Milei, hinchas y conspiraciones
El gabinete del presidente argentino denuncia un intento de golpe tras una movilización que degeneró en disturbios. Comienza la etapa de la criminalización del adversario
Nicolás Maduro habla de intento de golpe de Estado casi cada vez que la oposición venezolana convoca una movilización. Daniel Ortega y Rosario Murillo agitaban el mismo espantajo cuando en Nicaragua quedaban voces críticas con capacidad para organizarse, antes de que el sandinismo aplastara, encarcelara, expulsara o forzara a la clandestinidad a cualquier disidente. Argentina no es un régimen autoritario, pero su presidente, el ultraderechista Javier Milei, ha decidido recurrir al argumento de la conspiración política para lanzar una nueva ofensiva. Los supuestos golpistas serían en este caso los hinchas de fútbol que se sumaron a una marcha de jubilados que degeneró en violentos disturbios y choques con las fuerzas de seguridad. Las redes sociales fueron un espejo de ese enfrentamiento, y al previsible conflicto entre el Gobierno y la oposición se sumó la embestida de los seguidores de Milei contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
“Lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, lanzó el jefe de ministros del Gobierno argentino, Guillermo Francos. “Yo creo que hay grupos de la política que intentan sin duda desestabilizar al Gobierno”. La acusación, formulada sin presentar pruebas, apuntaba a “los barrabravas” violentos, pero en última instancia señalaba a la oposición peronista. El mandatario ahondó en la tesis de que los recortes molestaron a “los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros”.
Lo cierto es que la concentración del miércoles frente al Congreso en Buenos Aires terminó en una batalla campal con la policía. Hubo más de 100 detenidos y casi 50 lesionados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no ocultó su desprecio por uno de los heridos graves, el fotoperiodista Pablo Grillo. Lo describió, a modo de descalificación, como “militante kirchnerista” y afirmó que un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un antidisturbios le golpeó la cabeza porque “rebotó” en el suelo o en alguna superficie. Una reconstrucción del diario La Nación desmiente la versión de la ministra y demuestra que se trató de un disparo directo. El escritor y periodista Martín Caparrós recordó que, mientras Bullrich hablaba en esos términos, “Pablo Grillo era operado a vida o muerte”.
La distorsión del sentido común en las acusaciones del Gobierno hizo que las palabras de la vicepresidenta Villarruel, una política que visitó en la cárcel a Jorge Rafael Videla y es una negacionista de la dictadura, sonaran en esta ocasión más razonables. “Manifestarse forma parte del ejercicio de la democracia”, escribió, aunque enseguida dejó claro que “el uso de la violencia en las manifestaciones siempre debe ser reprimido por las fuerzas del orden”, para terminar expresando su deseo de “pronta recuperación de los heridos” y con un llamamiento a “la paz social”. En realidad, Villarruel busca construir un perfil político propio cada vez más alejado de Milei y los fieles del economista libertario no se lo perdonan.
“Vergüenza ajena y cringe… Ni una palabra sobre los agentes de las fuerzas de seguridad lastimados y heridos gravemente… La vicepresidente debe renunciar”, espetó entre mayúsculas y errores de ortografía un perfil que se presenta como Admirador Milei del 56%, en referencia a los votos que obtuvo en 2023. Es solo uno de tantos ataques en un momento muy delicado para el presidente, tocado en las últimas semanas por el escándalo de la criptomoneda $Libra y que, en esta coyuntura, ha cancelado el viaje a España previsto para esta semana.
Mientras la plaza del Congreso se incendiaba, en el hemiciclo se debatía precisamente la creación de una comisión de investigación sobre la estafa de la criptodivisa. Pero también los diputados acabaron a la gresca. Los empujones y los insultos añadieron tensión a una jornada que marca un antes y un después en el mandato del ultraderechista. Comienza la etapa de criminalización del adversario.