La hora de los segundos espadas policiales

El juicio del procés cierra este jueves su cuarta semana en el Tribunal Supremo con la declaración, como testigos, de cuatro altos mandos policiales que quedaron relativamente fuera de los focos durante la etapa más tensa del desafío independentista catalán, pero que estuvieron en la cocina de las actuaciones contra el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña. En aquellos días del otoño de 2017, la atención de los medios se centró en dos figuras: el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y en ...

El juicio del procés cierra este jueves su cuarta semana en el Tribunal Supremo con la declaración, como testigos, de cuatro altos mandos policiales que quedaron relativamente fuera de los focos durante la etapa más tensa del desafío independentista catalán, pero que estuvieron en la cocina de las actuaciones contra el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña. En aquellos días del otoño de 2017, la atención de los medios se centró en dos figuras: el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y en el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, dos antagonistas que -probablemente a su pesar y tal vez de manera injusta- fueron convertidos en héroes de su bando y en enemigos del contrario.

Por debajo de Trapero y De los Cobos, los segundos espadas prepararon el dispositivo policial contra la consulta ilegal del 1 de octubre. Unos, los cuerpos de seguridad del Estado, acudieron a Cataluña –con gran malestar de los Mossos- para cumplir, incluso por la fuerza, la orden judicial de impedir el referéndum. Sobre la policía catalana pesa la sospecha de deslealtad y de haber actuado más para favorecer que se llevara a cabo la convocatoria suspendida por el Constitucional que para frenarla. Las declaraciones de hoy permitirán arrojar luz sobre el papel de cada uno.

Sebastián Trapote, comisario principal y jefe superior de Policía de Cataluña, y el general de división Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en esa comunidad, serán los primeros en declarar. Ambos estuvieron en las reuniones de coordinación convocadas por De los Cobos y por la Fiscalía para diseñar el dispositivo contra el referéndum, a finales de septiembre de 2017. También acudieron a la Junta de Seguridad convocada por el entonces president Carles Puigdemont el 28 de septiembre, al día siguiente de que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes de Armas dictara un auto en el que ordenaba a las fuerzas de seguridad estatales y autonómicas impedir la consulta independentista.

La sesión de la tarde está reservada para los comisarios de los Mossos Manel Castellví y Emili Quevedo. Ambos están ya en segunda actividad, una situación en la que no realizan las tareas policiales principales, pero en la época más dura del procés ocupaban puestos de enorme relevancia. Castellví era jefe de la Comisaría General de Información —máximo responsable de los investigadores de Mossos en materias como el terrorismo, entre otras—. Castellví dimitió tras la intervención de la autonomía catalana tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Quevedo, en el cuerpo desde 1983, fue hasta el pasado enero y durante 12 años el máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación y Seguridad —con funciones como planificar las necesidades materiales, de recursos humanos e infraestructuras del cuerpo—. La labor de ambos era esencial para la planificación de los recursos contra el referéndum.

Ambos altos cargos policiales, de la máxima confianza de Trapero, imputado por rebelión en la Audiencia Nacional, se encuentran imputados por desobediencia por un juez de Cornellá que investiga la actuación de la policía autonómica catalana durante el referéndum del 1 de octubre. El auto por el que están investigados sostiene que existen "indicios fundados" de que el operativo policial "pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales consistentes en evitar la votación" y que las decisiones de los mandos de la policía autonómica fueron tomadas de forma colegiada. Por esta circunstancia, Castellví y Quevedo podrían acogerse a su derecho a no declarar en el juicio, como han hecho ya algunos otros testigos investigados en otras causas derivadas del procés.