Justicia pide a 656 Ayuntamientos que retiren vestigios franquistas
El Gobierno advierte que incumplir la ley de memoria puede suponer la retirada de subvenciones públicas
El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 Ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas y avisa que no hacerlo puede suponer la retirada de subvenciones públicas. El director general para la memoria histórica, Fernando Martínez, se ha dirigido por carta a todos los gobiernos municipales afectados para que cumplan la ley y los retiren.
El artículo 15 de la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece que l...
El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 Ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas y avisa que no hacerlo puede suponer la retirada de subvenciones públicas. El director general para la memoria histórica, Fernando Martínez, se ha dirigido por carta a todos los gobiernos municipales afectados para que cumplan la ley y los retiren.
El artículo 15 de la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece que las Administraciones Públicas deben retirar los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", salvo cuando dichas menciones sean de "estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
Según el INE, destacadas figuras del franquismo cuentan todavía con 1.171 calles o plazas a su nombre repartidas en 637 municipios. La dirección general de Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, ha detectado, además, que en otros 19 Ayuntamientos permanecen otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.
Por comunidades, la que más cartas a Ayuntamientos por vestigios del franquismo ha recibido es Castilla y León (258), seguida de Castilla- La Mancha (124). Cataluña solo ha recibido seis misivas y País Vasco, ninguna.
En su carta, Martínez recuerda que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estableció, en junio de 2013, que el artículo 15 de la ley de memoria histórica "impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978". La sentencia del alto tribunal respondía así a un recurso planteado contra la retirada de la estatua ecuestre de Franco en la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.
El director general para la memoria histórica también ha solicitado información a los Gobiernos autonómicos sobre la posible permanencia de vestigios del franquismo.
La ley de memoria histórica vuelve a enfrentar ahora a los partidos, doce años después de su aprobación. Este martes, en el Senado, la senadora del PP Esther Muñoz indignó a la bancada socialista al referirse despectivamente a la partida que el Gobierno ha previsto en su plan de Presupuestos para este área. "Quince millones de euros, hombre, ahí no hubo error. Quince millones para crear una verdad de Estado. ¡Quince millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar los salarios de jueces y fiscales", declaró. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, calificó su comentario de "indigno". Muñoz aclaró luego que se refería a los restos de Franco, no a los fusilados que aún yacen en fosas y cunetas. Pero el Gobierno jamás ha dicho que esos 15 millones se fueran a destinar al traslado del dictador del Valle de los Caídos, sino a, entre otras cosas, un plan anual de exhumaciones para entregar a sus familiares los cuerpos de sus seres queridos.