El Supremo se prepara para juzgar el ‘procés’

El Tribunal Supremo prevé fijar esta semana la fecha de inicio del juicio del procés, la vista oral que sentará en el banquillo a 12 líderes independentistas catalanes, entre ellos el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El alto tribunal ultima las resoluciones judiciales pendientes en paralelo a los preparativos logísticos para acoger uno de los juicios más...

El Tribunal Supremo prevé fijar esta semana la fecha de inicio del juicio del procés, la vista oral que sentará en el banquillo a 12 líderes independentistas catalanes, entre ellos el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El alto tribunal ultima las resoluciones judiciales pendientes en paralelo a los preparativos logísticos para acoger uno de los juicios más importantes celebrados en España en la última etapa democrática.

La fachada principal del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, está ya rodeada de vallas amarillas, parte del dispositivo de seguridad que se desplegará en la zona para el juicio a los dirigentes independentistas. Esta es la señal más visible, de momento, de la vista oral que va a celebrarse durante los próximos meses. Pero los preparativos para acoger el juicio empezaron hace semanas y se han acelerado en los últimos días.

La Sala de Gobierno del Supremo (formada por el presidente, el vicepresidente, los presidentes de cada una de las salas y cinco magistrados elegidos por sus compañeros) acordó el pasado 16 de enero varias medidas previas al inicio del juicio. El Supremo es un tribunal cuya principal tarea es resolver los recursos presentados contra resoluciones de otros tribunales y donde se celebran muy pocos juicios, por lo que ha habido que acondicionar las instalaciones para acoger una vista oral larga (se calculan alrededor de tres meses), con 12 procesados, nueve de ellos en prisión preventiva, y al que han mostrado la intención de acudir decenas de medios de comunicación nacionales y muchos internacionales.

Entre otras decisiones, la Sala de Gobierno ha tenido que decidir dónde estarán los nueve presos antes del inicio de cada sesión y durante los recesos, ya que en el alto tribunal no hay calabozos ni ninguna estancia preparada para esto. Finalmente, se les va a reservar la sala de conferencias de la primera planta, situada debajo del Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio. Los presos que acuden a un juicio que se pueda prolongar de la mañana a la tarde suelen llevar desde la cárcel una bolsa con la comida, generalmente un bocadillo o un sándwich, una bebida y fruta. Pero el tribunal, dado que la vista va a durar varios meses, se está planteando facilitarles algún otro tipo de menú.

Se han hecho también cambios en la distribución de las puertas de acceso de los funcionarios para centralizar por una de ellas la entrada de los periodistas, los abogados de los acusados y los tres procesados que están en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás). Los medios de comunicación podrán seguir la vista a través de un circuito de televisión desde la biblioteca, el salón de actos y una sala anexa conocida como la aspirina (por una gran mesa redonda colocada en el centro). La vista podrá ser seguida en directo dentro y fuera del tribunal por la señal institucional de televisión, que será realizada por la oficina de comunicación del Supremo y encomendada a TVE para que la distribuya a todos los medios. La cobertura gráfica la hará la agencia Efe.

La sala designada para juzgar a los líderes independentistas prevé notificar a principios de esta semana el auto en el que responderá a los escritos presentados a mediados de enero por las defensas de los acusados. En esa respuesta, el Supremo concretará quiénes serán llamados a la vista oral como testigos a partir de las peticiones formuladas por las defensas. Los magistrados van a aceptar todos los testimonios de autoridades, cargos públicos y otros protagonistas que figuren en el relato de hechos elaborado por la Fiscalía. Esto incluye al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya comparecencia ha sido requerida por la mayoría de las defensas y a quien el ministerio público cita en dos momentos centrales del procés: el 11 de octubre de 2017, 10 días después del referéndum independentista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, Rajoy envió un requerimiento al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que comunicara si se había declarado la independencia; como el president no contestó, Rajoy le envió por carta un segundo requerimiento el 16 de octubre para que acatara la legalidad. El 19 de octubre, ya con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en prisión, Puigdemont informó a Rajoy de que votarían la declaración de independencia, lo que llevó al Consejo de Ministros a activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y proponer al Senado la aprobación de una serie de medidas para recuperar la legalidad en Cataluña.

El tribunal también va a aceptar la comparecencia de varios altos cargos de Interior en los meses claves del procés, como el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que era delegado del Gobierno de la Comunidad, Enric Millo, y el ex secretario general técnico del Ministerio del Interior Juan Antonio Puigserver. Los tres acudieron el 28 de septiembre de 2017 a una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña centrada en el referéndum del 1-O. También acudirá el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, procesado por sedición por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Sala no va a aceptar algunas de las peticiones estrella de las defensas: el testimonio del rey Felipe VI, el de Puigdemont y la ex secretaria general de ERC Marta Rovira (ambos procesados en rebeldía en esta causa) y el del actual portavoz del grupo popular del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuya presencia reclaman las defensas de Junqueras y Cuixart para que explique el whatsapp que envió a senadores de su partido en el que se jactaba de que el acuerdo entre PP y PSOE para situar a Manuel Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ le permitirá a los populares seguir controlando “desde atrás” la Sala de lo Penal. Este mensaje llevó a Marchena a renunciar a la candidatura y quedarse al frente del tribunal que juzgara el procés.