La militarización de la vida pública de México: crónica de viejas y nuevas mentiras

En oposición a la visión de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la llamada “guerra contra las drogas”, Andrés Manuel López Obrador decía que había que regresar el Ejército a los cuarteles, lo cual le trajo muchas simpatías con quienes nos oponíamos a tener seguridad pública militar.

Cuando llegó a la Presidencia impulsó una reforma que proponía dejar a los militares en las calles por cinco años únicamente. En su toma de protesta dijo que se dio cuenta de que las policías eran insuficientes para pacificar el país y que necesitaría de las fuerzas armadas. Con la legitimidad social que tenía logró que pasara su reforma porque además prometió que fortalecería a las policías y antes de terminar su sexenio regresarían los militares a los cuarteles.

Formó así, en 2019, la Guardia Nacional, que originalmente era un cuerpo de seguridad de mando civil con el que reemplazaría gradualmente a las fuerzas militares. Lo que sucedió fue justo lo contrario.

En los primeros años de su gobierno fortaleció su legitimidad con programas sociales que ayudaron a muchas personas a salir de la pobreza extrema, pero la pacificación no llegaba y tampoco el fortalecimiento policial. Usó entonces esa legitimidad para una nueva reforma: los militares no regresarían a sus cuarteles antes de terminar su sexenio. En 2022 rompió su promesa y extendió el plazo hasta 2028 para que los militares siguieran a cargo de la seguridad pública.

Durante los años de su Gobierno, López Obrador les dio además atribuciones para toda clase de tareas civiles, desde construcción de infraestructura hasta promoción de la salud, aumentando con ello de manera histórica el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Antes de terminar su mandato en 2024 mandó al Congreso otra reforma constitucional en la que confesaba su mentira: la Guardia Nacional seguiría en las calles de manera permanente, integrada definitivamente a la Sedena, con mando militar y con la facultad de investigar delitos.

El martes, bajo el argumento de que eran necesarios “cambios técnicos” se aprobó, en sesión extraordinaria del Congreso, la nueva Ley de la Guardia Nacional y una serie de reformas a otras leyes relativas. La palabra “civil” quedó enterrada en los anales de la historia y la atribución de investigar delitos se amplió. Ahora, con cibervigilancia masiva, usuarios simulados y agentes encubiertos, los militares pueden “prevenir delitos” sin denuncia alguna, sin transparencia y sin control judicial. Además de permitir que los militares puedan acceder a cargos de elección popular y otros cargos públicos dirigidos actualmente por civiles, como secretarías de Estado y embajadas si la presidenta los designa.

Estos cambios no son técnicos, son ideológicos: ya no se trata de militarizar la seguridad, sino la vida pública de México. Los militares tienen ya no solo las armas y el dinero, sino también acceso al control político.

Con el pretexto de “prevenir delitos” pueden meterse sin límite a la vida privada de los ciudadanos. No es necesaria la ley mordaza, basta la amenaza de que los militares pueden estar infiltrados en cualquier protesta civil para desincentivarla, basta el miedo para instaurar el pensamiento en bloque o frenar investigaciones periodísticas, basta la sospecha para no confiar en otro ciudadano o expresarse libremente con cualquier nuevo conocido en nuestras vidas.

Los militares ya no serán el pueblo uniformado, serán militares vestidos de civiles. Ellos tienen incentivos para cumplir a cabalidad con esta nueva tarea, pueden incluso llegar a la Presidencia en el próximo sexenio.

Sorprende que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que jamás le mentirían al pueblo: porque sí, sí han mentido y sí traicionaron.