Los proyectos científicos estarían en peligro sin los recortes, dice Economía
Las explicaciones del CSIC a los directores de los centros ponen de manifiesto la situación crítica del plan Nacional de I+D+i
El anuncio oficial de que la financiación de los proyectos de investigación científica del Plan Nacional, auténtico eje troncal del sistema de I+D en España, se recorta y se dilata el pago a los investigadores ha provocado un auténtico tsunami en la comunidad científica española. Tanto es así que, tras su publicación en el BOE el pasado jueves, empezó a difundirse una posible iniciativa de dimisión masiva de responsables de institutos. Para calmar los ánimos, el vicepresidente de investigación del ...
El anuncio oficial de que la financiación de los proyectos de investigación científica del Plan Nacional, auténtico eje troncal del sistema de I+D en España, se recorta y se dilata el pago a los investigadores ha provocado un auténtico tsunami en la comunidad científica española. Tanto es así que, tras su publicación en el BOE el pasado jueves, empezó a difundirse una posible iniciativa de dimisión masiva de responsables de institutos. Para calmar los ánimos, el vicepresidente de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio Figueras, ha enviado a los directores de los centros de esta institución una carta exponiendo las aclaraciones acerca de la insólita y preocupante medida recabadas en la Secretaría de Estado de I+D+i (Ministerio de Economía). Si no se hubiera hecho este reajuste “pudiera peligrar el pago de los proyectos”, explica en la carta.
Más de 3.000 grupos de investigación en España han sido seleccionados en la actual convocatoria competitiva de proyectos de investigación no orientada del Plan Nacional, a desarrollar en tres años, como es habitual y como se especificaba en la convocatoria de diciembre de 2011. Sin embargo, la publicación de la lista definitiva en el BOE muestra que esta vez el pago a cada equipo se hará, en la mayoría de los casos, en cuatro años (pese a que sigue siendo de tres años el plazo para realizar la investigación aprobada). Es más, la cantidad que recibirán en el primer año, con pocas excepciones, no llega al 10%, lo que puede suponer para muchos científicos imposibilidad de arrancar el trabajo, ya que es precisamente al principio cuando hay que adquirir material y equipos, así como contratar recursos humanos. La cuantía total, a cuatro años, de los 3.182 proyectos aprobados tras el proceso de evaluación y selección entre más de 7.000 propuestas, es de 309 millones (incluida la financiación europea). Esto supone un recorte del 19,5% respecto a los 384 millones de la convocatoria anterior.
“Me han explicado los motivos de esa cuarta anualidad y la baja cuantía de la primera”, señala Figueras a los directores de centro. “Al parecer han incluido la cuarta anualidad para respetar el techo presupuestario fijado para el Departamento por la Intervención. Si no lo hubieran hecho así se ponía en peligro la publicación de la resolución [de los proyectos aprobados], lo cual podría suponer que, en caso de que Hacienda ordenase una nueva no disponibilidad presupuestaria, como la que ordenó en el último trimestre de 2011, pudiera peligrar el pago de los proyectos”, puntualiza. Figueras incluso precisa: “Tened en cuenta –y así me lo subrayan- que la publicación de la resolución significa un compromiso de pago que no estaba seguro hasta este momento”.
El portavoz de la Secretaría de Estado de I+D indicó a EL PAÍS el pasado jueves que se “intentaría” abonar esa cuarta anualidad extra en el ejercicio del primero, segundo o tercer año.
La Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía ha confirmado al vicepresidente del CSIC “que están buscando soluciones para adelantar al 2013 y 2014 el pago de la cuarta anualidad de los proyectos concedidos, utilizando distintos recursos que se fueran abriendo durante el ejercicio”.
Figueras destaca que la resolución de esta convocatoria de proyectos es un compromiso de pago. También apunta que, a su juicio, “no habrá inconveniente en que, una vez recibida la concesión en firme de cada proyecto y en la medida que lo pudiera precisar para su desarrollo en la primera anualidad, los institutos adelanten liquidez a los proyectos concedidos con cargo a los fondos que admitan una mayor flexibilidad en su justificación y permitan su utilización a este efecto”.
Sin embargo, ni las universidades ni el propio CSIC están en condiciones de hacer adelantos de pagos, según declararon rotundamente José Manuel Roldán, presidente de la comisión de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la portavoz del CSIC. Por tanto, solo aquellos institutos concretos que pudieran tener una situación económica holgada podrían realizar este adelanto de dinero, una práctica habitual en el pasado, antes de los drásticos recortes de la financiación de la ciencia en España.
Además, las instituciones ven mermados ahora sus ingresos procedentes de los proyectos competitivos obtenidos por sus investigadores. Para intentar atenuar el efecto del recorte en los equipos científicos, este año se estipula que los respectivos organismos se quedarán sólo con un 17%, y no un 21% como hasta ahora, de la cuantía total de cada proyecto. Ese dinero, en teoría, se utiliza para pagar los gastos de las investigaciones que recaen en los centros e institutos. Un 4% menos es mucho dinero para las arcas vacías de los organismos de investigación y las universidades.