El desaprovechado potencial económico de las mujeres

El escenario que nos dejó la pandemia en América Latina y el Caribe no es alentador: un retroceso sustancial en derechos y conquistas de las mujeres; y economías a las que tomará mucho tiempo recuperarse.

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo cayó al 46% en 2020 y el desempleo subió al 12%. A pesar de la brecha salarial entre hombres y mujeres, más del 73% de quienes hicieron frente a la pandemia en los hospitales y centros de salud fueron ellas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta situación hace evidente, por una parte, la necesidad de profundos cambios sociales para que haya una distribución equitativa del trabajo de cuidados. Y por la otra, que es urgente que las mujeres vuelvan a la actividad productiva.

Sin embargo, la realidad es que las mujeres en América Latina dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos de cuidado no remunerados. Es decir, las tareas reproductivas o del hogar, el cuidado de hijas e hijos, o personas mayores y con enfermedades. Más aún, en la región ellas tienen 20% menos derechos legales que sus pares masculinos, según un estudio del Banco Mundial. Es decir, sigue habiendo leyes discriminatorias que les impiden incorporarse libre y plenamente a las economías de sus países.

En materia de igualdad salarial, más de la mitad de los países iberoamericanos, un 59%, no cuenta en su legislación con normativa que responda al objetivo de igual remuneración por trabajo de igual valor, tal y como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El 27% de países iberoamericanos (América Latina, España, Portugal y Andorra) tiene en su legislación textos con disposiciones discriminatorias relativas al reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y 64% todavía cuenta con leyes que restringen la libertad de elección de empleo de las mujeres y promueven la segregación ocupacional, según este estudio de ONU Mujeres y SEGIB.

Como si no fuera suficiente, también sufren discriminaciones en cuanto al acceso a una financiación adecuada para sus emprendimientos y negocios. Las inversiones en empresarias son aún muy poco representativas dentro de la inversión de impacto.

Solo el 22% se realiza en entidades con al menos una fundadora, y si se consideran todas sus fundadoras mujeres, el porcentaje de inversión se reduce a 8%. Apenas el 20% de las compañías de capital de riesgo y capital privado en la región tiene un equipo de liderazgo sénior con equilibrio de género, según datos de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Reincorporar a las mujeres a la economía no es únicamente una cuestión de la más elemental justicia, sino también de que, si se ponen en marcha las condiciones para activar su desaprovechado potencial económico, tendríamos una economía más sostenible, empresas con mayores retornos financieros y sociedades más prósperas.

Los datos son tan claros como abrumadores.

Un sondeo de la consultora McKinsey entre 1.400 gerentes de empresas en todo el mundo concluyó que las compañías con mayor representación femenina que cotizan en bolsa obtienen un rendimiento un 44% superior sobre las inversiones, y márgenes de ganancia un 47% más altos. Las empresas con diversidad de género en los mercados emergentes tuvieron un aumento del 13% en la tasa interna de retorno, determinó la CFI.

Según la Alianza Financiera de las Mujeres, las clientas exhiben tendencias superiores al ahorro (es un 16% más probable que ahorren para gastos futuros que los hombres), menor riesgo (de media, son más propensas a devolver los créditos), mayor crecimiento y menor deserción en sus carteras de préstamos.

De manera que, por un lado, tenemos una serie de limitantes que dificultan la total incorporación de las mujeres a la economía y, por el otro, datos que demuestran claramente que las empresas y sociedades con más diversidad tienen más ventajas.

¿Cómo salimos de esta trampa de discriminaciones múltiples? Lo primero, idealmente, sería deshacernos de las leyes discriminatorias que impiden el pleno ejercicio de los derechos económicos y laborales de las mujeres de América Latina y el Caribe.

Se trata de un primer y necesario escalón hacia la consecución de una igualdad real y sustantiva que, en este escenario de salida de la pandemia, se ha convertido en un requerimiento preponderante e inaplazable.

Segundo: debemos avanzar hacia una sociedad de los cuidados. En ese sentido, desde ONU Mujeres en alianza con CEPAL desarrollamos una propuesta para promover Sistemas Integrales de Cuidados que busquen el reconocimiento, reducción y redistribución de este tipo de trabajo, y hacer realidad el derecho al cuidado de las personas que lo necesitan, pero también los derechos de las personas cuidadoras.

Lo tercero es influir en la movilización de financiaciones innovadoras, para promover un mayor compromiso de las empresas privadas con la igualdad de género y el empoderamiento femenino, y fortaleciendo el ecosistema financiero y de la inversión con impacto de género.

En mis conversaciones con referentes del sector privado y gobiernos, siempre les digo que, si la situación económica o financiera de la que son responsables va bien, con políticas más inclusivas podría ir mejor

Tenemos como referente la decisión de la Unión Europea, que estableció que para 2027 las empresas que cotizan en bolsa deben lograr que al menos el 40% de sus puestos de dirección no ejecutiva o el 33% de sus puestos de dirección no ejecutiva y ejecutiva estén ocupados por miembros del sexo menos representado.

Desde ONU Mujeres promovemos también los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPS, por sus siglas en inglés) a los que se han adherido 6.500 empresas y que han demostrado que cuando se elimina la discriminación, se crean equipos diversos y se respeta la diferencia, mejoran la productividad, el bienestar y el compromiso dentro de las organizaciones.

Por eso, en mis conversaciones con referentes del sector privado y gobiernos, siempre les digo que, si la situación económica o financiera de la que son responsables va bien, con políticas más inclusivas podría ir mejor. Y si va mal, ¿por qué no intentar una forma diferente de hacer las cosas?

Cambiemos los paradigmas laborales y gerenciales, movilicemos mayor financiación para eliminar las barreras actuales, invirtamos con propósito en empresas comprometidas con la igualdad de género y aprendamos más de las cooperativas, y la economía social y solidaria. ¡Avancemos los derechos de las mujeres eliminando las barreras que frenan su pleno potencial y su autonomía económica!

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