El mito de la destrucción democrática

Se ha vuelto sentido común decir que López Obrador ha destruido la democracia mexicana consolidando una regresión autoritaria que emula al régimen hegemónico del PRI. Hoy quiero retar esta concepción porque me parece profundamente equivocada.

No hay duda de que López Obrador es un líder con tendencias populistas. Como gobernante suele negar la legitimidad de sus oponentes, descalificando a cualquiera que se oponga a su agenda como “enemigo del pueblo”. Esto incluye, no solo a su oposición partidista y la oligarquía, sino preocupantemente a la prensa, los organismos de la sociedad civil y los empresarios.

El presidente también tiene un rechazo innato hacia las instituciones contramayoritarias que impiden la rápida implementación de su agenda. Le disgusta que la Suprema Corte de Justicia rechace sus iniciativas por cuestiones procedimentales, que las instituciones de transparencia otorguen información a periodistas que lo critican, y que la Comisión Federal de Competencia se oponga a sus políticas industriales en materia energética.

López Obrador también ha utilizado al Ejército para llevar a cabo labores que deberían ser civiles y ha conferido a las Fuerzas Armadas un poder, secrecía y discrecionalidad inéditas en la historia contemporánea de México. Esto ha sucedido por su desconfianza a contratistas privados y por su idea de que la burocracia civil es inherentemente incompetente para operar al ritmo que él requiere.

Todas estas tendencias son sin duda preocupantes. La atención de académicos, periodistas y líderes sociales debe avocarse a impedir que crezcan.

Solidez de la democracia mexicana

Sin embargo, aseverar que debido a las tendencias que he descrito hay evidencia contundente de que la democracia mexicana está siendo destruida y de que vivimos en un régimen autoritario, me parece un error. Un punto de vista hiperbólico que tergiversa el camino que actualmente está recorriendo la joven democracia mexicana.

En México no se están observando los comportamientos autoritarios clásicos que se presentan en las rupturas democráticas. Al respecto, hay tres aspectos que merecen ser reconocidos.

Primero, en términos electorales, López Obrador ha aceptado sus derrotas. Su partido ha aceptado perder la mayoría en el Congreso, la mayoría del voto de la Ciudad de México y múltiples gubernaturas.

Más aún, no ha habido fraudes electorales ante victorias evidentes de su oposición. López Obrador no ha propuesto cancelar elecciones, no ha llamado a protestas masivas para forzar la salida de gobernadores opositores, ni tampoco ha encarcelado a opositores que hayan ganado elecciones para evitar que tomen posesión. En general, cuando Morena pierde, el presidente suele quejarse ante la prensa, refunfuñar y seguir adelante. Incluso, todo parece indicar que la elección del 2024 será bastante competida para su sucesora.

Segundo, la prensa es libre de criticar a López Obrador con agudeza y firmeza constante en los principales medios. No se ha promovido la violencia en contra de sus opositores, ni ha aprobado leyes para restringir la labor de la prensa. Si acaso, lo raro es encontrar analistas que no lo hagan. La cantidad de recursos públicos para el financiamiento de la prensa ha disminuido de manera significativa, e incluso en la televisión pública se retiene a muchos de los acérrimos críticos del gobierno actual sin censura, personas abiertamente militantes de partidos opositores.

La violencia criminal afecta al periodismo mexicano, pero no existe una andanada violenta en contra de críticos por parte del Estado. Por el contrario, ser crítico de López Obrador le asegura a quien lo hace una cantidad enorme de recursos en conferencias, viajes pagados y asesorías a grupos empresariales u opositores.

Tercero, es frecuente que a López Obrador se le acuse de ser autoritario por acciones que son completamente normales en las democracias con mayorías. Por ejemplo, se utiliza como evidencia de “la destrucción democrática” hechos que suceden en las democracias de todo el mundo, como que López Obrador proponga ministros que le son ideológicamente afines, que cambie la distribución del presupuesto usando su mayoría democráticamente electa, que apruebe cambios legales que disgustan a sus opositores, que emita decretos para los que está facultado, que busque reestructurar la administración pública, e incluso que proponga políticas públicas sin consultar a privados.

Se ha llegado al absurdo de tildar de autoritario cualquier cambio que proponga López Obrador sin la aprobación de sus opositores. Como si ganar democráticamente no significara nada. Como si quien gana una elección, no pudiera implementar su agenda sin antes pedirle permiso a quien perdió.

Las minorías tienen derecho a ser protegidas, por supuesto. Sus derechos deben ser intocables en cualquier democracia. Sin embargo, López Obrador y sus votantes también tienen derecho a ejercer el poder que ganaron democráticamente. Esto incluye reformular instituciones, leyes, procedimientos y presupuestos. Se vale. Es profundamente autoritario pretender que una mayoría no puede actuar, o que las instituciones deben congelarse en el tiempo hasta que la minoría apruebe.

El miedo al PRI

La pregunta es por qué hemos llegado al absurdo de tener una visión tan pesimista y poco objetiva sobre nuestra democracia.

Me parece que tiene que ver con nuestra historia. Muchos de nuestros pensadores más influyentes se forjaron es la lucha democrática de los noventa. Lucha que, en su momento, interpretaron como contraponerse a las mayorías del PRI a ultranza.

Así, el proceso de democratización electoral del siglo pasado se gestó por medio de la creación de una larga camada de instituciones cuyo objetivo era evitar el poder de las mayorías, contrarrestar su capacidad institucional y dificultar su existencia.

El mito fundacional de la democracia mexicana fue que las mayorías eran malas. Por eso, a la par de la democratización electoral se gestaron docenas de instituciones que promueven lo que los politólogos Steve Levitsky y Daniel Ziblatt llaman “la tiranía de las minorías”. Es decir, mecanismos que impiden que las mayorías implementen su agenda, aun si ganaron democráticamente.

Hoy a más de dos décadas el temor a las mayorías sigue tan vivo como siempre entre los intelectuales. Esto es un grave error que no les permite diferenciar entre una mayoría que se explica por fraudes o mentiras, de una que expresa el legítimo deseo de los mexicanos en las urnas.

De hecho, en sexenios anteriores, cuando gobernaba el PAN, ya avanzaban discusiones sobre la dificultad que suponía gobernar México con un marco institucional tan contramayoritario como el nuestro. Entonces se decía que era un problema que México fuera uno de los países del mundo con más instituciones autónomas y con tantos candados a la creación de mayorías. Estos candados dan vida a partidos rémora, como el PT, el PRD o el Verde, que no existirían de no ser porque crear mayorías es imposible sin ellos.

Todas estas discusiones ya se olvidaron, pero volver a ellas es urgente. No desde satanizar a priori a las mayorías, pues estas no son sinónimo de dominancia autoritaria. Entenderlo nos hará más democráticos, no menos.

Por lo pronto sería bueno mitigar la exageración y comprender que la democracia mexicana no está siendo destruida. Hay banderas rojas como en la mayoría de las democracias jóvenes en consolidación. Sin embargo, por ahora nuestra democracia ha mostrado mucha solidez, más de la que le damos crédito. Las instituciones democráticas mexicanas están de pie y fuertes.

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