Nuevo paquete anticrisis

En una de sus últimas sesiones hábiles, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas económicas destinado a garantizar los elementos esenciales de su programa de apoyo a las familias durante la crisis de precios. La caída de la inflación, que puede certificarse esta misma semana, no ha tenido todavía los efectos deseados en el bolsillo de las familias, y algunas de las políticas prorrogadas, como la s...

En una de sus últimas sesiones hábiles, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas económicas destinado a garantizar los elementos esenciales de su programa de apoyo a las familias durante la crisis de precios. La caída de la inflación, que puede certificarse esta misma semana, no ha tenido todavía los efectos deseados en el bolsillo de las familias, y algunas de las políticas prorrogadas, como la subvención al transporte público o el mantenimiento de las rebajas del IVA, apuntan en la dirección de sostener esta ayuda aun con la incertidumbre electoral y política que se adentrará, casi con total seguridad, hasta la vuelta de vacaciones. La decisión de mantener temporalmente algunas de las líneas de apoyo a familias y trabajadores supone un acierto, aunque tarde o temprano se deberá desarrollar un adecuado programa para su retirada. Las previsiones de inflación, los precios de la energía y la favorable marcha de la economía invitan a pensar que algunas de ellas están, afortunadamente, en camino de convertirse en innecesarias en los próximos meses.

Con este paquete, el Gobierno ha aprobado también una serie más novedosa de políticas destinadas a favorecer la conciliación familiar y laboral, y entre ellas están permisos de nuevo cuño destinados a flexibilizar los tiempos de trabajo y a permitir una mayor compatibilidad entre las obligaciones profesionales y los requerimientos familiares. Tales permisos deberían haberse aprobado en un proceso legislativo más elaborado, pues su vocación de permanencia demandaba un recorrido con mayor debate parlamentario. El decaimiento de la ley de familias, cuya tramitación se suspendió por la convocatoria de las elecciones, ha impulsado al Ejecutivo a utilizar la vía rápida para poner en marcha algunas de sus previsiones, pero este atajo no debería hurtar un debate más amplio cuando se inicie el nuevo periodo legislativo.

Consideración aparte merecen otras medidas, como las dirigidas a facilitar avales públicos para la compra de viviendas. El recurso a una garantía adicional para las entidades que otorgan las hipotecas se ha popularizado gracias a varias comunidades autónomas, pero su impacto real está todavía por demostrar. Puede mejorar el perfil de riesgo de las personas más jóvenes, pero no afectará a su capacidad de repago o endeudamiento, principal factor para la concesión de un crédito hipotecario. Tampoco parece incontestable la decisión de desgravar hasta un 15% en el IRPF a los compradores de coches eléctricos, cuyos efectos distributivos son más que inciertos dado el perfil habitual del comprador de este tipo de vehículos. Presentadas en el marco más amplio de un paquete globalmente positivo, estas dos últimas medidas habrían merecido un mayor estudio sobre sus efectos potenciales.

Con la aprobación de este nuevo paquete anticrisis, el Gobierno completa el activismo socioeconómico que ha practicado en estos años de legislatura, en el que el papel del sector público y del Estado en el mantenimiento de las rentas y en la respuesta a las diferentes crisis ha logrado aciertos evidentes pese a lo controvertido de algunas de sus decisiones, a menudo impulsadas por la urgencia de los acontecimientos, como en la crisis de la covid o la guerra de Ucrania. Esta explicable celeridad no siempre ha sido la más recomendable, en particular para aquellas propuestas cuyo carácter permanente hubiera merecido una mayor maduración para evitar que provoquen efectos contrarios a los deseados.