esa realidad lleva entrando y saliendo de los cajones del Gobierno con una ley de trata que no termina de avanzar.

En la pasada legislatura llegó a ser avalada por los órganos consultivos. Luego llegaron las elecciones generales anticipadas del 23-J de 2023, se interrumpieron los trámites legislativos y la norma decayó. Después se aparcó con la entrada del nuevo Ejecutivo de coalición, y el pasado marzo el Ejecutivo anunció que la recuperaba. El último borrador de esa norma, al que tuvo acceso EL PAÍS, incluye modificaciones respecto al último que se conoce, de noviembre de 2022, como todo un corpus de protección de datos y fiscalías especializadas en la materia, y también cambios como la supresión de los vientres de alquiler como parte de lo que se considera explotación.

En estos meses organizaciones y asociaciones especializadas han estado haciendo sus aportaciones a la norma e, informan este lunes desde el Ministerio de Igualdad —desde donde se impulsó la legislación—, “se acaba de cerrar el periodo de audiencia pública”. Ahora, a ese texto aún le queda pasar, de nuevo, por órganos consultivos, volver a Consejo de Ministros, y toda la tramitación parlamentaria.

Y está también pendiente la norma para prohibir el proxenetismo en todas sus formas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó hace dos meses en el Congreso como proposición de ley y que pretende “modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo, es decir, castigar el lucro de la prostitución, la tercera locativa, que consiste en la cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución”, explicó entonces el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en rueda de prensa tras registrar el documento en la Cámara baja.

Matrimonios forzados, explotación laboral y mendicidad

El balance de Interior recoge, además, la trata con fines de matrimonio forzado. Hubo cinco casos el pasado año “con cinco víctimas, dos de ellas menores, de nacionalidades marroquí, paquistaní y rumana. Las operaciones terminaron con la detención de doce personas”, dice la nota de Interior. También dos casos de criminalidad forzada, en las que se liberó a seis víctimas, originarias de Albania y Bosnia, y se detuvo a cinco personas; y dos por mendicidad, con dos víctimas, una de ellas menor de edad, y tres detenidos.

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 195, dos de ellas menores. En este caso, el perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Colombia, Moldavia y Marruecos. Y en cuanto a las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, sin que mediaran las redes de trata, fueron 612, tres de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 23 a 27 años, procedente de Marruecos, Colombia y España. En este caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hicieron 5.893 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 18.813 trabajadores; y desarticularon 28 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que acabaron con la detención de 334 personas.