La resistencia de las guardias indígenas

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Los más de 700 indígenas siona que viven en una porción de selva entre Colombia y Ecuador tienen una guardia propia que los mantiene a salvo en medio del conflicto armado. Su última intervención salvó la vida de los enfermos de covid-19, que podían haber sido asesinados por grupos armados dispuestos a matar a los contagiados para contener la propagación del virus. Así lo cuenta Mario Erazo, coordinador de este cuerpo de seguridad, que tuvo que redoblar la vigilancia de su territorio para evitar que los violentos entraran y cumplieran su sentencia.

“Cuando se escuchó que el virus ya iba cerca, los armados dijeron: ‘Aquí no podemos dejar que avance, y la persona que esté contagiada con eso, pues es que se tiene que morir de una. ¿Cómo? Pues a plomo’. La situación fue difícil, teníamos miedo a que nos llegara la enfermedad, pero más a que nos mataran por haberla contraído”.

Los centinelas siona, también llamados cuiracuas en su lengua nativa, llevan toda la vida protegiendo a su comunidad. Erazo habla de la boa y del tigre que, según su cosmovisión, cuidan del agua y de la tierra, pero también de la necesidad que tuvieron de conformar un cuerpo de vigilancia más orgánico hace una década más o menos. “Nuestros taitas (padres o personas mayores) cuidaban el territorio espiritualmente a través de la boa y del tigre. Hoy nos tocó buscar una estrategia más efectiva, digamos, respecto a todas las situaciones de los dos países que afectan a los territorios indígenas. Entonces nos hemos conformado en cuidadores ya visibles”, afirma.

Esa visibilidad les ha llevado a mediar con los actores armados de Colombia: ahora mismo, con las disidencias de las FARC y otras bandas criminales, que quieren entrar a los resguardos indígenas para ocultarse de los ejércitos regulares, reclutar a jóvenes e imponer el cultivo de la hoja de coca. “Tienen muchos recursos y dan plata a los campesinos, afros e indígenas para que siembren coca, incluso la semilla, y si usted dice ‘no, yo no quiero sembrar’, entonces se va o se muere”.

Las guardias indígenas surgen de la autogobernanza que tienen los pueblos originarios de Latinoamérica. Están acostumbrados a tomar yagé, la medicina ancestral conocida también como ayahuasca, para tener sabiduría y guiar a su gente. Su principal misión es proteger el territorio que han podido recuperar del reparto colonialista. Usan lanzas, bodoqueras y bastones de mando para enfrentar las amenazas que vienen de fuera. Y, en los últimos años, también echan mano de GPS, drones y cámaras para documentar los daños que dejan las actividades extractivistas. En sitios permeados por el conflicto armado, como ocurre en Colombia, actúan como mediadores y como agentes de paz.

La guardia indígena cofán es parte de una comunidad conformada por 200 personas que viven en las márgenes del río Aguarico. Se constituyó en 2017 y tiene una ley propia para controlar la presencia de mineros y cazadores ilegales.

Con GPS, drones y cámaras entregadas por la Alianza Ceibo y Amazon Frontlines lograron documentar en 2018 el daño ambiental que estaba produciendo una actividad minera que se hacía sus espaldas. Cuando buscaron información, descubrieron que el Estado ecuatoriano había otorgado concesiones mineras sin contar con el permiso de las comunidades afectadas como manda la Constitución. Llevaron el caso a los tribunales y lograron revertir 52 operaciones mineras que abarcaban una superficie de 32.000 hectáreas.

Alexandra Narváez, parte de este cuerpo de centinelas, habla del hallazgo que hicieron y del valor de su tierra. “Encontramos a las grandes mineras dentro del río, estaban cavando, sacando piedras… No habíamos visto eso antes. Nos sorprendimos al ver esas máquinas, de allí encontramos las concesiones mineras de las que nunca nadie nos había dicho nada. Solo el presidente de la junta parroquial nos mandó un documento para que los mineros pudieran darnos así como pollos o regalos para Navidad, pero nosotros no firmamos nada. Nuestro territorio es nuestra casa, si dañan nuestra casa, ¿en dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos?. Nos destruyen la vida”.

Con GPS, drones y cámaras, los cofán lograron documentar el daño ambiental que estaba produciendo una actividad minera que se hacía sus espaldas

Pero el oro que existe en la zona sigue atrayendo a los mineros hacia el territorio cofán. Por eso los vigilantes persisten en el monitoreo del territorio y cada vez que se encuentra con un expoliador le exigen su inmediata salida y le explican su ley: si vuelve por segunda vez les quitarán sus herramientas y los recursos extraídos; si reinciden una tercera ocasión, serán retenidos previa coordinación con la Policía.

Nixón Andy, también agente de seguridad de esta comunidad, cuenta que las incursiones de los mineros no cesaron durante la pandemia. “Vino gente a hacer minería ilegal con dragas y otras personas vinieron con sus bateas y sus bombas. Como se sabe, entran por la minería, pero comienzan igualmente a hacer la cacería y la pesca. Pero no hubo enfrentamientos, la gente entendió y se marchó después de nuestro primer aviso”.

La guardia cofán, además, tuvo que ocuparse del abastecimiento de la comunidad porque el puente que atraviesa el río Aguarico y lleva hasta su comunidad se cayó durante el invierno de 2020 y hasta la fecha no ha sido reparado. Entonces la preocupación en este punto de la selva ecuatoriana no fue la covid-19 sino la falta de comida.

Los siona y los cofanes se inspiran en la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que agrupa a 10 pueblos nativos en Colombia y tiene una organización propia desde hace 50 años. A ella pertenecen 7.000 hombres y mujeres que se presentan como un cuerpo de paz. Jhoe Sauca, de la etnia Kokonuko, cuenta cómo se formó este grupo: “El tema del auge de la amapola de los años noventa implicó que empezaran nuevamente los grupos armados de lado y lado a realizar asesinatos. Entonces, la guardia tuvo que salir al paso de esta situación porque seguían asesinando a nuestra gente. Además tanto el ejército como la guerrilla utilizaban estrategias de enamoramiento con las comunidades indígenas para luego utilizarlas como informantes, y eso ponía en peligro a las comunidades”.

Ese improvisado ejército del CRIC, poco a poco, se convirtió en la primera escuela de formación política organizativa de los territorios y de promoción de los derechos humanos. Pero ahora mismo no son buenos tiempos para la autoprotección en Colombia. Con las FARC había cierto respeto, reconoce Sauca, pero ahora son atacados por todos lados. “Ahora asesinan a los agentes, los ven como un enemigo, dicen que hacemos política de gobierno porque capturamos a disidentes, pero el Gobierno también nos acusa de ser guerrilleros”.

Los siona y los cofanes se inspiran en la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, con 7.000 hombres y mujeres que se presentan como un cuerpo de paz

La estigmatización de las guardias indígenas no se da solo en Colombia. A inicios de este año, el entonces ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, las vinculó con los comandos de frontera. María Lina Espinosa, abogada de Amazon Frontlines, explica que hay interés por deslegitimar la organización de las comunidades indígenas.“Quieren posicionarla como una amenaza al concepto típico de soberanía, lo quieren hacer ver como un actor peligroso y nocivo”, asevera.

Espinosa denuncia que detrás de esto puede haber una persecución que puede acabar en procesos judiciales y terminar con estos cuerpos de vigilancia. Si se extinguen las guardias indígenas que protegen esos territorios recónditos de las geografías de Ecuador y Colombia, la pregunta es quién ocupará su lugar. “Se están dando intentos del ejército de ingresar a los territorios sin respetar el control de la guardia y las decisiones comunitarias. Hay un señalamiento contra sus coordinadores y sus dirigentes, y también contra los defensores que les acompañamos. De hecho, el propio exministro indica que tenemos un interés de proteger el narcotráfico y a los grupos narco paramilitares, y que por eso existimos. Y tenemos, evidentemente, un grave riesgo de que esa criminalización termine en procesos judiciales”.

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