El dinero por sí solo no garantiza la equidad mundial en materia de inmunización
El Banco Mundial ha prometido casi 10.000 millones de euros para ayudar a los países pobres a comprar y distribuir vacunas y tratamientos contra la covid-19. Pero hay riesgo de que se desperdicien unos fondos urgentes
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En marzo, Sudán del Sur recibió su primer lote de vacunas para la covid-19. Si bien es una buena noticia, se produjo casi cuatro meses después de que se administraran las primeras dosis en el Reino Unido, lo que pone de manifiesto las amplias disparidades en su distribución mundial. Si estas diferencias no se reducen pronto —bajo el liderazgo de organismos internacionales que se cercioren de que el despliegue de las dosis en el mundo sea transparente y equitativo— toda la respuesta a la pandemia se verá en dificultades.
Sudán del Sur recibió sus dosis gracias al Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19 (Covax), que ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas en el mundo. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y Unicef han apoyado estos esfuerzos.
Pero los países ricos están obstaculizando el progreso al seguir acaparando suministros. En Estados Unidos se están administrando más de 2,1 millones de dosis al día; en Sudán del Sur se han distribuido unas 1.000 en total. En general, los residentes de los países de ingresos altos y medios han recibido el 83% de los 1.200 millones de dosis repartidas hasta ahora.
De hecho, la combinación de las prohibiciones a las exportaciones, el acaparamiento y la escasez del suministro se ha traducido en que Covax, hasta ahora, solo ha logrado entregar la quinta parte de las dosis de Oxford-AstraZeneca que se suponía llegarían hasta finales de este mes a los países beneficiarios de este mecanismo. A este ritmo, las economías avanzadas podrán vacunar a toda su población incluso antes de que muchos países de bajos ingresos comiencen sus campañas.
Para acelerar los avances, los bancos internacionales de desarrollo se han comprometido a aportar una financiación considerable para ayudar a que los países pobres adquieran y distribuyan inmunizaciones, pruebas y tratamientos. Solo el Banco Mundial ha prometido aportar 12.000 millones de dólares (9.800 millones de euros). Pero los detalles de su promesa se están disipando, lo que aumenta el riesgo de que este dinero tan necesario se desperdicie por falta de control.
A este ritmo, las economías avanzadas podrán vacunar a toda su población incluso antes de que muchos países de bajos ingresos comiencen su despliegue de vacunas
Para empezar, el Banco Mundial aún tiene que aclarar cómo utilizará su poder de mercado para garantizar que las dosis sigan siendo asequibles. Pero a medida que los productores, como por ejemplo Johnson & Johnson, retroceden y se alejan de sus promesas de hacer que las vacunas estén disponibles en una modalidad sin fines de lucro, esta intervención por parte del Banco Mundial se hace cada vez más urgente. Las tres empresas farmacéuticas estadounidenses con fórmulas aprobadas (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) ya han compartido con los inversores sus planes para aumentar los precios en un futuro próximo. Cuando el Banco Mundial dijo que aportaría los 12.000 millones de dólares para la adquisición y el envío de dosis, no quedó claro qué medidas adicionales iba a tomar para conseguir que los fabricantes compartan la tecnología y los conocimientos y, así, incrementar la producción mundial.
Además, el Banco Mundial sigue teniendo dificultades a la hora de explicar cuál es su estrategia para garantizar que sus movimientos con el dinero destinado a la vacunación sean transparentes, o cómo se va a cerciorar de que los países cumplan con los planes para hacer llegar las inyecciones a las poblaciones prioritarias. Como bien sabe el organismo, un diseño deficiente de los programas y un despliegue defectuoso de las vacunas pueden conducir a costes exorbitantes y resultados injustos. La primera operación de adquisición de dosis financiada por el Banco Mundial, lanzada en el Líbano en el mes de enero, fue casi suspendida un mes después debido a que los políticos estaban vacunándose antes de las personas con mayor prioridad como, por ejemplo, antes que los trabajadores del sector sanitario.
La transparencia es vital para limitar tales comportamientos, pero el Banco Mundial puede estar metiéndose en algo que simplemente es más de lo mismo: recientemente aprobó un proyecto en Etiopía, donde las prácticas como saltarse el orden de prioridad para recibir una vacunación son conocidas. También ha aprobado un proyecto en Túnez, donde las dudas y el escepticismo sobre las vacunas, así como la desinformación sobre las mismas, son muy sustanciales. Todos estos factores pueden socavar aún más la eficiencia de un programa si no se abordan de manera eficaz.
Los proyectos del Banco Mundial se están diseñando a gran velocidad. Con demasiada frecuencia, sin embargo, los equipos de esta institución (tanto los de su sede, en Washington D.C., como los ubicados en países que buscan fondos) están desarrollando los mencionados programas de vacunas sin contar con todas las partes interesadas esenciales. Si los grupos que corren el riesgo de ser excluidos en las campañas de inmunización no participan en el diseño y seguimiento de los proyectos, se incrementará mucho más la probabilidad de que se queden rezagados.
Tales grupos incluyen a refugiados, prisioneros y personas que viven en barrios marginales y bajo otras condiciones de hacinamiento. En Grecia, por ejemplo, más de 70.000 solicitantes de asilo están siendo excluidos del programa nacional de vacunación.
Las minorías perseguidas, como la población rohinyá de Myanmar, y los dalits de la India —el grupo de menor rango en el sistema de castas del país—, también llamados intocables, corren un alto riesgo de ser ignorados. Además, la coordinación en las zonas de conflicto, como es el caso de Siria, puede plantear un desafío, ya que los gobiernos pueden, incluso, ignorar a las personas en estos territorios.
Las minorías perseguidas, como la población rohinyá de Myanmar, y los dalits de la India corren un alto riesgo de ser ignorados
Los programas de vacunación en los países deben incluir protecciones claras para los grupos más vulnerables, y el Banco Mundial debe utilizar su influencia para prevenir la discriminación en la ejecución de sus proyectos. Toda financiación debe supeditarse a una distribución justa y segura. Además, debe llevarse a cabo la supervisión y seguimiento de estos proyectos, tal como la propia junta directiva del Banco solicitó recientemente.
Para que todo esto funcione, el Banco Mundial debe entrar en contacto directo con los grupos marginados. Sus puntos de vista son esenciales para determinar la mejor manera de gastar los fondos prometidos y garantizar la rendición de cuentas mediante la impugnación del uso indebido de los recursos y la asignación incorrecta de las dosis.
El despliegue mundial de inmunizaciones es una prueba de crítica importancia para una institución cuya misión declarada es “poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida”. Afortunadamente, hay razones para esperar que el Banco Mundial supere dicha prueba. Su presidente, David Malpass, ha calificado la crisis de la covid-19 como una “pandemia de desigualdad”, siendo uno de sus rasgos distintivos la desigualdad en el acceso a las vacunas.
Sin embargo, invertir fondos en enviar vacunas no será suficiente para resolver el problema de la inequidad. Solo puede lograrlo una estrategia transparente, inclusiva y bien diseñada que proteja explícitamente los intereses de los más vulnerables y les brinde una forma de hacer sonar la alarma cuando las cosas vayan mal. Ese sería dinero bien invertido.
Rosalind McKenna es gerente de equipo en la división de financiamiento del Programa de Salud Pública de la Open Society Foundation.
Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos. Copyright: Project Syndicate, 2021.
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