La ley del ‘solo sí es sí’ sale adelante: el Congreso respalda con amplia mayoría la legislación sobre libertad sexual

Este 25 de agosto de 2022 España tiene una marca más en su historia legislativa, una que amplía la protección de las mujeres y aglutina una demanda social desde hace varios años, porque este jueves, después de más de un año de recorrido, se ha aprobado la llamada ley del solo sí es sí. Ha salido del Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Vox, y solo queda que sea sancionada por el Rey. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en las próximas semanas. El conse...

Este 25 de agosto de 2022 España tiene una marca más en su historia legislativa, una que amplía la protección de las mujeres y aglutina una demanda social desde hace varios años, porque este jueves, después de más de un año de recorrido, se ha aprobado la llamada ley del solo sí es sí. Ha salido del Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Vox, y solo queda que sea sancionada por el Rey. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en las próximas semanas. El consentimiento como eje en las relaciones sexuales, la voluntad de las mujeres y su libertad para decidir ya son ley.

En el primer pleno, extraordinario, tras el periodo estival, se ha votado la convalidación de tres reales decretos —el de ahorro energético, ayudas al transporte y becas de estudio— y la aprobación definitiva de varias leyes: la nueva de autónomos, de incendios, la de ciencia, la concursal y la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Esta última, con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y tres abstenciones (dos de la CUP y una de PRC), ha salido, “por fin, adelante”. Las comillas son de Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del PSOE, que al teléfono recuerda “aquellos momentos en que salíamos a la calle a pedir estos derechos para nosotras, para las mujeres”.

Fernández no obvia ni oculta la emoción: “Ha sido una victoria del movimiento feminista, de las movilizaciones, de las luchas y de la reivindicación social, y eso es lo más bonito, sobre todo para todas las mujeres que estuvimos en la calle”. Ver que aquellos “esfuerzos no solo tuvieron repercusión en su momento en el Tribunal Supremo, sino que se ha convertido en una ley integral y asistencial completa”. Eso, para la socialista es “lo más importante”. Y también lo recordaba en declaraciones a medios la mañana de este jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, “el itinerario de atención integral y reparación” que aporta el Estado con este nuevo texto.

Ese itinerario se pondrá en marcha a través de los llamados centros de crisis 24 horas, uno por cada provincia. La previsión del Gobierno es que al menos 50 estén abiertos para 2023; Igualdad ha destinado a ellos 66 millones de euros de los fondos europeos. “Es lo que va a garantizar que cualquier mujer es asistida desde el primer momento por médicos y psicólogos, y eso ofrece unas garantías primero para la víctima, y luego de cara al proceso penal”, añade Fernández. Entre las “grandes mejoras” que los dos partidos del Gobierno de coalición comparten están esos centros, y la eliminación de la diferencia entre abuso y violación.

“Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de nuestras relaciones sexuales, ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión, reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, ahondó Montero.

Esta norma, cuyo germen está en la violación grupal por cinco hombres a una mujer de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona, es la estructura legal del cambio de percepción social frente a la violencia sexual que produjo el caso de La Manada y el posterior proceso judicial. Los tres lemas más repetidos a lo largo de los últimos años, —el “hermana, yo sí te creo”, el “no es abuso, es violación”, y el “solo sí es sí”— son la esencia de su articulado y de su objetivo: empujar un cambio judicial que entienda la violencia sexual con su contexto y sus características actuales, que para que se perpetre una violación no tiene por qué existir violencia o intimidación, y que el consentimiento solo lo da un sí: ni una duda, ni un silencio.

Y es eso, el consentimiento, lo que se coloca como eje. Ya no serán cuestiones como la respuesta o la resistencia que interpongan las mujeres ante una agresión, sino su voluntad. “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, dice el texto de la norma, que va mucho más allá.

Incorpora no solo una serie de medidas en distintos ámbitos para garantizar el derecho de las mujeres “a su libertad sexual”, sino también “la reparación de las víctimas” y el reconocimiento, por primera vez, de las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual como víctimas de violencia machista. También la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados entran en ese concepto de violencia. Ha incluido agravantes como la sumisión química en una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso; y los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista, para lo que se está terminando de perfilar una estadística específica que previsiblemente será publicada oficialmente durante el mes de septiembre; e incluye también la violencia digital.

Un proceso arduo

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Lo ha hecho después de 14 meses de trámites legislativos, difíciles, entre los socios de coalición y los grupos de investidura, y ha sido, junto a la llamada ley trans (todavía en proceso), una de las que más choques ha provocado entre los dos partidos en el Gobierno. También con otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque el cambio que supone incluir una definición concreta de consentimiento fue una de las cuestiones que más debate levantó, entre los grupos de la derecha y con el CGPJ —uno de los órganos consultivos que emiten informes sobre las leyes orgánicas—, que no estuvo a favor de esa conceptualización.

Tras todos los debates por el articulado, la normativa llegó al Congreso por primera vez el 26 de mayo. Allí se le dio luz verde con 201 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados de PP y Vox) y tres abstenciones del grupo mixto (Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP, y José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria). Quedaba el Senado.

A la Cámara alta llegó el 19 de julio. Y contra todo pronóstico, porque se daba por hecho que ese día saldría lista para ser sancionada por el Rey y entrar en vigor en el Boletín Oficial del Estado, no ocurrió. Una inesperada maniobra parlamentaria lo impidió. El Ejecutivo esperaba que el Senado se limitase en el pleno de ese día a ratificar el texto llegado del Congreso, pero el PP unió sus votos a una enmienda intrascendente de Junts per Catalunya, una enmienda cuyo texto ya era parte de la redacción de la norma. Así, salió adelante y obligó a enviar de nuevo el proyecto a la Cámara baja para que diera su aprobación final.

Eso ha ocurrido este jueves. Seis años y 49 días después de aquellos sanfermines de 2016 que supusieron el origen de esta ley, cuando ocurrió la violación múltiple a una mujer de 18 años en un portal de Pamplona. De aquella noche, de la decisión de aquella mujer de denunciar y de seguir hacia delante a lo largo de tres años de proceso —que ella condensa en un “pa’lante”—, del movimiento feminista, social, de las transformaciones judiciales y el avance político, hoy, el solo sí es sí es ley.