La justicia en el banquillo: Pinochet, Garzón y la independencia judicial
La inacción de España para reparar al exjuez lanza un peligroso mensaje frente a una ola global de ataques a la soberanía de los tribunales
Este mes marca el 25º aniversario del fin del histórico proceso judicial contra Augusto Pinochet. La dictadura de Pinochet se caracterizó por la comisión de crímenes contra la humanidad seguidos de una ley de amnistía que protegía a los autores frente la justicia chilena. La búsqueda de justicia por parte de las víctimas y familiares en tribunales extranjeros, incluyendo España, ...
Este mes marca el 25º aniversario del fin del histórico proceso judicial contra Augusto Pinochet. La dictadura de Pinochet se caracterizó por la comisión de crímenes contra la humanidad seguidos de una ley de amnistía que protegía a los autores frente la justicia chilena. La búsqueda de justicia por parte de las víctimas y familiares en tribunales extranjeros, incluyendo España, llevó al juez Baltasar Garzón a pedir al Reino Unido la extradición de Pinochet. Este litigio innovador en derechos humanos llevó a la Cámara de los Lores a decidir que los exdictadores no son inmunes a la persecución penal: concluyeron que Pinochet podía ser extraditado. Este caso moldeó los estándares de justicia internacional y mermó las garantías de impunidad de las que dependen los dictadores.
La aclamación internacional al juez Garzón por su rol y contribución decisiva en el caso Pinochet contrasta con la posterior persecución en su propio país, simplemente por seguir haciendo su trabajo. Casi 10 años después del caso Pinochet, en octubre de 2008, un expediente que alegaba atrocidades perpetradas durante el régimen franquista —crímenes que no se habían investigado y siguen sin investigarse— cayó en manos del juez. Siguiendo el ejemplo británico, Garzón decidió que las leyes nacionales deben interpretarse considerando los estándares internacionales de derechos humanos y determinó que la ley de amnistía no podía coartar derechos básicos como el derecho a la verdad sobre el paradero de personas desaparecidas.
Si bien la discrepancia sobre interpretaciones de las leyes es común entre jueces, la cruda realidad es que el pseudosindicato Manos Limpias ―vinculado a la ultraderecha―, con la validación del Tribunal Supremo, se aprovechó de la definición difusa del delito de prevaricación (art. 404 del Código Penal) para iniciar un proceso penal contra el magistrado. Garzón fue relegado del banco del juez al banquillo de los acusados en una deplorable instrumentalización del derecho.
La reacción internacional de condena de dicha decisión no impidió el inicio de un segundo proceso penal por prevaricación contra Garzón, esta vez, relacionado con su decisión en el caso Gürtel, que implicaba al Partido Popular. De nuevo, Garzón fue perseguido por su interpretación del derecho, pese a que actuó de buena fe y sus decisiones eran razonables y estaban motivadas. Después de años de litigio, Garzón fue absuelto del caso relativo al franquismo y condenado por su decisión en el caso Gürtel. Los largos procesos penales terminaron con su carrera judicial, lo que creó el riesgo de que otros jueces se amedrentaran en casos altamente politizados.
El juez convertido en acusado asumió el rol de denunciante. Paradójicamente, conocí a Garzón en 1998, mientras trabajaba en el caso Pinochet (por parte de Human Rights Watch), y 10 años después me encontraba representándole en su propio caso.
En Baltasar Garzón vs España, frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) impugnamos su destitución y persecución penal como vulneraciones de sus derechos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (vinculante para España), y como ataque a la independencia judicial. El 25 de agosto de 2021, el CDHNU emitió una decisión sin precedentes, en la que concluyó que ambos procesos penales contra Garzón fueron “arbitrarios”, carentes de imparcialidad, y que se le había negado el derecho a un juicio justo. Es más, el CDHNU estableció que España debía reparar íntegramente a Garzón. De acuerdo con el derecho internacional, esto implica la restitución del juez a su posición, compensación, extinción de su expediente penal y garantías de no repetición.
Hasta la fecha, el Gobierno español ha ignorado las demandas de reparación. De hecho, el relator especial del CDHNU ha publicado un informe en el que destaca la falta total de implementación de la decisión. Esta actitud deja a Garzón desamparado y sin reparación, y refleja una clara falta de voluntad de afrontar los déficits subyacentes en cuanto a la independencia judicial en el país. El informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho de 2024, informes de relatores especiales en independencia judicial y ONG avalan esta conclusión.
La inacción de España, que menoscaba la posición del CDHNU, lanza además un peligroso mensaje frente a una ola global de ataques contra la independencia judicial. Hungría, Túnez, Turquía, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, son recordatorios constantes de las profundas implicaciones para las democracias que se toman a la ligera la independencia judicial, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Si además tomamos en cuenta los crímenes de guerra y contra la humanidad que ocurren en todo el mundo —en especial en Oriente Próximo, Ucrania y Sudan—, la importancia de contar con sistemas judiciales nacionales independientes, apoyados por sistemas internacionales, es aún más evidente.
Esto nos lleva de nuevo al caso Pinochet. La contribución histórica de los tribunales madrileños y londinenses tuvo lugar gracias al trabajo de jueces independientes, decididos y capaces de aplicar la ley sin miedo a represalias. Lo que le aconteció al juez Garzón cuando hizo lo mismo en España tiene que ser abordado y remediado. Alzarnos para defender una independencia judicial bajo creciente ataque va en el interés de todos.