Desgobierno de los jueces

El Partido Popular bloquea desde hace más de cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano clave para el buen funcionamiento de la democracia, ya que supervisa las leyes fundamentales, castiga a los jueces que burlan la norma y nombra a los cargos principales de todos los tribunales. Debido al bloqueo, actualmente hay en España casi un centenar de vacantes en los principales órganos judiciales: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias provinciales, con el trastorno que eso supone para los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la justicia.

El consenso entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) ha presidido la renovación de este órgano durante la etapa democrático, pero este se desmoronó en 2018, cuando caducó el mandato del actual Consejo, debido a la estrategia que marcó primero Pablo Casado y ahora defiende Núñez Feijóo. En 40 años, ni las asociaciones conservadoras de jueces, principales beneficiarias de la norma, ni la derecha política habían exigido un cambio en el modo de elegir a los 20 vocales por el Congreso y el Senado. De hecho, el PP prometió en la campaña electoral de 2011 que los jueces elegirían directamente a los vocales del CGPJ, pero no tomó iniciativa alguna para impulsar la reforma prometida cuando gobernó con mayoría absoluta. Ahora vaticina el fin de la separación de poderes cuando el Gobierno busca soluciones al bloqueo.

La necesidad de contar con el voto de tres quintos de la Cámara baja para la renovación ha permitido a los populares hacer un uso torticero de la norma: sin sus votos, el bloqueo está garantizado. Lo paradójico es que el PP recurrió, sin éxito, ante el Constitucional una reforma del Gobierno socialista que obligó a que los nombramientos de cargos judiciales por parte del CGPJ se hicieran por una mayoría de tres quintos y no por mayoría simple como defendía el PP, que argumentaba entonces que la nueva aritmética de nombramientos introducía una minoría de bloqueo. Justo la minoría que aprovecha ahora para no renovar el CGPJ contra lo ordenado por la Constitución y reclamado por la UE, cuya mediación exigió el PP y aceptó el PSOE en diciembre pasado para ver luego cómo los populares buscaban nuevas excusas.

La reacción de Pedro Sánchez es, por otro lado, desconcertante. Primero, anuncia una reforma legal si antes del próximo 30 de junio el PP no se aviene a renovar el Poder Judicial con la ley vigente a sabiendas de que Feijóo se ha atrincherado en una idea: primero reformar la ley para cambiar la elección del CGPJ y después renovarlo. Por otro lado, Sánchez apunta, sin detalle, que su idea para salir del laberinto es que una de las tres funciones del CGPJ —el nombramiento de cargos judiciales— ya no dependa del Consejo. El presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, nombrado a propuesta del PP, ya planteó en EL PAÍS una fórmula parecida: que los presidentes de audiencias provinciales, tribunales superiores y salas de la Audiencia Nacional sean elegidos por los propios miembros de esas salas o tribunales sin mediar la intervención del CGPJ. Y que una comisión especializada, dependiente del CGPJ, pero de composición diversa, elija a los magistrados del Supremo.

La idea de Sánchez, en parte tomada de Guilarte, es aún imprecisa, pero no resolvería el actual bloqueo, un problema creado por el PP para seguir controlando el Poder Judicial a través de magistrados conservadores a los que eligió hace más de 10 años, cuando tenía mayoría en el Congreso.

Hay quien plantea como solución que, dado que ya existen 43 candidatos, elegidos por los propios jueces y las asociaciones y que desde hace cinco años optan a esas plazas, el Congreso y el Senado convoquen las sesiones parlamentarias para votar el nuevo Consejo. El reglamento de las cámaras permite activar el procedimiento, pero seguiría faltando el consenso. Se conseguiría, eso sí, subrayar algo que ya sabemos: que el PP prefiere mantener la actual situación, con la derecha judicial dominando el CGPJ.

Defender las instituciones, salvaguardar la separación de poderes, preservar a la justicia de un uso partidista pasa hoy, al contrario de lo que proclaman quienes desde dentro y fuera de la política miran la realidad con una plantilla anacrónica o con el único objetivo de un relevo en La Moncloa, por adoptar las medidas legislativas para no prolongar más el bloqueo del CGPJ. Ese bloqueo en el gobierno de un poder del Estado es el verdadero cáncer del sistema. Hágase con todas las garantías, pero el respeto a la institucionalidad consiste hoy en actuar. Abstenerse de hacerlo es tolerar que se perpetúe una grave anomalía de la democracia.