El debate | ¿Se mide con precisión la pobreza en España?

La exclusión social en España afecta a 9,4 millones de personas, un 16% más que antes de la crisis de 2008. El 26,5% de los españoles corre riesgo de pobreza. ¿Pero qué significan estas cifras? ¿Qué es ser pobre? Como todo indicador económico, la pobreza se mide, pero de cómo se haga dependerá comprender su alcance y hacerle frente.

Para José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía y subdirector de Fedea, las cifras no son solo fríos indicadores, ya que retratan realidades que exigen una acción inmediata. Raúl Flores Martos, secretario técnico de la Fundación FOESSA, incide en cómo la precariedad laboral y la carestía de la vivienda han agravado la exclusión.

Las cifras son alarmantes y no cuentan a todos

José Ignacio Conde-Ruiz

Recurrentemente, se publican noticias alarmantes sobre la pobreza en España. Recientemente hemos conocido que vivir de alquiler duplica el riesgo de pobreza frente a ser propietario, o que 3,4 millones de personas viven hacinadas en nanopisos, lo cual podría ser una señal de la pobreza oculta. Estas cifras no son solo fríos indicadores económicos; retratan realidades que exigen acción inmediata. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Qué significan estas cifras? ¿Cuáles son las limitaciones de las herramientas actuales?

La forma más habitual de medir la pobreza es con índices relativos, donde básicamente se mide el porcentaje de personas que están por debajo de un umbral de pobreza determinado. El más usado es el número de personas (o familias) que perciben ingresos por debajo del 60% de la renta mediana del país, el nivel de ingreso que divide a la población en dos partes iguales: la mitad tiene ingresos menores y la otra mitad, mayores. Este indicador de pobreza está estrechamente ligado a la desigualdad, y su principal limitación es que podría no reflejar la evolución de las carencias materiales reales. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica el umbral de pobreza relativa puede reducirse simplemente porque caen los ingresos de la mayoría de la población, dando la impresión de que hay menos personas en riesgo de pobreza, aunque las condiciones materiales de los más pobres hayan empeorado.

Los indicadores de pobreza absoluta se enfocan en medir las carencias materiales severas y los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas de forma adecuada (alimentación, vivienda, ropa, educación o acceso a la salud). Su principal limitación es que no cambian con el tiempo ni reflejan mejoras en los estándares de vida. Por ejemplo, un ingreso que permitía cubrir necesidades en el pasado puede ser insuficiente hoy. Estos indicadores no están relacionados con la desigualdad, y se podrían dar situaciones donde el índice de pobreza absoluto mejora al mismo tiempo que aumenta mucho la desigualdad, pues se está dejando atrás a los más pobres en el progreso de la sociedad.

Para comprender la pobreza en toda su complejidad, es necesario recurrir a indicadores multidimensionales, pues no existe un indicador perfecto. En Europa cada vez está más extendida la tasa AROPE (por las siglas en inglés de riesgo de pobreza o exclusión social), que combina tres indicadores: el de riesgo de pobreza (relativa) antes citado; personas que carecen de al menos cuatro de nueve bienes o servicios esenciales, definidos como indicadores de privación material, y hogares cuyos miembros trabajaron menos del 20% de su potencial laboral total. El indicador híbrido AROPE mide el porcentaje de personas que cumplen al menos uno de esos tres criterios. Los últimos datos publicados en España indican que el 26,5% sufre al menos uno de los tres criterios y estaría en riesgo de pobreza, según AROPE: el 20,2% está por debajo del umbral de pobreza, el 9% de la población sufre carencia material severa, y el 8,4% tiene baja intensidad laboral. Los datos son peores para los niños, los jóvenes o las mujeres: el 33,5% de los niños, el 31,2% de los jóvenes y el 27,5% de las mujeres viven en situación de pobreza o exclusión social. Estas cifras son aún más alarmantes si pensamos que los datos se obtienen a través de encuestas, y ciertos colectivos, como las personas sin hogar o los inmigrantes sin documentación, quedan fuera de las estadísticas oficiales. Segundo: registramos peores datos que antes de la covid-19, y en el caso de los niños la pobreza no ha mejorado desde que tenemos datos, el año 2008. Tercero: si nos comparamos con Europa, somos terceros en pobreza total por detrás de Rumania y Bulgaria, y segundos, solo por detrás de Rumania, en pobreza infantil. Cuarto: en muchos casos, cuando una pareja de jóvenes tiene un hijo automáticamente se convierte en un hogar pobre.

Pese a los problemas de medición, los datos son tan elocuentes que una sociedad que aspire a la justicia social no puede mirar a otro lado. La pobreza nos recuerda que el progreso económico debe ir acompañado de una distribución justa de recursos y, sobre todo, de oportunidades.

La vivienda está creando nuevos tipos de pobres

Raúl Flores Martos

La medición de la pobreza como la tasa (20,2%) de población en situación de pobreza moderada (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana por unidad de consumo) nos aproxima a la población con pocos recursos económicos y a la desigualdad en términos de renta, pero carece de la mirada multidimensional imprescindible para analizar realmente las condiciones de vida.

El riesgo de pobreza o exclusión social —la tasa AROPE, el 26,5%— da un paso pequeño en la medición multidimensional de la pobreza, pero significativo, al incorporar a la tasa de pobreza la privación de bienes o servicios básicos y la baja intensidad laboral de los hogares, lo que amplía la mirada a tres aspectos relevantes de las condiciones de vida: el empleo, el consumo y los ingresos.

Ambas formas de medir las dificultades son necesarias e importantes. Sin embargo, el análisis de las condiciones de vida requiere de aproximaciones complementarias que evalúen también la salud, la vivienda, las relaciones sociales en general y el apoyo social en particular, y, por supuesto, con el logro educativo y los derechos de ciudadanía.

La experiencia de Cáritas en el acompañamiento a personas y familias que sufren vulneraciones de derechos, junto con la investigación desarrollada por equipos multidisciplinares de la Fundación FOE­SSA, nos han permitido diseñar y probar desde 2007 una mirada multidimensional basada en la acumulación de factores que deterioran las condiciones de vida. FOE­SSA ha desarrollado a través de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales un sistema de 37 indicadores que identifican las esferas de riesgo que afectan a la capacidad integradora de la sociedad: el eje económico y de consumo; el eje de ciudadana con la vivienda, la educación y la salud, y el eje de las relaciones y lazos sociales. El índice sintético de exclusión social (19,3% de la población en 2024) describe las condiciones de vida del conjunto de los hogares en España, superando la mera visión economicista, y profundiza en la exclusión social como la dinámica que genera carencias y limita las capacidades, desde una injusta y desigual distribución de recursos y oportunidades.

Dos de los cambios sociales más influyentes en las condiciones de vida de nuestra sociedad han sido la pérdida de capacidad de integración económica y social del empleo, así como el creciente sobreesfuerzo de las familias para acceder y mantener una vivienda adecuada.

Las tasas de trabajadores pobres (12%) y en exclusión social (10%) son ejemplos paradigmáticos de esta realidad. Mientras que la vivienda ahoga desde hace dos décadas a la población con menos recursos, en los últimos años ha extendido su capacidad asfixiante a las economías familiares de otras capas sociales. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda sigue creciendo, con consecuencias especialmente más negativas para quienes viven de alquiler. Los hogares en situaciones de pobreza dedican más del 70% de sus ingresos a pagar el alquiler, frente al 48% en 2007. El esfuerzo que debe hacer un hogar (7,7 años de salario familiar) para adquirir una vivienda es más del doble del que se hacía en 1987 (2,9 años), según datos del Banco de España.

La mayor exposición a la exclusión social está fuertemente asociada a las familias monoparentales (29%) y a aquellas con menores de 24 años (24%). Estas familias registran las tasas de exclusión más altas en los últimos años, lo que cuestiona la teórica igualdad de oportunidades, perpetúa situaciones de pobreza y exclusión, y aumenta la desigualdad generacional. La exclusión severa en la infancia es ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%), y entre los jóvenes ha pasado del 6% en 2007 al 11% en 2024.

Además de la brecha generacional, que apunta a una desprotección de las familias con hijos y de los jóvenes, se consolida la brecha por nacionalidad. Pese a que la mayoría de las personas en exclusión social son españolas, su incidencia alcanza al 47% de las personas extracomunitarias y cuestiona nuestro modelo de integración social de la población migrante.