Pfizer elude una demanda por promoción ilegal en EE UU con un pacto millonario
La farmacéutica paga 491 millones de dólares al Gobierno de EE UU para evitar una demanda por publicitar para otros trasplantes un medicamento autorizado solo para el de riñón
El gigante farmacéutico Pfizer ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para que se retiren los cargos civiles y penales por promocionar ilegalmente un medicamento indicado para evitar el rechazo a los pacientes sometidos a un trasplante de riñón a cambio de abonar 491 ...
El gigante farmacéutico Pfizer ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para que se retiren los cargos civiles y penales por promocionar ilegalmente un medicamento indicado para evitar el rechazo a los pacientes sometidos a un trasplante de riñón a cambio de abonar 491 millones de dólares (unos 370 millones de euros). Esta no es la primera vez que Pfizer llega a pactos similares con el Departamento de Justicia por marketing ilícito o para evitar otro tipo de cargos penales.
La Administración estadounidense aprobó en 1999 la distribución del medicamento Rapamune, fabricado entonces por Wyeth, que fue adquirida en 2009 por Pfizer, única y exclusivamente para los pacientes adultos sometidos a trasplante renal. “Ramamune es un inmunosupresivo indicado para prevenir el rechazo a los pacientes de este tipo de operación que presentan un moderado riesgo inmunológico", indica su prospecto. Aunque la legislación federal prohíbe a los fabricantes de medicamentos promocionar sus productos para usos no autorizados, los comerciales de Pfizer instaron a los médicos para que prescribieran Rapamune a otros trasplantados, ofreciéndoles bonificaciones extraordinarias si lo hacían.
“Esta conducta evidencia de Wyeth priorizó los beneficios económicos por encima de la seguridad y la salud de una parte importante de la población extremadamente vulnerable al depender de una terapia específica para garantizar su vida”, señala el Departamento de Justicia en el comunicado que emitió este martes para anunciar el acuerdo. Pfizer ha consentido en pagar 257,4 millones de dólares en conciertos con los Estados y el Gobierno federal; 157, 6 millones de multa para evitar el proceso penal y 76 millones en concepto de decomiso de bienes.
El convenio pone fin a un largo proceso de negociaciones que comenzó en 2007, cuando dos antiguos empleados de la compañía denunciaron a la empresa por publicitar la medicina entre otro tipo de trasplantados. El Departamento de Justicia se sumó a la querella en 2010, una vez que el Congreso anunció una investigación.
Esta no es la primera vez que Pfizer llega a un acuerdo con la Administración para eludir investigaciones por prácticas ilícitas a la hora de promocionar sus medicamentos. Hace cuatro años, la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo pagó 2.300 millones de dólares por publicitar para usos indebidos varios de sus productos. Esta práctica no es exclusiva de Pfeizer, se ha extendido tanto que existen despachos de abogados especializados en este tipo de demanda. El acuerdo económico más alto alcanzado hasta la fecha por este tipo de mala praxis comercial se cerró con la británica GlaxoSmithKline, que abonó 3.000 millones de dólares por librarse de una demanda.
“Espero que este tipo de acuerdos sea un paso adelante para asegurar de manera definitiva que las farmacias y quienes vendemos medicamentos no comprometen la seguridad y la salud de los pacientes”, señaló en el martes en un comunicado Mark Campbell, antiguo responsable de ventas de Wyeth, y uno de los que interpuso la demanda particular contra Pfizer. Durante más de 20 años, Campbell prescribió Rapamune a pacientes de trasplantes de hígado, pulmón o corazón, para quienes este medicamento podía presentar múltiples contraindicaciones.
El año pasado, Pfizer pagó una multa millonaria (60,2 millones de dólares) para eludir cargos de sobornos por parte de la Comisión del Mercado de las Comunicaciones y el Departamento de Justicia. “Solíamos confiar en estas compañías, pero eso ya es imposible”, señaló el martes el abogado de otro de los demandantes particulares contra la farmacéutica.