Justicia y seguridad: desafíos pendientes en México

En justicia y seguridad, México sigue enfrentando enormes desafíos por delante. En cuanto a la justicia, la inercia de las fiscalías; la atropellada y equívoca reforma judicial; y la ampliación de los supuestos de prisión preventiva oficiosa, son sin duda preocupantes. Sobre esta última, la semana pasada el Congreso de la Unión aumentó de nuevo el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, contenido en el artículo 19 de la Constitución. Son ahora más delitos en ese listado que, con su mero texto, condena a todas las personas acusadas a una prisión automática y, por eso, arbitraria, de acuerdo a estándares internacionales.

Ya se ha debatido suficiente sobre el tema. La prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, especialmente en su vertiente de regla de trato procesal, pues adelanta, en los hechos, la pena a la persona que ha sido acusada. Que sigamos en esta inercia y que hoy luzca consumada esta reforma, no nos exime de alertar desde las universidades sobre su incompatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.

Por otra parte, en materia de seguridad, la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional supuso cancelar a perpetuidad la posibilidad de que se cuente con una policía civil de alcance nacional. Así continúa la expansión de poderes y protagonismo público al sector castrense, lo que genera sus propios riesgos ante la carencia de controles civiles efectivos para su supervisión.

Ante ese panorama, lo más rescatable es el reciente Operativo conjunto enjambre —como fue llamado— que derivó en la detención de diversos servidores públicos que, presuntamente, se habían coludido con la criminalidad organizada. De realizarse conforme al debido proceso, de no acotarse sólo a la esfera municipal y de no condicionarse a la filiación partidista de las personas detenidas, este tipo de operaciones puede realmente contribuir a debilitar las redes criminales que aún imperan en el país. Y es que éste es un aspecto fundamental de la política criminal que debe retomarse, pues la delincuencia organizada no se entiende en México sin la protección institucional brindada desde algunas parcelas del Estado.

Así también debe retomarse el diálogo con la sociedad civil y la academia. A este respecto, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México celebramos en días pasados la Segunda Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios, coordinada por Ernesto López Portillo, en asociación con relevantes organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh, institución que al igual que la Ibero, están encomendadas a la Compañía de Jesús.

La conferencia retomó las mejores prácticas latinoamericanas para disminuir la violencia en una de sus manifestaciones más dolorosas: la que priva de la vida a las personas. En las mesas, se ahondó en la perspectiva de las autoridades, que desde luego fueron invitadas. Así como, en el riesgo que enfrentan las y los propios policías. Además se abordaron las condiciones de particular vulnerabilidad de diversos colectivos e identidades. Diseñar una verdadera estrategia nacional para reducir los homicidios y feminicidios, con participación multisector, sigue siendo un gran pendiente.

Tal y como mostró esta conferencia, existe un importante cúmulo de saberes, datos, experiencias y análisis, que bien podrían nutrir las políticas públicas que, frente a la violencia, están definiendo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales. Existe además una disposición a colaborar, a pesar de una inquietud que ha permeado el evento: el temor de que la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y demás órganos de transparencia dificulte aún más el acceso a información pública relevante del ámbito de la seguridad y la justicia.

Fieles a nuestra identidad, buscando siempre la excelencia educativa con pertinencia social, desde la Ibero buscaremos seguir tendiendo puentes con el sector público para acercar nuestras propuestas, sin dejar de alertar con argumentos sobre aquellas cuestiones que —como la reforma judicial o la prisión preventiva oficiosa— nos alejan del deseable camino para construir una cultura de derechos humanos.