De la calle al juzgado: la lucha de los jóvenes activistas del clima evoluciona

De las protestas en la calle a los tribunales de justicia. Los adolescentes y jóvenes activistas contra el cambio climático están emprendiendo ese viaje para forzar a los Gobiernos a ser más duros en los recortes de emisiones y para que no autoricen proyectos que implicarán sobrecalentar aún más el planeta. Los últimos en usar la vía judicial han sido tres grupos de chavales de México, Portugal y Australia. En este último caso, más de un millar de menores de 35 países se han adherido ya a una d...

De las protestas en la calle a los tribunales de justicia. Los adolescentes y jóvenes activistas contra el cambio climático están emprendiendo ese viaje para forzar a los Gobiernos a ser más duros en los recortes de emisiones y para que no autoricen proyectos que implicarán sobrecalentar aún más el planeta. Los últimos en usar la vía judicial han sido tres grupos de chavales de México, Portugal y Australia. En este último caso, más de un millar de menores de 35 países se han adherido ya a una demanda colectiva contra el Gobierno australiano presentada la semana pasada.

“Con la covid no hemos podido seguir haciendo las protestas en la calle. Y buscamos otras maneras para combatir el cambio climático”, explica Tom Webster Arbizu por videoconferencia desde Adelaida (Australia). Tiene 15 años y durante los últimos 18 meses ha sido uno de los líderes en su país de las huelgas estudiantiles por el clima. Ahora, como en otras partes del mundo, ha evolucionado en sus estrategias y es uno de los ocho menores, de entre 13 y 17 años, que ha demandado a la ministra de Medio Ambiente de Australia, Sussan Ley, para que no autorice la ampliación una mina de carbón en Nueva Gales del Sur ubicada a unos 300 kilómetros de Sídney.

“El Gobierno tiene el deber de proteger a los niños y a los jóvenes de los impactos del cambio climático”, se queja Webster. “Y nosotros no podemos votar”. Tampoco, acudir directamente al Tribunal Federal en el que han presentado la demanda. La religiosa de 85 años Marie Brigid Arthur ha tenido que hacerlo en su nombre. “Ya tiene experiencia en representar a otros colectivos, como a refugiados”, apunta David Barnden, el abogado de Equity Generation Lawyers, que lleva el caso de Webster y sus compañeros.

La ampliación de la mina de Vickery, de la empresa Whitehaven Coal Limited, fue aprobada en agosto por las autoridades de Nueva Gales del Sur, detalla Barnden. Pero debe recibir el visto bueno del Gobierno federal, cuya decisión se espera para final de mes. “Queremos frenar la aprobación de esta mina y que este caso sea un precedente legal para impedir otros proyectos”, afirma Webster.

“Esta mina es un símbolo de todos los proyectos mineros del país”, dice Barnden. Australia es uno de los grandes productores de carbón del mundo. Y uno de los grandes consumidores: el 75% de su electricidad se genera con este combustible, responsable de la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta. Los incendios de principios de año que asolaron el país pusieron en el punto de mira el apoyo del Gobierno al carbón, pero se han seguido tramitando permisos como el de la mina de Vickery (que producirá 168 millones de toneladas de este combustible en los próximos 25 años).

La demanda presentada ante el Tribunal Federal sintetiza el conocimiento científico actual sobre el calentamiento y su relación con el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que están en unos niveles nunca registrados en 800.000 años. El escrito advierte de las consecuencias que ya está teniendo ese cambio climático para Australia: “incendios forestales, inundaciones, sequías, tormentas extremas...”. Pero también recuerda que las emisiones hacen que en todo el planeta esté cerca de sobrepasar varios “puntos de inflexión” peligrosos, como el deshielo del Ártico y del permafrost.

Exportaciones de carbón

La demanda se ha presentado en Australia, pero está abierta a que se puedan adherir personas de otros lugares, explica Webster: “Si eres un niño de menos de 18 años de cualquier parte del mundo te puedes sumar, porque el cambio climático no tiene fronteras”. Tampoco las tiene el carbón que extrae Australia; el país es uno de los mayores exportadores mundiales. 1.150 menores de 34 países se habían sumado hasta el sábado a este pleito colectiva a través de la página de Equity Generation Lawyers.

“Estos jóvenes están lógicamente hartos de que sus Gobiernos no se tomen en serio la crisis climática”, dice sobre los activistas Tessa Khan, abogada de la ONG Urgenda. “Debería ser un motivo de vergüenza para nosotros que los niños tengan que asumir una responsabilidad tan importante porque los adultos no han actuado”, añade. La ONG Urgenda lideró la histórica victoria judicial contra el Gobierno holandés que obliga a ese Ejecutivo a aplicar recortes de emisiones de efecto invernadero más duros.

Otro grupo de chicos de 17 y 23 años del Estado mexicano de Baja California demandó a principios de mes a su Gobierno federal para pedir medidas concretas contra el calentamiento, un caso que recuerda al de Kelsey Juliana, que lleva desde 2015 pleiteando contra la Administración estadounidense para que se comprometa a aplicar fuertes recortes de gases de efecto invernadero.

Una vía parecida es la que emprendieron la semana pasada seis jóvenes portugueses ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero este grupo ha denunciado a 33 países —todos los miembros de la UE y el Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia, Turquía y Ucrania—, a los que acusan de no aplicar políticas suficientemente duras para que el calentamiento global se queden dentro de unos límites lo menos catastróficos posible.

“El objetivo es conseguir una decisión jurídicamente vinculante que exija a los 33 países demandados que adopten los recortes profundos y urgentes que, según la ONU, son necesarios para evitar que el calentamiento global supere el objetivo del Acuerdo de París de los 1,5 grados”, apunta Gerry Liston, abogado y uno de los responsables de GLAN (siglas en inglés de la Red Mundial de Acción Legal), la ONG que ayuda a los seis chicos portugueses. Si se consigue ese pronunciamiento vinculante del tribunal europeo, apunta Liston, eso ayudaría a las organizaciones locales a empujar a los Gobiernos de esos 33 países a poner en marcha medidas más fuertes contra la crisis climática.

La “incoherencia” de los Gobiernos

El caso Urgenda —que se remonta más de un lustro atrás y no estaba liderado por jóvenes activistas como los más recientes— es la victoria más conocida, pero la abogada Khan rememora otras victorias verdes en tribunales de Irlanda y Colombia. Y recuerda que ahora mismo hay casos sobre cambio climático abiertos en tribunales de Alemania, Francia y Corea Del Sur. En España, varias ONG llevan tiempo buscando una vía para acudir también a la justicia.

“Todos estos casos, incluidos los presentados recientemente por los jóvenes, están tratando de exponer la incoherencia entre las promesas que hacen los Gobiernos para hacer frente a la crisis climática y sus acciones”, explica Khan. “Cualquier vía es válida ahora”, opina por su parte el joven activista español Alejandro Quecedo, de 18 años. “El proceso judicial es un poco lento, pero en los tribunales se han producido grandes victorias ecológicas”.