La mayoría de profesores españoles rechaza el aprobado general
Una encuesta a más de 3.000 docentes muestra que la opción más apoyada es valorar los contenidos trabajados en casa. La decisión la tomarán este miércoles Celaá y los consejeros
Un mes después del cierre de los centros educativos, la gran incógnita sigue siendo qué va a pasar con la evaluación del tercer trimestre. Este miércoles, la ministra de Educación, ...
Un mes después del cierre de los centros educativos, la gran incógnita sigue siendo qué va a pasar con la evaluación del tercer trimestre. Este miércoles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reúne con los consejeros autonómicos para decidir cómo se va a cerrar el curso en mitad de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, con 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas regladas no universitarias confinados en sus casas. Durante este tiempo, los docentes han gestionado la educación telemática sin instrucciones, sin una línea clara de qué hacer con los estudiantes. Por primera vez, una investigación de la Universidad de Granada ha buscado la opinión de más de 3.000 profesores sobre cuál es la mejor opción de evaluación. La mayoría de ellos rechaza el aprobado general, la medida adoptada por el Gobierno de Italia que permitirá a todos los alumnos pasar de curso sin importar las notas obtenidas en los dos trimestres anteriores.
“Los datos nos dicen que los profesores rechazan la promoción automática porque valoran la cultura del esfuerzo, del mérito y de la justicia… si en algo han coincidido casi todos es en la convicción de que quieren ser justos con sus alumnos”, explica Fernando Trujillo, profesor de Educación de la Universidad de Granada y coautor del estudio Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por Covid-19: la opinión del profesorado, en el que han participado de forma anónima 3.047 docentes de las diferentes etapas educativas, el 81% pertenecientes a centros públicos y el 19% a privados y concertados (según la medición de los autores, con un mínimo de 1.065 respuestas, los resultados del informe ya representan una muestra significativa de la percepción del profesorado en España). “Era importante darles voz, por la gravedad de la situación y por el papel trascendental que están jugando”, señala.
En la encuesta planteada al profesorado, los investigadores presentaban cuatro escenarios posibles. En el primero, no hacía falta ningún tipo de intervención por parte de la Administración y los centros continuaban con la docencia y la evaluación propias de una situación de normalidad. En el segundo, el currículo se ajustaba a la situación de confinamiento y los profesores evaluaban los contenidos mínimos. En el tercero, se optaba por una evaluación positiva para todos, pero con condiciones: la elaboración de una serie de tareas y su entrega en junio. Por último, los profesores podían optar por un cuarto escenario: el aprobado general sin condiciones, pensado especialmente para no perjudicar al alumnado más desfavorecido y sin acceso a Internet en sus hogares (un 10% de los 8,2 millones de estudiantes). Tanto el tercer como el cuarto escenario requerirían un cambio de la normativa por parte del ministerio y las comunidades, ya que implican poner una misma nota a todo el alumnado.
Solo el 12% de los profesores de secundaria se decantaron por el aprobado general; el 16% de los de Bachillerato y el 30% en el caso de los de primaria. “La clave para entender las respuestas reside en la etapa en la que trabaja cada docente: los de infantil y primaria son más partidarios de la opción tres, el aprobado con condiciones; mientras que los de secundaria y bachillerato se decantan por el escenario dos, en el que se reducen los contenidos y se evalúa a los alumnos”, detalla Trujillo. Lo que está claro es que salvo los de infantil (el 42% escogió el aprobado general), la mayoría de profesores considera que es necesario valorar el trabajo realizado durante el confinamiento.
Vicente Manzón, director del instituto público Pablo de Olavide, en La Luisiana (Sevilla), es uno de los docentes que se muestra “totalmente en contra” del aprobado general. “Ya hemos superado dos tercios del curso; no evaluarlos es sinónimo de devaluarlos, de despreciar su trabajo”, expone. En su opinión, la mejor opción es avanzar en el temario sin perder de vista a los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje y a los que no disponen de los medios necesarios en casa. “En una situación de normalidad también prestamos una atención individualizada, no es nada nuevo”. En su centro, el 90% de los estudiantes dispone de dispositivos digitales y, diariamente, contactan por videoconferencia. “Sin saturarles, les mandamos tareas todos los días, eso hay que evaluarlo”, zanja.
Otro de los resultados de la encuesta es la diferencia entre las respuestas de las mujeres y de los hombres. Mientras ellas se muestran más partidarias de dar más facilidades a los alumnos para no perjudicar a los que ahora no pueden seguir aprendiendo —eso sí, siempre con contraprestaciones como la realización de trabajos—; ellos buscan no perjudicar a los que más se han esforzado y son más proclives a la evaluación tradicional. “Independientemente del género, se ven dos grandes culturas escolares: una más relacionada con la transmisión de conocimientos (exámenes convencionales) y otra más vinculada con los proyectos, con la idea de experiencias en el aula”, indica Trujillo.
Además del método de evaluación, el ministerio tendrá que decidir este miércoles qué pasa con la repetición de curso, si se blinda para todos los alumnos con el objetivo de proteger a los más desfavorecidos, o si queda al criterio de la autonomía de los centros. En el informe presentado la semana pasada por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, se descartó esa opción, aunque se recomendó que las repeticiones se limiten a casos “extraordinarios”.
En el colegio público Clara Compoamor, en Huercal de Almería, solo ha repetido curso un niño en los últimos siete años. Le hicieron repetir para que permaneciera un año más con ellos. Para la directora del centro, Sofía Deza, el aprobado general puede perjudicar al alumno. “La experiencia nos ha demostrado que si un niño de sexto de primaria pasa a la ESO sin estar preparado, lo perdemos”. El problema, cuenta, es que en muchos de los casos la familia no ha podido transmitirle el valor de la educación y los niños necesitan un cuidado emocional que reciben en primaria. “Esos cuidados no existen en secundaria y los chavales se caen del sistema”. Para el resto de cursos, sí es partidaria de un aprobado general sujeto a compromisos por parte del alumnado.
Para los autores del estudio, “parece difícil que una solución única pueda ser bien recibida por todos los docentes” y, por ello, plantean que se apruebe un paquete de medidas adaptado a cada una de las etapas.
“El problema está en junio; la solución en septiembre”
Para Fernando Trujillo, investigador de la Universidad de Granada y coautor del estudio, el principal reto al que se enfrenta el profesorado es el de no perjudicar a nadie porque “es imposible” garantizar lo que está aprendiendo cada alumno. Por ello, cree que aunque el problema está en qué hacer con las evaluaciones en junio, la solución está en lo que se hará a partir de septiembre en los dos siguientes cursos. “¿Cómo vamos a trabajar con ese alumnado para que recupere los contenidos pendientes? Tiene que haber planes de actuación que contemplen que este trimestre algunos niños lo han pasado en blanco”. El “esfuerzo” de la Administración tanto en inversión como en imaginación es clave, ya que, según el experto, serán necesarios más profesores para incrementar los desdobles en las materias más complejas, así como aulas de docencia compartida —en las que dos o más profesores atienden a un grupo y pueden ofrecer una atención más personalizada—, o planes individuales acompañados de profesores de refuerzo. “En septiembre habrá que hacer una evaluación inicial y buscar los problemas que ha dejado el coronavirus”, apunta.
La parte emocional también requerirá gran atención, porque los efectos de dos o más meses de confinamiento en menores pueden ser graves. “No sabemos en qué condiciones van a volver a las aulas y para atender esa parte también será necesario un refuerzo en el número de orientadores por centro”, añade. En los institutos españoles, de media, hay un orientador por cada 800 alumnos (en algunos casos por cada mil). La recomendación de la Unesco es de uno por cada 250 estudiantes.
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