Contra la desinformación climática (y política)

Hace un par de días, más de 250 líderes y organizaciones ambientales enviaron una carta abierta a los responsables de la COP26 y a las plataformas tecnológicas pidiendo que abordaran el problema de la “desinformación climática”. En la misiva definían ese concepto como la difusión de aquellos “contenidos engañosos o equívocos que: 1) socavan la existencia o los impactos del cambio climático, la inequívoca influencia humana en el ca...

Hace un par de días, más de 250 líderes y organizaciones ambientales enviaron una carta abierta a los responsables de la COP26 y a las plataformas tecnológicas pidiendo que abordaran el problema de la “desinformación climática”. En la misiva definían ese concepto como la difusión de aquellos “contenidos engañosos o equívocos que: 1) socavan la existencia o los impactos del cambio climático, la inequívoca influencia humana en el cambio climático y la necesidad de la correspondiente acción urgente según el consenso científico del IPCC y en línea con los objetivos del Acuerdo Climático de París; 2) tergiversan los datos científicos, incluso por omisión o selección, con el fin de erosionar la confianza en la ciencia del clima, las instituciones centradas en el clima, los expertos y las soluciones; o 3) publicitan falsamente esfuerzos como apoyo a los objetivos climáticos que en realidad contribuyen al calentamiento del clima o contravienen el consenso científico sobre la mitigación o la adaptación”. En definitiva, los firmantes piden que no se mienta respecto a las evidencias científicas que se suceden sobre el cambio climático ni se hagan pasar por verdes campañas, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, que son mero greenwashing; o sea, un mero y falso lavado de cara.

Lo peculiar de estos tiempos es que sea necesario publicar cartas y elaborar documentos para pedir que se deje de falsear la realidad o se cuenten verdades a medias, y que cada cual vele ―plataformas tecnológicas en primer plano― por garantizar la verdad de la información en los espacios que gestiona.

Resulta interesante realizar el ejercicio de aplicar esta misma definición a otros asuntos políticos. Por ejemplo, a la votación que este jueves va a tener lugar en el Congreso de los Diputados para elegir magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros, al señor Enrique Arnaldo, de cuya carrera profesional hemos ido conociendo informaciones que cuestionan ―cuando menos― su idoneidad. Las declaraciones de Enrique López, secretario de Justicia del Partido Popular y consejero de la Comunidad de Madrid, resaltando “el prestigio incuestionable” del señor Arnaldo, o las de responsables del Gobierno asumiendo que no se hacen cargo de los candidatos conservadores, 1) socavan claramente las evidencias sobre lo que se ha ido conociendo; 2) tergiversan por omisión o selección el sentido que tiene esta elección y/o 3) publicitan falsamente el esfuerzo de este acuerdo en aras de la renovación de los órganos constitucionales, haciendo ver que así se fortalece la democracia y se robustecen las instituciones.

Está claro que no solo en materia climática necesitamos acabar con la desinformación. En el primer caso, es clave porque nos jugamos la vida. En el segundo, la confianza en la justicia, y en la política, o sea, en la democracia.